Relata la Policía Ciudadana de Temalacatzingo atropellos de Antorcha Campesina en la región

Sergio Ferrer

Tlapa

La Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Temalacatzingo ratificó, en un comunicado, que tiene a cinco personas detenidas por conductas violentas, pero negó que estén secuestradas y que les hayan pedido 100 mil pesos, como acusó Antorcha Campesina.
En el documento invitan a quienes los acusan de comprobarles lo que dicen y a frenar esas declaraciones incendiarias.
En un tercer comunicado emitido por el Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia (CGSJ) de la PCP que se ubica en el área comunal de localidades nahuas del municipio de Olinalá, especifican que las personas retenidas por violencia física, originarios de Amoltepec, reconocieron su responsabilidad en los hechos y “declararon que fueron enviados por líderes de Antorcha Campesina para agredir a los de la PCP”.
Dos de los hombres fueron liberados el 14 de enero al aceptar corregir su conducta y lograr un acuerdo con el Consejo de pagar una multa, respetar a la PCP y prestar servicio comunitario por 30 días. Por otra parte, al insistir en que serían rescatados y negar su culpabilidad, los otros tres hombres fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) debido a su peligrosidad.
Según la PCP, los detenidos emitieron una carta donde desmienten la información de líderes antorchistas de que están secuestrados y uno de ellos envió otra carta a su madre por lo que esperan la reunión entre familiares y autoridades comunitarias este martes.
La Policía Ciudadana exigirá a los responsables cubrir el daño de dos escopetas y un rifle 22 que destruyeron, así como cumplir con la reeducación.
La organización ciudadana aclara que no interpondrán denuncia ante el Ministerio Público porque “no es el camino de solución, ni llevarlos a la cárcel, donde se paga para seguir delinquiendo”.
El documento difundido detalla que “en territorio comunitario no permitirán actos delincuenciales y antisociales que lastimen a los ciudadanos y sea quien sea quien cometa estos actos será reeducado”.

Los hechos según la PCP

La misiva dice que el 13 de enero a la una de la mañana, la PCP detuvo a cinco personas a bordo de un automóvil, les pidieron que se detuvieran para una revisión cuando pasaban por el puesto de vigilancia en el crucero de Ahuacatlan, pero el conductor aceleró y avalanzó el carro contra los policías ciudadanos y huyó.
“Por ello, la PCP lo siguió hasta su domicilio, (de) donde salieron personas agrediendo a los policías ciudadanos (y) provocando heridas a 10 de ellos”, agrega el documento.
Luego llegaron refuerzos de los policías ciudadanos y detuvieron a las cinco personas y los acusaron de violencia física. Tres de ellos en  su traslado a la casa de justicia, expresaron amenazas contra los de la PCP y “dijeron que tienen líderes chingones como José Hernández Bautista y Macario Moreno de la Cruz, quienes tienen muchas influencia con el MP y autoridades, además tienen armas de grueso calibre, no como los de la PCP que son para pájaros”.
La detención, señala, no ocurrió dentro de la casa y el trato a los agresores fue sin agresión porque “no será ese el estilo de la PCP”.
De los hechos, enviaron un reporte a los familiares de los detenidos vía el comisario municipal auxiliar para que acudieran a solucionar el problema.
Dentro de las investigaciones de la PCP, resalta que dos de los detenidos con otros sujetos agredieron sin razón aparente a ciudadanos que convivían en un baile, meses atrás, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades por policías municipales, quienes los llevaron a barandilla de donde salieron sin problemas.
En sus conclusiones, la policía ciudadana ratifica que las personas han agredido y después se dicen ofendidos como, aseguran, consta en una denuncia por violaciones a sus derechos humanos interpuesta por líderes antorchistas el 22 de marzo de 2012 contra la Policía Preventiva Municipal.
En cuanto al conflicto con Antorcha Campesina, la PCP rechazó todo lo dicho por la organización del “pri gangsteril”,  les pide no inventar mentiras de que están secuestrados los retenidos, “con su lenguaje están promoviendo odio entre los ciudadanos y las comunidades… los líderes antorchistas desde fuera dicen: ‘si tuviéramos armas de alto poder de otra cosa estaríamos hablando’”.
En el texto, se acusa a Antorcha Campesina de estar armada y comprometer a ciudadanos de pocos recursos culturales apoyándose en ayuntamientos y el Ministerio Público, para parecer “salvadores” y ponen de ejemplo las obras que por obligación deben hacer los funcionarios públicos pero los antorchistas convencen a la gente de que es obra de ellos.
El Consejo de la PCP invitó a los antorchistas a que si en verdad les interesa el pueblo lo demuestren con hechos y no en declaraciones periodísticas, pero “son negativos, se les llamó a analizar la cuestión de seguridad y pusieron cadenas en las entradas de Santa Cruz y Zumpango, se les invitó a unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y se hicieron a un lado ¿qué esconden y por qué les molesta que haya seguridad? A ningún ciudadano se va a lastimar, no estamos en contra de ninguna persona sea como sea, crea lo que crea, milite donde milite, nos preocupa el asunto de la seguridad y el desarrollo social”.
La Policía Ciudadana y Popular fundada el 2 de diciembre pasado, asegura que ninguna persona de bien será retenida y advierten a la población no dejarse sorprender por las supuestas verdades de líderes de Antorcha Campesina que manipulan a indígenas según sus intereses.
En el comunicado dicen comprender la reacción de los antorchistas porque la gente ya no podrá delinquir y cometer arbitrariedades como han ocurrido. Ejemplifican que el 8 de septiembre un pequeño grupo de Antorcha agredió a vecinos de la colonia Altamirano e impidieron la pavimentación de una calle, hechos en los que lesionaron a dos mujeres.
También afirman que desde hace 3 años un grupo ha violentado el derecho de los ciudadanos de dos comunidades al apropiarse de sus comisarías auxiliares, de la casa de salud y de no permitir la representación del pueblo bajo el aparente respaldo de autoridades.
Asimismo los acusan de la destrucción de un panteón en Santa Cruz Lomalapa, en donde los de Antorcha impiden que se entierren a personas de otras comunidades y para evitarlo actúan de manera muy violenta.
Otro hecho violento de los antorchistas, agregan, fue la destrucción del bordo-presa de agua en Duraznotitlán, donde dejaron escapar el agua que servía a la población, aquí los afectados pretendían lincharlos pero la PCP convenció a los ciudadanos de ser racionales.
Acusan a los antorchistas de que “arman violencia y después se presentan como víctimas (pero) ¿quién no conoce la negra historia de Antorcha Campesina? en Puebla tienen sometidos a los pueblos indígenas, en Oaxaca, en el Estado de México”.
Después arremeten contra el grupo que llaman fascista y paramilitar, fundado por Aquiles Córdoba Morán, quien fue expulsado de la Escuela Nacional de Agricultura denunciado por Amnistía Internacional por el presunto asesinato de 29 campesinos.
Para la PCP, Antorcha Campesina es un grupo violento que incursiona en los pueblos más marginados mediante engaños y pudiendo ser solapados por el presidente municipal que los protege mediante el síndico municipal.