Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Las huellas turbias de Zeferino Torreblanca
* El general Ramón Arreola y Erit Montúfar

La imagen más conocida del general Ramón Arreola Ibarría es la del funcionario descalabrado que el 12 de diciembre de 2011, con los dos jóvenes normalistas tendidos en la Autopista del Sol, declara satisfecho que “el gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”. Pero también se le recuerda por la represión de una marcha de maestros dos meses antes en la avenida Costera de Acapulco, que originó una denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), y por el desalojo violento del asentamiento Ampliación Puerto Marqués en noviembre de 2010, en el que tuvo a su mando a más de mil policías del estado y ministeriales que con ferocidad arremetieron contra los colonos.
Ramón Arreola realizó todas esas tareas como subsecretario de Seguridad Pública, en el gobierno pasado con el general Juan Heriberto Salinas Altés y en el de Ángel Aguirre con Ramón Almonte Borja, junto a quien fue destituido un día después del asesinato de los dos normalistas. Causó cierta extrañeza que Aguirre lo ratificara en el cargo, pues era conocida su proclividad al uso excesivo de la fuerza en las operaciones policiacas que encabezaba, como la realizada para desalojar a los estudiantes de Ayotzinapa, donde igualmente estuvo al mando. Pero lo cierto es que fue ratificado precisamente por el sello sangriento que imprimía a sus funciones y por el prestigio de “hombre duro” que tenía bien ganado en la Policía Estatal, de acuerdo con la descripción proporcionada en su momento por el reportero Zacarías Cervantes.
Pero Arreola no sólo es un “hombre duro”, sino también turbio. El reportaje de la periodista Gloria Leticia Díaz para la revista Proceso de la semana pasada, acerca de la devastación que el crimen organizado y los grupos paramilitares han provocado en la sierra de Petatlán, aportó un testimonio crucial para comprender la descomposición que sufre esa zona y para desentrañar la naturaleza criminal del gobierno de Zeferino Torreblanca y las funciones ilegales que desempeñaron en ese gobierno el general Arreola y Erit Montúfar, este último ex director de la Policía Ministerial y hoy integrante de la dirigencia estatal del PRI.
De acuerdo con el reportaje, Zeferino Torreblanca encargó a Erit Montúfar y a Ramón Arreola la creación de un grupo paramilitar para combatir a la guerrilla en la sierra. Ese grupo, que continúa activo a la fecha, es comandado por Serafín Alegre Cortez, “quien presuntamente recibía del gobierno de Torreblanca ‘armas, uniformes, radios de comunicación y apoyos económicos’ para exterminar al ‘grupo de encapuchados’ dirigidos por el Comandante Ramiro del ERPI”.
José Luis Villalva, comisariado ejidal de la comunidad de Fresnos  de Puerto Rico, del municipio de Ajuchitlán, dijo que “Erit Montúfar y el general retirado Ramón Arreola contrataron a Serafín y a su gente –que se han dedicado a sembrar droga– para matar capuchas (guerrilleros)”. Para ello “les daban 30 mil pesos por cada muerto”. La actividad del grupo “duró varios años… y en ella participaban policías estatales que transportaban en vehículos oficiales a los paramilitares”, agrega la información. Precisa que “llegaron a cobrar hasta 600 mil pesos por los muertos, de los cuales se supo que muchos fueron gente inocente”.
Villalva relató a la periodista que “los ejidatarios nos rendimos ante los criminales, primero por miedo y después porque confirmamos que tenían protección del gobierno del estado. En 2008 fuimos convocados por Arreola y Montúfar a una reunión en la que estuvo ese maleante. Cuando lo vimos, creímos que lo iban a detener porque ya tenía una orden de aprehensión por extorsión. Pero no. Permitieron que nos insultara y al final Arreola nos dijo: ‘Para que los deje en paz, páguenle lo que le deben’. Salimos muy decepcionados”. (Proceso No. 1889, 13 de enero de 2013).
La red criminal revelada por Proceso remite inevitablemente al narcotraficante Rogaciano Alba Alvarez, dueño y señor de la sierra y aliado de Zeferino Torreblanca, a quien éste solía defender desembozadamente (y ahora se sabe por qué) de las acusaciones que ya para entonces le había formalizado la PGR. Y también conduce al hoy senador perredista Armando Ríos Piter, quien desarrolló relaciones con Rogaciano Alba cuando era secretario de Desarrollo Rural en el periodo zeferinista, de lo cual se han publicado elocuentes fotografías. Y en estas conexiones debe adjudicarse además un papel al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, jefe político y amigo de Rogaciano Alba lo mismo que de Erit Montúfar, y también aliado de Torreblanca.
No pudieron haber implantado Zeferino Torreblanca, Ramón Arreola y Erit Montúfar un grupo paramilitar en la sierra de Petatlán sin la intervención de Rogaciano Alba, capturado y encarcelado a principio de 2010 acusado de delitos contra la salud, y tampoco sin el conocimiento y consentimiento del ex gobernador Figueroa Alcocer, padrino político de Ríos Piter y cuyo poder se restableció durante el mandato del contador Torreblanca.
Por sugerir en un artículo publicado en septiembre de 2009 que el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera pudo obedecer a una estrategia contrainsurgente que estaría dirigida por Zeferino Torreblanca, el director de El Sur, Juan Angulo, sufrió un acoso feroz por parte del gobernador y una detención ilegal el 29 de diciembre de aquel año para obligarlo a declarar sobre el caso en la Procuraduría. Con el testimonio publicado por Proceso se confirma que, en efecto, Zeferino Torreblanca montó una batida contrainsurgente, que contó con todos los elementos usuales de rompimiento del Estado de derecho, y que muy probablemente en esa estrategia demencial se dispuso el homicidio de Chavarría como un castigo a la izquierda.
Ya se sabía que una de las cosas en las que mayor interés puso Zeferino Torreblanca al comienzo de su mandato fue en la creación de un cuerpo de espionaje para su servicio casi personal y al margen de las estructuras institucionales. Por lo visto su apetito autoritario y sus delirios ultraderechistas hicieron que ese proyecto evolucionara mucho más allá de un servicio secreto, lo que explicaría muchos de los fenómenos de violencia que ha vivido el estado a partir del arribo del empresario acapulqueño al poder en 2005.
Algún día se sabrá con precisión la amplitud de la influencia que el fallecido general Arturo Acosta Chaparro ejerció en Torreblanca Galindo, pues esa relación quizás sea el origen de la política contrainsurgente de su gobierno, en lo que fue eficazmente auxiliado por funcionarios como el general Ramón Arreola y Erit Montúfar.

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