El Ayuntamiento, sin voluntad para el diálogo, dice Almonte del caso del sindicato no avalado

Karina Contreras y Yee Trujillo

El secretario general de la sección 65 –no reconocida por el Sindicato Único de Servidores Públicos al Servicio del Estado de Guerrero (SUSPEG)–, Jorge Luis Ortiz Ochoa, y el abogado laboral Ramón Almonte Borja se reunieron con la secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho Díaz, para ver lo del reconocimiento de su sección y la retención de salarios a los trabajadores.
La reunión duró poco más de una hora en las oficinas de la secretaria Camacho Díaz y al salir el abogado laboral, Ramón Almonte Borja, indicó que en la actual administración que encabeza Luis Walton Aburto “no hay voluntad política porque no se quiere privilegiar el diálogo”.
Informó a los cerca de 50 trabajadores que acudieron, que en la reunión con la funcionaria expusieron el caso de los basificados que ya no perciben sus salarios y prerrogativas como sindicalizados, así como el reconocimiento, por parte del Ayuntamiento, de la sección 65.
El abogado subrayó que la sección 65 cuenta con su toma respectiva expedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y “que no ha sido revocada, sigue vigente”.
Almonte Borja dijo que se intentó buscar el diálogo para resolver el conflicto de “manera política, buscar una solución al problema de un asunto político, desgraciadamente me encontré con la dinámica de un gobierno emanado de la izquierda pero que no favorece el diálogo como ejercicio político ni  responde a los lineamentos que debe de tener un gobierno de izquierda. Para el gobierno el asunto es de carácter jurídico y debe resolverse de manea jurídica”.
Agregó que la secretaria les respondió que el caso se tiene que resolver en los tribunales y que una vez que suceda el gobierno municipal va a tomar las decisiones que correspondan, y dijo a los trabajadores que no “tengo ninguna duda de que el asunto jurídico lo vamos a ganar porque se tiene la razón y el derecho, pero el arreglo jurídico implica mucho tiempo, no puedo decir cuánto porque los juicios no tiene una fecha específica para resolverse”.
Almonte Borja subrayó que las cuestiones de carácter jurídico la va a hacer él y las decisiones de carácter político las tomarán los empleados y “también las resuelven ustedes”.
Indicó que no se puede obligar a los trabajadores permanecer en un sindicato y no existe sindicalización única. Que los trabajadores están en su legítimo derecho de formar una sección y no se lo puede prohibir el Ayuntamiento ni el SUSPEG.
El abogado agregó que esperaba encontrar sensibilidad política en el actual gobierno pero no la hay y “entonces tendremos que acudir a lo jurídico”, y que esperaba encontrar una secretaria abierta al diálogo, que hubiera llamado a las partes involucradas a encontrar soluciones y no sumar problemas al Ayuntamiento, pero que ésta les dijo que fue un asunto que generó la administración pasada, cuando esto no se trata de personas sino es un tema de instituciones, “el que cambien las autoridades no cambian las condiciones de trabajo, no se vulneran los derechos de los trabajadores”.
Mientras que el secretario general de la sección 65, Jorge Luis Ortiz Ochoa, lamentó la actitud de la secretaria Magdalena Camacho porque “prácticamente se cerró diciendo que todo eso era de la administración pasada y que la administración pasada era la que tenía que haber resuelto, entonces ella se cierra en eso y de ahí no la pudimos sacar”.
Añadió que no tiene capacidad política e hizo un llamado al alcalde Luis Walton para “para mejorar la relación laboral entre ambas partes y evitar problemas entre los trabajadores y la administración”.
Ortiz Ochoa dijo que los sindicalizados comenzarán a organizar movilizaciones y protestas en las sesiones de Cabildo, en las calles y “donde sea necesario” para lograr el reconocimiento, y llamó a sus representados a unirse a las protestas porque “jurídicamente nosotros tenemos la razón”.
Recordó que 11 trabajadores sindicalizados –incluido él– han sido afectados desde octubre de 2011 porque, sin notificación previa ni un procedimiento legal, la administración municipal anterior les quitó las basificaciones y sus derechos sindicales que habían obtenido hace más de 20 años, así como un 70 por ciento de sus salarios, por formar la sección 65.
“Somos trabajadores que por no querer pertenecer a una sección nos coartan el derecho de poder pertenecer a otra sección, arbitrariamente nos quitaron ese salario, esas prerrogativas que nosotros teníamos y con esto no afectan nada más al trabajador sino a la familia; esta es una cuestión política, es una cuestión de represalias”, reprochó Ortiz Ochoa.
Finalmente dijo que acudirían a la Dirección de Áreas Verdes para protestar porque la quincena pasada tres empleados supernumerarios y de lista de raya fueron despedidos.