Ven especialistas cláusulas regresivas en las reformas a la Constitución del estado

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Abogados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) también criticaron la iniciativa de reforma integral a la Constitución del estado que envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero al Congreso local, y la calificaron como retrógrada porque otorga al Poder Ejecutivo más facultades de las que debe tener.
El consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG), Ernesto Araujo Carranza, dijo que en la iniciativa se leen varias propuestas que de aprobarse representarían una regresión respecto a las actuales leyes.
Mencionó el caso concreto de la designación de los consejeros del ITAIG, y explicó que la propuesta del gobernador es que sólo él puede proponer o designar a los integrantes del órgano.
Dijo que se plantea que el Ejecutivo estatal enviará al Congreso local tres ternas de personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad, para que los diputados favorezcan a uno de cada grupo, pero planea que si las propuestas son rechazadas, entonces deberá enviar otras ternas con nuevos integrantes.
Pero de ser rechazada por segunda ocasión, entonces el gobernador tendrá la facultad de nombrar de manera directa a los tres consejeros integrantes del ITAIG sin tener el aval del Poder Legislativo, y “esto es un juego perverso, porque finalmente prevalecería la propuesta del gobernador”.
Consideró que los integrantes de los órganos autónomos deben ser elegidos por el Poder Legislativo a través de un concurso donde se priorice el perfil y capacidades de los aspirantes que participen en una convocatoria abierta.
Araujo Carranza consideró que la única facultad que Ángel Aguirre plantea para el Congreso en la decisión de elegir a los integrantes del ITAIG es “aprobar las propuestas del gobernador, lo que significa que a chaleco debe ser lo que el señor gobernador envíe, lo que no puede ni debe ser en un Estado democrático”.
Como representante del rector Alberto Salgado Rodríguez, asistió Marcial Rodríguez Saldaña, quien comentó que en materia de derechos humanos no se menciona el derecho a la vivienda digna, a la energía eléctrica, al acceso a la cultura, a la preservación de valores y tradiciones culturales, a la identidad cultural, derechos de los jóvenes, ni que los crímenes de lesa humanidad y los genocidios son imprescriptibles.
Tampoco se incluyó la figura jurídica de la policía comunitaria, que es necesaria ante los levantamientos armados de autodefensa que se han registrado en varias partes del estado, además de los resultados que esas agrupaciones civiles han demostrado.
Comentó que tampoco se aterriza claramente la reforma en la que se establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de elegir a sus autoridades por usos y costumbres, porque en ese apartado no se instituye que los votados en asambleas deben ser avalados por los órganos electorales y asignados a los cargos públicos para los que fueron electos.
El también ex rector de la UAG consideró que para que la Constitución reformada sea progresista debe establecer como derecho colectivo el referéndum, el plebiscito para la revocación de mandato de las autoridades.
En su participación, el académico de derecho Román Ibarra Flores instó a los legisladores para que no dejen fuera la modificación de la permanencia del cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), pues “la inmovilidad es de los tiempos del autoritarismo, la base del sistema democrático es la renovación de los integrantes de los poderes”, dijo el académico.
La propuesta de Román Ibarra es que se establezca un periodo de 10 años en el cargo.

La Comisión de Gobierno no quería foros de consulta

En la reunión estuvieron varios académicos y juristas de la UAG, también algunos integrantes de la comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la presidenta Abelina  López Rodríguez y Evencio Romero Sotelo; faltaron los perredistas Germán Farías Silvestre y Ni-canor Adame Serrano y el priista Héctor Astudillo Flores.
A la reunión con universitarios acudió también la diputada Julieta Fernández, del PRI.
En una breve participación el director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG, Roberto Rodríguez Saldaña, solicitó a los legisladores que se realice un foro de consulta también en esa escuela, solicitud que replicaron los asistentes alumnos de posgrados en derecho judicial.
La presidenta de la comisión aceptó la solicitud pero dijo que buscarían un espacio para realizar el foro en la UAG, debido a que ya tienen un calendario de actividades establecido, pero el diputado Evencio Romero aprovechó para informar a los presentes que “el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso (el perredista Bernardo Ortega Jiménez), se negaba a la realización de foros de consulta ciudadana”.
Dijo que la Comisión de Gobierno estaba en desacuerdo con la realización de foros, mientras la diputada Abelina López afirmaba con la cabeza la aseveración del su compañero.
Pero dijo que a pesar de la negativa de “la Comisión de Gobierno”, gracias a la insistencia de la comisión de Estudios Constitucionales que será la encargada de presentar al pleno el dictamen de la iniciativa de reforma, se logró que se consultara a los ciudadanos y especialistas a través de foros regionales.