Dará poder a los ciudadanos el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, dice

Henia Prado / Agencia Reforma

Ciudad de México

A diferencia de los organismos convencionales de ayuda agraviados por ilícitos o violaciones a derechos humanos cuya estructura es liderada por el Estado, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) que nace con la nueva ley empoderará a los ciudadanos en la toma de decisiones, enfatizó Santiago Corcuera, integrante del cuerpo de asesores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Sin embargo, el ex presidente del Grupo de Trabajo de la ONU dijo que es imprescindible estar expectantes de que no se “filtren” representantes de afectados que más allá de perseguir intereses comunes obedezcan a determinaciones políticas, como ocurrió con ProVíctima.
“El órgano encargado de otorgar el acompañamiento y las atenciones que la ley prevé para víctimas es un órgano ciudadano donde no interviene el gobierno en la toma de decisiones, sólo lo hace como obligado, no como votante u órgano decisorio”, señaló.
“Hay que estar alerta de que no vaya a ser que universidades públicas propongan candidatos a modo del gobierno o que las organizaciones de víctimas pongan candidatos que no sean verdaderamente independientes y que no sean auténticos representantes de víctimas”.
La Ley General de Víctimas establece que el SNAV será operado por una Comisión Ejecutiva la cual estará conformada por nueve comisionados de los cuáles cinco serán especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes, propuestos por universidades públicas.
En tanto, los otros cuatro representarán a grupos de víctimas a sugerencia de organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.
El académico dijo que este órgano, que sustituirá a ProVíctima, cumple con los Principios de París de las Naciones Unidas, los cuales establecen una serie de responsabilidades para las instituciones nacionales.
Este documento internacional indica que el organismo podrá supervisar cualquiera situación de violación de los derechos humanos, será capaz de asesorar al gobierno, al Poder Legislativo y a cualquier otro órgano competente sobre violaciones específicas en temas relacionados con la legislación, y en lo que concierne el cumplimiento y aplicación de instrumentos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, debe mantener relaciones con organizaciones regionales e internacionales, contar con un mandato de educar e informar en materia de derechos humanos y tener competencia cuasi judicial.