Reporta el gobierno del estado al ombudsman nacional las acciones que ha realizado

Reporta el gobierno a la CNDH las acciones
que ha realizado en el caso Ayotzinapa

Redacción

Chilpancingo

El gobierno del estado asegura que ha impulsado una campaña de defensa de derechos humanos, reparación de daños, ayuda financiera y atención jurídica y psicológica para las víctimas de la violenta represión contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre, donde fueron asesinados a balazos los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
En un comunicado, el gobierno afirma que envió un informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual acepta que las acciones policiacas causaron violaciones graves a los derechos humanos y anuncia que sigue investigando para corroborar si servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil incurrieron en “responsabilidades administrativas”.
Reconoce tales acciones fueron perpetradas por funcionarios públicos y adelanta que integra un paquete de reformas legislativas para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir.
El documento del gobierno del estado dice que “se dan a conocer más elementos obtenidos a través de diversas investigaciones y de los propios datos del informe preliminar elaborado por ese organismo, y se destacan las acciones gubernamentales para reforzar las pesquisas, sancionar a los responsables, atender a las víctimas, establecer un mecanismo para indemnizar a éstas, proteger a testigos, y diseñar medidas para que no se repitan ese tipo de hechos”.
“En el documento entregado a la CNDH, el gobierno de Guerrero menciona que se estará atento al informe final de ese organismo relacionado con el caso Ayotzinapa, y manifiesta la confianza de que los esfuerzos que se han realizado y que se reportan sean considerados con el fin de que las acciones que emita este organismo fortalezcan las acciones ya emprendidas, y, en su caso, señalen adicionales que deban realizase, para lograr una efectiva reparación integral del daño a las víctimas”, agrega.
“En cuanto al número de personas que sufrieron algún daño con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre, en las investigaciones del propio gobierno se ha identificado a  quienes fueron víctimas de violaciones a la integridad y libertad personal”, expone.
Y asegura que “el gobierno del estado ha realizado, además, acciones orientadas a la recuperación de las personas mediante atención médica y psicológica, y ha ofrecido la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para estos fines”.
“Por las condiciones en las que sucedieron los hechos y considerando que quienes cometieron violaciones a derechos fueron algunos servidores públicos, el contacto con muchas de las víctimas ha sido difícil. Sin embargo, esto no ha impedido que se les haya informado sobre sus derechos y referido que en caso de no querer recibir atención por parte de las instituciones públicas, el gobierno está en posibilidades de cubrir los honorarios y gastos derivados de una atención privada, se añade en el informe”, complementa.
“En el documento entregado a la CNDH, el gobierno del estado informa también que para lograr atención integral es necesario trabajar sobre las causas del conflicto, y en este sentido se instaló una mesa de diálogo entre la Comisión Civil de Interlocución que representa a los estudiantes y el gobierno del estado, en la que se analizan propuestas en materia educativa y en lo relativo al acceso a la justicia”, informa.
Agrega que “con la consideración de que las violaciones a los derechos son una situación excepcional, se tiene la certeza de que éstas deben compensarse mediante una indemnización justa y proporcional a las violaciones sufridas, a lo cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos como los ocurridos no se repitan”.
“La CNDH también fue informada del segundo grupo de servidores públicos removidos de sus cargos, del inicio de averiguaciones previas, así como del avance de las investigaciones sobre responsabilidad administrativa de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil”, registra el comunicado.