Jesús Mendoza Zaragoza

Autodefensa: legitimidad, riesgos y oportunidades

El movimiento de autodefensa que se desató en Ayutla ha ido cundiendo en otros municipios como Tecoanapa, San Marcos, Iguala y Teloloapan, donde se aglutinan pueblos hartos de los abusos de los grupos criminales y de la indolencia de las autoridades. También en Michoacán se está manifestando esta expresión popular de armarse para defenderse. Este hecho ha logrado un impacto nacional y, posiblemente, tenga amplias repercusiones sociales y políticas, aún no previsibles. En muchas regiones del país hay condiciones para que esta expresión ciudadana se reproduzca generando expectativas y preocupaciones sobre los efectos de la misma.
Muchos actores sociales y políticos han coincidido en la legitimidad de estas movilizaciones ciudadanas en razón de que expresan el principio de legítima defensa que, desde las perspectivas ética y racional, se impone. Tenemos el derecho de protegernos y de defendernos cuando hay amenazas que pongan en riesgo la vida y la integridad personal. Es más, se percibe que la voluntad de los pueblos levantados en armas no es generar más violencia sino establecer condiciones de seguridad y de una paz permanente.
Hay que añadir que los pueblos que se han movilizado para la autodefensa no tienen la intención de suplantar a las instituciones públicas encargadas de la seguridad, a las que siguen reconociendo. Buscan, sencillamente, llenar el vacío que han dejado al no cumplir cabalmente con sus funciones. Por lo mismo, hay que entender que se trata de una movilización que responde a una emergencia debida a la crisis de seguridad que se ha vuelto insoportable. En este sentido, mientras dure la emergencia causada por la inseguridad, esta movilización sigue teniendo legitimidad. Y una vez que se hayan construido condiciones de seguridad, tendrían que desmovilizarse para dejar el lugar a las instituciones públicas encargadas de la misma.
La permanencia de esta movilización ciudadana armada más allá de la emergencia puede comportar riesgos que empeorarían la situación de violencia. Se ha dado el caso de un movimiento de autodefensa en otra región que fue cooptado por una organización criminal con la que tuvo que negociar para mantenerse. Para defenderse de un cártel tuvo que alinearse con otro y, lamentablemente, el efecto ha sido desastroso.
Por eso, el movimiento ciudadano de autodefensa ha dado cauce a la necesidad de generar y promover la responsabilidad de los ciudadanos en los temas de la seguridad y de la paz. Las autoridades tienen la oportunidad de sumar toda esta estrategia ciudadana a los esfuerzos de la seguridad pública que ya se hacen. Se ha demostrado la ineficacia de la estrategia oficial que no ha generado ni confianza ni condiciones de seguridad. En cambio, este movimiento ciudadano cuenta con la confianza de los pueblos, lo cual significa que hay un capital social disponible para construir una estrategia desde abajo.
Si las autoridades tuvieran la elemental sensibilidad sobre el valor de estas expresiones ciudadanas se darían cuenta de que se está articulando un componente social que puede ser decisivo para la construcción de la paz. Hay autoridades que ya han reconocido que sin los ciudadanos no pueden ni podrán tener éxito, por más cuerpos de seguridad que intervengan. Sin el componente social, solo continúan empantanados en una estrategia sin base social.
Es tiempo de construir condiciones de seguridad articulando esta movilización ciudadana con una estrategia, más social que militar, de seguridad pública. Una estrategia desde abajo significa asumir que la seguridad necesita una base social, como la que la Policía Comunitaria ha generado. Esta base social constituida por los pueblos tomando decisiones para procurarse seguridad, es la que ha dado eficacia a la Policía Comunitaria, pues los pueblos tienen el control de sus comandantes y de sus policías y de todo un sistema de seguridad.
Una estrategia de seguridad desde abajo implica que las autoridades municipales, estatales y federales tienen que integrar a las autoridades territoriales de los pueblos en su estrategia, la que tendría que sufrir modificaciones a la hora de integrar lo social. Esta estrategia implicaría un marco legal y una reglamentación para la participación ciudadana. Pero implicaría, sobre todo, la depuración de vicios y corruptelas tanto en las autoridades civiles como en los cuerpos de seguridad para que puedan ser confiables. En el caso de Ayutla y de Tecoanapa, la población confía en sus comisarios que han estado al frente de estas movilizaciones y conocen a los delincuentes. No así en las autoridades municipales.
De fondo, la propuesta es democratizar la seguridad o construir una estrategia de seguridad con amplia participación ciudadana, en la que los ciudadanos y sus organizaciones locales o regionales cuenten con facultades de vigilancia y de control sobre las fuerzas de seguridad. La ciudadanización de la seguridad puede ser el camino para dar un salto cualitativo en este tema. Se ha comprobado que las fuerzas federales no pueden hacer un buen trabajo al margen de las comunidades, de los pueblos y de la sociedad misma, puesto que cuentan con una estrategia pública que incluye un componente social bien definido.
Por ello, es imprescindible que las autoridades no perciban la participación social como una amenaza, sino como el complemento necesario a la actuación oficial. Y es necesario que larguen el miedo para que se vaya democratizando más este tema. Sin democracia, la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. Por lo mismo, las autoridades tienen que escuchar a los pueblos y aprender de ellos. Y con ello, pueden asumir sus obligaciones públicas con mejores posibilidades. Evidentemente, esto implica tocar las omisiones, complicidades y corruptelas de las autoridades, las que tendrían que someterse el escrutinio público.
También la sociedad en su conjunto tiene que aprender las lecciones que nos están dando los indígenas y los campesinos en este tema. Necesitamos cambios culturales que nos pongan en condiciones de creer en el poder ciudadano, de hacer propuestas y de organizar acciones ciudadanas para la seguridad y para la paz.