Exige la CRAC al gobernador respeto a su autonomía y su respaldo contra las mineras

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), demandó, en su sede de este municipio, al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, respeto a su autonomía como agrupación indígena que tiene respaldo y legalidad en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, le dijo al gobernador que no considera necesaria la militarización en esta zona, puesto que la Policía Comunitaria de la CRAC ha logrado reducir los delitos en un 90 por ciento. También le pidió que tome las acciones determinantes y que contribuya para la cancelación definitiva de las concesiones de las mineras que pretenden establecerse en las regiones de la Montaña-Costa Chica.
En una visita del gobernador a la sede de una de las casas de Justicia de la CRAC, la agrupación indígena planteó sus demandas mediante la consejera regional, Felícitas Martínez Solano.
La visita del gobernador a la estructura de la CRAC se dio luego de las diferencias que se presentaron la semana pasada entre la CRAC y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que promueve el levantamiento armado de los ciudadanos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa en contra de la delincuencia organizada, movimiento del que la CRAC se ha deslindado.
A esta reunión el gobernador fue con el secretario de gobierno, Humberto Salgado Gómez, el de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez Padilla, el de Desarrollo Económico, Enrique José Castro Soto, la de Educación, Silvia Romero Suárez, el de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, el de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve, el senador Sofío Ramírez Hernández y el diputado federal, oriundo de este municipio, Vicario Portillo Martínez.
La reunión de ayer con la estructura de la CRAC fue acordada el 16 de enero, después de que los dirigentes de la agrupación indígena decidieron cancelar un encuentro que tendrían con el gobernador ese día en Casa Guerrero porque les cambió el lugar y la hora para el encuentro en varias ocasiones.
Ese día, una comisión de coordinadores encabezados por el de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán decidieron asistir a la reunión con el gobernador pero sólo para emplazarlo a que se reuniera con toda la estructura de la CRAC ayer lunes en este lugar.
Aunque el objetivo principal de la reunión del 16 de enero convocada por el gobernador, misma que luego, a petición de la CRAC se aplazó para ayer, era ventilar el caso de las diferencias que existe entre la CRAC y un grupo de consejeros que pertenecen a la UPOEG encabezados por Bruno Plácido Valerio, ayer no se trató nada al respecto, y por el contrario los dos grupos en pugna se negaron a hacer comentarios respecto a sus diferencias, con el argumento de que éstas se tratarán en una nueva reunión de la estructura de la CRAC el 9 de febrero, en la Casa de Justicia de Espino Blanco.
El encuentro con el gobernador, en cambio, sirvió para que la CRAC planteara sus demandas.
En voz de la consejera Martínez Solano, la organización indígena exigió el respeto a su autonomía, luego de que en un pronunciamiento anterior, acusaron al gobernador de que a través de la UPOEG está interviniendo para desestabilizar el territorio comunitario de la CRAC, para militarizar y controlar esta región donde se pretende la instalación de mineras extranjeras y de una reserva de la biosfera, a lo que se han opuesto comunidades enteras.
“Los pueblos, en el uso de sus derechos exigen que se haga efectiva la libre determinación a la autonomía y al autogobierno en las actividades relacionados con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”, dijo la indígena.
La reunión se realizó en una cancha techada ubicada a orillas de la carretera Marquelia-Metlatónoc, a la salida norte de esta cabecera municipal en donde se concentraron unas 500 personas, entre policías comunitarios, habitantes de la cabecera municipal y personal del gobierno del estado.
El gobernador fue flanqueado a su izquierda por el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de esta localidad, Pablo Guzmán Hernández, a su derecha se sentó el presidente municipal Alejandro Contreras Velazco.
En la mesa del presídium tuvieron lugar los consejeros disidentes de la CRAC, Bruno Plácido Valerio y su hermano Cirino, el primero dirigente de la UPOEG que promueve el levantamiento de ciudadanos armados en contra de la delincuencia organizada en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, y de quienes se dice cuentan con el respaldo del gobernador Aguirre Rivero.
Ambos dirigentes indígenas, sin embargo no tuvieron ninguna participación en la reunión, a pesar de que fueron recibidos con evidente entusiasmo y camaradería por Aguirre Rivero cuando subieron al estrado.
Dentro de las demandas de la CRAC que planteó Felícitas Martínez está “el pleno respeto a nuestro sistema de seguridad y justicia, a la reeducación y a nuestro reglamento interno y a la propia Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, como lo establece la Ley 701 que dice “el estado de Guerrero reconoce el sistema de justicia indígena de la Costa Chica-Montaña y a la CRAC”.
La CRAC también demandó al gobernador que instruya a la Procuraduría de Justicia del estado, “el desistimiento de la acción penal y persecución de autoridades y miembros de la Policía Comunitaria y de la CRAC”.
Además que se realicen los mecanismos legales apropiados para que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada “para toda la vida legislativa o administrativa que nos afecte”.
Asimismo, solicitó “acciones determinantes y su contribución para la cancelación de las mineras en nuestro estado que traen consigo la devastación, contaminación y muerte de la flora y la fauna, así como ingeniería de conflictos que alientan las contradicciones en nuestra región para lograr sus propósitos”.
La CRAC le dijo al gobernador que esa agrupación no considera necesaria la militarización en su territorio “toda vez que la Policía Comunitaria de nuestros pueblos incorporada a la CRAC ha disminuido aproximadamente en un 90 por ciento los índices delictivos en nuestra región”.
Y luego Felícitas Martínez le reclamó al gobernador, “en todo caso, estamos en espera de los 200 fusiles AR-15 que se comprometió a dotarnos, además del apoyo económico, equipamiento y infraestructura  que nos permitan mejorar nuestras funciones”.
Finalmente, la consejera que leyó el escrito expresó al gobernador que existe “toda la disposición de la CRAC para coordinarse en materia de seguridad con el gobierno del estado”, pero le aclaró que en el caso de la Policía Comunitaria  “sólo tiene un mando único que es el pueblo organizado en nuestra asamblea regional”.
Asimismo, le hicieron el llamado para que “atienda en esta región los grandes rezagos que existen en materia de educación, salud, producción, infraestructura carretera y servicios de calidad”.