Engaña la PGJE a los organismos asesores de los desplazados de La Laguna, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dio a conocer el plan emergente para atender a las familias desplazadas por la violencia del municipio de Coyuca de Catalán el miércoles en Casa Guerrero, mientras que la procuradora Martha Elva Garzón Bernal movilizó con engaños ese día a los dirigentes de las organizaciones sociales y representantes de organismos civiles de derechos humanos que han venido acompañando a las familias a Puerto de las Ollas donde les dijo que estaría ella esa día para comenzar las investigaciones de los asesinatos.
La funcionaria se había comprometido con el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández y con el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz que este miércoles subiría ella a Puerto de las Ollas con un grupo de agentes del Ministerio Público para declarar a los familiares de los asesinados y comenzar la integración de las averiguaciones previas.
Sin embargo, el martes por la noche, ya cuando Olivares Hernández y Martínez Cruz pernoctaban en Zihuatanejo para partir en la madrugada a Puerto de las Ollas y estar presentes en las declaraciones de los familiares de los asesinados, la procuradora les notificó que no subiría porque los hijos y sobrinos de doña Juventina Villa ya habían declarado el martes en Petatlán.
“El hecho de que no hayamos sido convocados a la reunión en la que el gobernador presentó el plan emergente y que la procuradora haya declarado a los familiares de doña Juventina Villa sin nuestra presencia, es una muestra clara de que el gobierno quiere hacernos a un lado porque somos los que hemos venido exigiendo justicia y hemos dicho que el gobierno es el responsable de los desplazamientos de las familia porque no les ha dado las garantías de seguridad como es su obligación”, dijo anoche Olivares Hernández, cuando apenas regresaba de Puerto de las Ollas.
Agregó que los familiares de doña Juventina Villa, efectivamente, declararon en el Ministerio Público de Petatlán el martes con engaños, pues les dijeron que estarían allí ellos acompañándolos.
“Los engañaron con toda la intención de que los declarados no tuvieran ninguna asesoría”, dijo y denunció que en el interrogatorio, más que preguntarles por los responsables de los asesinatos, los cuestionaron de lo que hacían las víctimas.
Por ejemplo dijo que les preguntaron por las actividades cotidianas que realizaba doña Juventina Villa, quien fue ejecutada junto con uno de sus hijos de 14 años de edad, el 28 de noviembre. Dijo que también fueron insistentes en preguntarles a qué se dedicaba Rubén Santana, esposo de doña Juventina, asesinado en el 2011.
Agregó que también interrogaron sin asesoría a la niña de 7 años, hija de doña Juventina, quien fue testigo del asesinato de su madre y de su hermano.
“Con eso nos queda claro que se pretenden desviar las investigaciones y que no se pretende llegar al fondo del asunto y detener a los responsables”, denunció Olivares Hernández.
El miércoles en Casa Guerrero el gobernador Ángel Aguirre Rivero presentó ante sus secretarios de despacho y ante el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), lo que llamó plan emergente para la atención de los desplazados de Coyuca de Catalán.
Sin embargo, en el acto, no estuvieron los representantes de las familias desplazadas y tampoco los dirigentes de las organizaciones sociales y representantes de los organismos civiles de derechos humanos que los han venido acompañando en sus gestiones.
Y es que precisamente ese día estaba programada la reunión de la procuradora Garzón Bernal en la comunidad de Puerto las Ollas con las familias desplazadas y con los dirigentes de las organizaciones y representantes de los organismos civiles de derechos humanos.
Los dirigentes de las organizaciones y representantes de organismos civiles ayer por la noche apenas regresaban de esa localidad y todavía desconocían a fondo la propuesta del gobierno para los desplazados, debido a ello, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que con dicho plan solamente se trata de dar un impacto “mediático”.
Reconoció que los aspectos de salud, vivienda, educación y empleo que se anunció debe contener dicho programa de ayuda a los desplazados, son parte de las propuestas que venían proponiendo en las diferentes reuniones con el gobernador Aguirre Rivero y sus funcionarios.
Pero dijo que el problema es que en el plan que se dio a conocer no se explica con precisión como se va a desarrollar dicho programa, “no se dice exactamente qué y como se va a hacer, de tal forma que en los hechos no existe, pues solamente se anunció a los funcionarios y es claro que sólo se pretendió anunciarlo como un impacto mediático”.