Miente Octavio González acerca de su derecho sobre el Jardín del Puerto, aseguran activistas

Karla Galarce Sosa

Defensores del Jardín del Puerto señalaron que la Administradora Portuaria Integral (API), que actualmente posee la concesión de la Terminal Marítima en Acapulco, quiere apropiarse de manera ilegal de aproximadamente 4 mil metros cuadrados de 18 mil, que le fueron otorgados mediante la ampliación de una concesión, hace 19 años, en 1994.
En conferencia de prensa celebrada en los pasillos del Centro Cultural Acapulco, los activistas advirtieron que realizarán movilizaciones pacíficas para exigir la legalidad en el caso e hicieron un llamado a la población a defender los espacios públicos para evitar que se mal informe, luego que la API pagó publicidad para difundir que un Tribunal Colegiado había fallado a su favor en relación a la propiedad de los locales construidos en el Jardín del Puerto.
Al respecto, el representante legal del Movimiento por la Paz, que aglutina unas 10 asociaciones ciudadanas, José Luis Gallegos Peralta, explicó que el 20 de junio de 1996, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) renovó la concesión a la API, se modificaron las condicionantes de la concesión renovada.
Dicha modificación, explicó el ex presidente del Grupo Aca, incluye un apartado que hace referencia al estacionamiento, al muelle de pesca deportiva y al Jardín del Puerto, lugar donde la API pretende construir un estacionamiento para más de 450 vehículos, en una primera instancia.
Gallegos Peralta aseguró que el documento –del cual fueron entregadas copias fotostáticas a los medios–, establece que la SCT consideró conveniente excluir dichos espacios del recinto portuario, para destinar parte de las áreas de la terminal a la atención de turistas y la promoción cultural, comercial y de negocios, como parte de un programa de restructuración del sistema portuario nacional.
Por ello, el representante legal del Movimiento por la Paz afirmó que es mentira que la API haya ganado un amparo contra la clausura impuesta por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del municipio, en el área denominada Jardín del Puerto el pasado 2 de diciembre de 2011, por considerar que el proyecto presentado por la API para pavimentar un área de 4 mil 576 metros cuadrados, además del retiro y reubicación de arbolado, por no considerar viable ni conveniente para la estructura urbana un cambio de uso de suelo para su realización.
El abogado, quien estuvo acompañado por representantes de cinco asociaciones civiles, aclaró que lo que ganó la API fue “una suspensión a medias”.
Añadió que la determinación del segundo juzgado de Distrito al amparo interpuesto por la API en diciembre del año pasado, precisa que “las cosas se mantengan en el estado en que actualmente están”, hasta que concluya el juicio que actualmente está en curso y para cuya continuidad, se tendrá una audiencia el próximo 23 de enero.
Destacó que “la API miente cuando dice que ha ganado un amparo. Es imposible que haya una sentencia definitiva, cuando hay audiencias pendientes por desahogar”.
Indicó que los defensores del Jardín del Puerto como espacio público solicitarán al juez Segundo de Distrito “sobreseer el juicio a la API” por carecer de derechos concesionados en esa área, puesto que aseguró, “la API sí está obligada a obtener autorización del Ayuntamiento” para construir, situación que va contra los argumentos emitidos por directivos de la API en el último año, en los cuales, aseguran que no requieren de una autorización municipal.
Gallegos Peralta indicó que como se acredita en la primera modificación al título de concesión expedido a favor de la API en 1996 señala que “la concesionaria deberá exhibir un documento en el que se haga constar que las obras proyectadas no afectan el Plan de Desarrollo Urbano ni dañan la imagen arquitectónica de la ciudad, y que los planos y especificaciones de las mismas siguen lineamientos establecidos por obras similares cuya construcción está sujeta a aprobación y supervisión del gobierno municipal”.
Así, de acuerdo a la Dirección General de Puertos, la API carece de un programa de desarrollo portuario, carece también de un programa operativo anual, además de que cobra una tarifa superior a la autorizada por concepto de amarre de cabos a embarcaciones de recreo.
“La API está cobrando una tarifa superior a la autorizada, a través de la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos 1º de junio, por concepto de amarre de cabos tres veces mayor a la autorizada”, acusó.
El abogado abundó que debido a las anteriores infracciones, la API recibió una multa de un millón 301 mil 676 pesos, pero que en caso de reincidencia, la API será acreedora a otra sanción de 2 millones 603 mil 352 pesos, monto equivalente al doble de la sanción pasada.
Durante su intervención, la representante del jardín Botánico, Kay Medieta Marsalis dijo que la vocación de Acapulco es claramente turística: “Tenemos que enfocar las baterías en que Acapulco siga siendo un destino turístico por excelencia, no un puerto de carga, señaló cuando hizo pública la cifra de ganancias que generó la afluencia de turistas en la más reciente temporada vacacional en Acapulco que fue de 2 mil 56 millones 392 mil 800 pesos.
Mendieta Marsalis convocó a la población en general a participar en la resistencia civil pacífica y evitar que la API continué su proyecto de construcción de estacionamiento, pues se terminaría con una ventana ecológica al construirse un gran muro de contención y un edificio de más de cuatro pisos.
Los asistentes convocaron a más organizaciones civiles para que participen en un foro de propuestas y seguimiento, e indicó que la lucha no se terminará al evitar que se construya el estacionamiento, sino hasta que el Ayuntamiento intervenga y adapte en el Jardín del Puerto un sitio de actividades recreativas y promoción de la protección al ambiente.
En el lugar, estuvieron la defensora de la isla de La Roqueta, Robin Sidney; del Grupo Asesores Ecoprogramados, Ramiro Gómez Pardillo; por la Asociación Gilberto, Samantha Salgado Muñoz;  por el Movimiento Acapulco por la Paz, Jean Mendieta; y el presidente del Consejo Municipal Ciudadano, Humberto Díaz Díaz.