Entrega Ángel Aguirre dinero, camionetas y uniformes a la Policía Comunitaria

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

A 10 meses de que se comprometió a resolver un pliego petitorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó ayer cuatro camionetas, mil 200 uniformes y un millón 500 mil pesos a la Policía Comunitaria.
El pliego de demandas que entregó en marzo del año pasado la dirigencia de la CRAC en la residencia oficial Casa Guerrero al gobernador, incluía también la petición de 200 rifles AR-15, 5 mil despensas y la construcción de las casas de justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
El gobernador se comprometió también a trabajar en la elaboración de un decreto que permita un marco jurídico a la Policía Comunitaria, para que pueda trabajar en coordinación con la Policía Preventiva Estatal y la Policía Federal.
Aunque el gobernador aseguró que estos apoyos no fueron entregados a la Policía Comunitaria de la CRAC como consecuencia de lo que “sucedió” en Ayutla, en referencia al levantamiento armado ciudadano en contra de la delincuencia organizada, ni para “chayotear, comprar o maicear” a la Policía Comunitaria, la reunión de ayer fue producto de la presión por la confrontación que se dio entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC, como efecto del movimiento de Ayutla y que después se amplió a Tecoanapa.
El gobernador Aguirre Rivero llegó ayer aquí a las 11 y media de la mañana y de inmediato se reunió con la estructura de la CRAC en la bodega de la organización la Luz de la Montaña, que se encuentra a la salida de esta cabecera municipal, rumbo a Metlatónoc.
Allí ya lo esperaban coordinadores y consejeros de la CRAC encabezados por  los coordinadores de la Casa de Justicia anfitriona, Pablo Guzmán Hernández y Felícitas Martínez Solano.
También estaba el coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Gelacio Barrera Quintero, quien le dio la bienvenida.
Aguirre Rivero adelantó, asimismo, que en la medida de las posibilidades presupuestales de su gobierno continuará resolviendo las demandas de la CRAC, como el armamento y la construcción de las tres casas de justicia comunitaria.
El gobernador, quien fue acusado en un pronunciamiento de la CRAC de pretender desestabilizar el territorio comunitario de la CRAC a través de la UPOEG con el levantamiento armado en contra de la delincuencia organizada en Ayutla y Tecoanapa, para militarizar y tener el control que permita la instalación de las empresas mineras y la reserva de la biósfera, se congració con la agrupación indígena y reconoció su labor en contra de la delincuencia.
“Quiero dejar en claro que este reconocimiento no lo hago a la luz de los recientes acontecimientos, eso lo subrayo, lo enfatizo”, dijo en referencia al levantamiento armado de  civiles en Ayutla y Tecoanapa.
“El gobernador Aguirre desde hace muchos años ha sido siempre un convencido de la importancia que tiene que habitantes de diversas comunidades colaboren de manera desinteresada, sin cobrar un salario, muchas veces arriesgando su vida, pero además con un filtro, pasar por el aval, por la simpatía y por el concurso de una asamblea de sus comunidades”, expuso.
Les dijo que su gobierno les va a seguir danto todos los apoyos que tenga a su alcance y que su gobierno respeta su autonomía, sus usos y costumbres, y los felicitó “porque la Policía Comunitaria ha canalizado siempre su esfuerzo y su trabajo y su entusiasmo por las vías legales e institucionales”.
Se comprometió a promover una reforma constitucional para legalizar la corporación comunitaria, y para ello encargó al senador Sofío Ramírez Hernández y al diputado federal Vicario Portillo Martínez, allí presentes, para que impulsen en el Congreso de la Unión una reforma que permita  darle un marco legal a la Policía Comunitaria.
Aunque dijo que esto no es fácil, puesto que tiene que cumplir primero con ciertos requisitos para que  pueda reconocerse a la corporación dentro del sistema justicia federal.
“Trabajemos en ese decreto, no lo voy a hacer de manera unilateral, lo voy a hacer siempre respetando sus usos y costumbres, siempre con el concurso y el aval de ustedes, vamos a caminar de la mano”, les dijo.
Posteriormente comenzó a entregar  de manera simbólica los uniformes para los elementos de la Policía Comunitaria.
También entregó las llaves de las 4 camionetas al coordinador de la Casa de Justicia de esta cabecera municipal, Pablo Guzmán Hernández, “se las entrego no a Pablo, que quede claro, se las entrego a la CRAC”, dijo.
Aunque al inicio de su intervención informó que entregaría un millón y medio de pesos para la “infraestructura” de la CRAC y de la Policía Comunitaria, el dinero no fue entregado en público, pues aclaró que sería depositado a una cuenta bancaria que tiene la CRAC, “para que después no se diga que se lo entregué a una persona en particular”.
Y es que el gobernador se deslindó, asimismo, de las diferencias que existen entre la CRAC y la UPOEG, a raíz del levantamiento civil armado en Ayutla y Tecoanapa, “yo nunca seré elemento de discordia, fractura o fisura entre ustedes, si hay alguna fisura, yo, en todo caso, soy elemento para limar todo tipo de aspereza, aquí los protagonismos los dejamos a un lado”, dijo.