Jorge Camacho Peñaloza

Legitimidad constitucional

Veo pronto la destrucción en el Estado donde la ley es súbdita y no tiene autoridad, en cambio donde la ley es patrona de los magistrados y éstos sus siervos yo veo la salvación. Platón.

Sin duda que uno de los procesos profundos que estamos asistiendo en la vida política de la entidad es el de la puesta en marcha de la reforma a nuestra Constitución derivada de la propuesta de iniciativa enviada por el gobernador del estado el pasado 27 de octubre.
Es una propuesta avanzada de reforma constitucional porque vendrá a modificar la organización política del estado, la relación entre los poderes públicos, y entre éstos y la ciudadanía, modificará el campo de juego de los actores políticos y el papel de cada uno de ellos.
Esta propuesta define claramente y amplía los derechos humanos y garantías de los habitantes de la entidad y que protege el Estado, concentra y amplía los derechos ciudadanos, redefine atribuciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, precisa las funciones de los órganos autónomos del Estado como la Comisión de Deensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto Electoral del Estado, propone el tribunal de justicia fiscal y administrativa, así como un consejo de políticas públicas y la creación de una fiscalía general que sustituiría a la Procuraduría de Justicia, entre otras reformas.
No obstante las reformas e innovaciones a las instituciones del estado, hay algunas que podrían significar retrocesos como es establecer la facultad del Ejecutivo para nombrar a los integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, la cual actualmente está entre las atribuciones de poder legislativo estatal.
Pero por otro lado, amplía los derechos de los ciudadanos de cuatro a once de manera especial los que se refieren al acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Sin embargo más allá de estos aspectos concretos de la reforma propuesta por el Ejecutivo, lo que hay que observar y discutir son los aspectos referidos a la legitimidad de la causalidad, pertinencia y consenso de la reforma hoy en marcha, es decir, clarificar la naturaleza de su origen, necesidad y vocación política.
Sin duda que la primera causa de una reforma a nuestra Constitución es, por decirlo de un modo, su edad, se escribió y aprobó en 1917, hace ya casi un siglo, por tanto su estructura y orientación fundamental está dada por las características del régimen político que estaba naciendo en todo el país a raíz de la revolución de 1910, y una estructura social que aunque todavía sobrevivió muchos años a la revolución, incluso actualmente hay pueblos por los que pareciera que ésta no ha pasado, la sociedad hoy es en general diametralmente diferente.
La Constitución actual ya no responde al nivel de desarrollo de nuestra democracia y prácticas políticas, como es la pluralidad, la alternancia, la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana, los gobiernos abiertos, la autonomía de los poderes públicos; hoy necesitamos nuevas reglas del juego político y democrático que hoy se da y que no se tenía a lo largo del siglo XX con un régimen autoritario y presidencialista.
En cuanto a su vocación, se sabe que esta reforma constitucional tiene como antecedentes los intentos de reforma del estado en los gobiernos de René Juárez y de Zeferino Torreblanca, que no fueron más que mecanismos de legitimidad reformadora.
La actual iniciativa parte de una oferta de campaña que ciertamente obedece a la necesidad de tener nuevas reglas en la vida política y gubernamental, fue inicialmente encargada a Porfirio Muñoz Ledo, pero además a un grupo de abogados guerrerenses que hicieron sus propuestas; después se llevaron a cabo los tradicionales foros que para recoger las propuestas de la sociedad en los que en promedio no se presentaron más de una docena de ponencias en cada uno de ellos, y de ahí a su entrega el pasado 27 de octubre.
No obstante, la reforma carece de un pacto, acuerdos o consensos, no surge de un imperativo de concertación, deviene de lo que al Ejecutivo del estado le parece que la población reclama y las instituciones guerrerenses necesitan, pero ¿qué dicen los partidos, la universidad, los colegios de abogados, las organizaciones de profesionistas, de colonos y ciudadanos, los intelectuales, estudiantes y artistas? Más que foros abiertos debió o deben hacerse ejercicios sectorizados de participación para que los diferentes sectores de población opinen y propongan sobre temas definidos de la Constitución.
Por último, falta más explicación, aclaración, exposición sobre el por qué se están proponiendo estas reformas, qué las motiva, hacia dónde se orientan, qué resultado se espera; me parece que esto es de lo más trascendente porque no se trata de cualquier ley, se trata de la principal estructura jurídica que nos va a organizar y a regir, se trata de, más que pertinencia, darle a esta reforma constitucional la legitimidad que necesita para que verdaderamente se convierta en los cimientos del Guerrero del siglo XXI.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A todas las instancias sociales y de gobierno de la comarca que ya es hora de que haya una reunión de máxima urgencia de organización para que esto de la inseguridad no vaya a acabar en una gran rebelión y no haya salvación.