En huelga de hambre, preso acusado de vínculos con el ERPI; pide su libertad

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el interior del penal de esta capital, el preso Antonio Díaz Bahena, comenzó a las 10 de la mañana de ayer una huelga de hambre en demanda de su libertad, al considerar que no existen elementos para procesarlo.
Díaz Bahena se encuentra preso desde el 19 de agosto del 2011, acusado de participar en el secuestro del médico Rodrigo Borja García, ocurrido en Ciudad Altamirano el 7 de agosto de 1999, presuntamente por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo armado con el que se relaciona al detenido.
Mientras tanto, los organismos Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Taller de Desarrollo Comunitario y el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero se manifestaron por la libertad del huelguista.
El abogado del detenido, Heguel Mariano Ramírez, informó que Díaz Bahena comenzó la huelga de hambre a las 10 de la mañana en la capilla que se encuentra al interior del penal, y que se mantendrá en ayuno hasta que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia resuelva su situación legal en cumplimiento a un amparo que se le concedió, y, por consiguiente, decrete su libertad, “lo cual podría ocurrir a más tardar este miércoles 23 de enero”.
Mariano Ramírez, informó que este lunes acudirá a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en compañía de Carolina Beda Ocampo Sotelo, esposa de Antonio, a entregar un documento en el que éste solicita que personal médico de la Comisión esté al pendiente de su estado de salud, así como pedir a las autoridades judiciales y carcelarias que respeten su protesta.
El abogado agregó que a estas alturas ya no le preocupa el aspecto legal, “porque desde esa perspectiva es evidente que Antonio no debe permanecer más tiempo recluido, sino que ahora le preocupan los prejuicios que los magistrados de la Tercera Sala Penal pudieran tener al resolver su situación legal”.
Como ejemplo citó la postura que ha mantenido el magistrado Raymundo Casarrubias quien, en su opinión, Antonio debe seguir su proceso sólo porque el delito en el que se le inculpa es grave.
“Debo precisar, que ni la Constitución ni la jurisprudencia estigmatizan a las personas involucradas en delitos graves, sino que exigen los mismos requisitos que en los delitos no graves: datos bastantes y suficientes para justificar una formal prisión, y existe infinidad de jurisprudencia que precisan que una imputación de oídas es insuficiente para hacerlo”, argumentó el defensor.
También expresó que el mismo magistrado le ha manifestado que en el amparo, el juez federal no les dice que dejen libre a Antonio.
Y luego lo refutó: “lamento que un magistrado esté esperando que un juez federal le diga lo que tiene que hacer paso a paso; si les está diciendo que hubo una deficiente valoración en las pruebas con las que se acredita la probable responsabilidad, es evidente que les está mostrando el camino para que se den cuenta que ésta no se encuentra acreditada, el resto lo tienen que decidir ellos”.
El defensor reconoció que la impartición de justicia no es una tarea fácil, por eso, “debemos pugnar para que en estos cargos se encuentren las personas con mejor formación jurídica, pero también, las más justas y las más humanas”, dijo.
El abogado demandó a la sociedad a estar pendiente del movimiento que ha iniciado Díaz Bahena “porque es un reflejo claro del sistema de justicia que tenemos en el Estado”.
Mientras tanto, organismos civiles se pronunciaron por la libertad del detenido, a quien consideraron como un  preso y perseguido político por el gobierno estatal y federal.
“En todo este tiempo que ha permanecido privado de su libertad Antonio Díaz Bahena, hemos documentado su caso y en base a ello el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad del Estado de Guerrero (CCTI-GRO) lo incluyó en la lista de sobrevivientes de tortura a quienes realiza visita carcelaria de manera periódica; y el Taller de Desarrollo Comunitario, expuso su caso en el Foro Contra la Prisión Política y por la Libertad de los Presos Políticos, que se realizó el 12 y 13 de mayo del 2012, en Chiapas”, dicen en su documento, del que también se responsabiliza el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Los tres organismos agregan que no existen elementos jurídicos para mantenerlo en prisión, pues sólo obra una imputación “de oídas” (basado en lo que le dijeron o escuchó) del agraviado Rodrigo Borja García, lo cual es constitucionalmente insuficiente para justificarlo porque constituye un dato o indicio genérico que no tiene valor convictivo alguno”.
Manifiestan que a lo largo de su vida, Antonio Díaz Bahena “ha sido una persona de trabajo y un luchador social, fundador del Hospital General de Coyuca de Catalán, dirigente sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud en la región de Tierra Caliente, comerciante, gestor de proyectos productivos y de vivienda, mediador de conflictos agrarios, y su único delito es haber sido tío político del asesinado dirigente guerrillero Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro” del ERPI.
Recuerdan que desde 1998 empezó a ser hostigado por elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “para que les proporcionara información acerca de las actividades y lugares donde operaba el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), lo cual nunca consiguieron”.
Expresan, asimismo que: “nos preocupa que con todos estos elementos dentro del expediente penal 64/2003-II, aún siga preso, causándole agravios que jamás se le podrán resarcir, de ahí la importancia de vigilar el funcionamiento del sistema de justicia para demandar su depuración ante tales deficiencias y actos violatorios de Derechos Humanos, porque constituyen un riesgo para cualquier ciudadano”.
Por ello demandan la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, para que se cumpla cabalmente con el amparo concedido por el juez Quinto de Distrito a Díaz Bahena “y se valoren todas y cada una de las pruebas aportadas por la defensa del detenido y se resuelva ponerlo en libertad”.