Protestan trabajadores de la PGJE en la capital; insisten en la destitución de la procuradora

Redacción

Chilpancingo

Agentes del ministerio público y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) protestaron ayer en Casa Guerrero, para exigir al gobernador Ángel Aguirre Rivero la destitución de la fiscal guerrerense Marta Elva Garzón Bernal, por violentar los derechos laborales, su “actitud prepotente”, despidos injustificados, amenazas y no respetar los horarios de trabajo.

Los inconformes primero se manifestaron en el museo La Avispa a las 11 de la mañana y después se trasladaron a Casa Guerrero.

En el museo de la Avispa mostraron unas lonas en las que se leía “Señor gobernador, no ha cumplido sus promesas de mejoras laborales para los trabajadores de la Procuraduría. Licenciado Ernesto Aguirre, secretario particular nos mintió, no cumplió con el pacto, fuera Martha Elva”.

“Agentes de Ministerio Público y peritos de la PGJE, exigimos al gobernador la destitución de la procuradora Martha Elba Garzón Bernal y también de sus subprocuradores directores y el fiscal regional de Acapulco por violentar los derechos humanos de los trabajadores”.

Al lugar llegó el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Juan Alarcón Hernández –quien iba hacia Ayutla– a quien le informaron sobre la situación laboral que enfrenta la dependencia, el ombudsman les dijo que realizará las investigaciones contra los funcionarios para evitar que se sigan cometiendo estas irregularidades.

En conferencia de prensa realizada en el museo La Avispa la auxiliar del ministerio público con sede en Chilpancingo Wendy Salgado Vallejo, informó que tenían programada una concentración en la que participarían agentes de todo el estado, pero señaló que hubo intimidación de cada fiscal regional, quienes advirtieron que sí faltaban a trabajar les descontarían el día.

Dijo que la fiscal guerrerense Garzón Bernal cuenta con cinco quejas ante la Codehum por violentar los derechos humanos.

Salgado Vallejo dijo que el 9 de enero se reunieron en Casa Guerrero con el secretario particular del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez, con quien acordaron el pago de bono de 8 mil pesos el 16 de enero, pero sólo les pagaron, y de manera desigual, auxiliares 7 mil, agentes ministeriales 10 mil y peritos 8 mil pesos.

“No tenemos papelería y ni tenemos cómo movilizarnos para realizar nuestros operativos, pero si los funcionarios tiene sus automóviles blindados para proteger sus integridad física, somos el patito feo de todas las dependencias de gobierno”, declaró.

La agente del ministerio público Marlene Gómez Camera denunció al fiscal regional de Acapulco, Ernesto Jacobo García, por prepotente y amenazar con despedir a la base trabajadora porque los hace trabajar más de 36 horas consecutivas, cuando la jornada laboral debe de ser de ocho horas.

Comentó que estas irregularidades que presenta la PGJE, desprotege los municipios del estado que presentan mayor índice de inseguridad, lo que origina que los habitantes se levantan en armas para protegerse, cómo es el caso de los municipios de Tecoanapa, Ayutla o en las comunidades de Ahuehuepan, de Iguala, Coatepec Costales, y Tonalapa del Río de Teloloapan.

La auxiliar ministerial Wendy Salgado Vallejo acusó que antes de que se trasladaran a Casa Guerrero, en el museo La Avispa llegaron 15 ministeriales pertenecientes a la fiscal guerrerense Garzón Bernal, para intimidarlos, que les tomaron fotografías, al lugar se acercó el Contralor Interno de la Procuraduría, Alejandro Victoriano Pinto , quien les preguntó qué hacían ahí, algunos inconformes por el temor de hacer despedidos decidieron regresar a su centro de trabajo.

Por su parte la ex fiscal de protección de los derechos humanos de la PGJE Martha Wendy Reza Ojeda, denunció que cuando estaba de incapacidad por embarazo fue despedida injustamente el pasado 15 de septiembre.

Reza Ojeda dijo que ante esta situación el 18 de diciembre del 2012 presentó una queja ante la Codehum en contra de Garzón Bernal, con número de expediente VG/341/2012-11, por violaciones a sus derechos laborales.

En el caso del perito en psicología Cristóbal Galarza de la Paz se quejó porque el director de general de Servicios periciales de la Procuraduría, Ricardo David Ramírez Zúñiga, pretende removerlo de adscripción por sus preferencias sexuales, ante esta situación presentó una queja la Codehum el 6 de diciembre 2012 en contra de Garzón Bernal y Ramírez Zúñiga con número de expediente VG/336/2012-III.

Después de dos horas se trasladó un grupo de 16 agentes a manifestarse en Casa Guerrero, donde trabajadores de seguridad de la residencia les informaron que los atenderían en Palacio de Gobierno, los inconformes se trasladaron al lugar y fueron recibidos por la Subsecretaria de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado Rossana Mora Patiño y la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Violeta Parra Reynada.

Durante la reunión, los afectados se quejaron de las irregularidades que comete la Procuradora Garzón Bernal en contra de los agentes del ministerio público y peritos.

Entre los acuerdos Mora Patiño les informó que hoy se reunirá con el Secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez donde le planteará el problema y que en la próxima semana les dará la respuesta.

Los inconformes dijeron que seguirán laborando de manera normal en la procuraduría, y advirtieron que en caso de no dar solución a sus demandas, intensificarán sus movilizaciones en el estado para resolver sus peticiones.