No permiten hablar a un integrante de la CRAC y otro de la Policía Ciudadana en reunión con Aguirre

Zacarías Cervantes

San Luís Acatlán

Los organizadores de la reunión de ayer entre la dirigencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero sin explicaciones no permitieron hacer uso de la palabra a los representantes de la CRAC de Ayutla y al de la Policía Ciudadana y Popular de Huamuxtitlán.
El representante de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, llevaba su intervención por escrito pero de última hora le dijeron que no sería posible que interviniera. Mientras que Eugenio Ramírez de Huamuxtitlán improvisaría pero tampoco tuvo la oportunidad de hablar.
Al final del encuentro ambos se quejaron por el rechazo a sus intervenciones a pesar de que fueron invitados y les dijeron que podrían participar en el encuentro.
El escrito que leería Campos Herrera de Ayutla dice que el gobierno no ha podido contener la ola de violencia y que, por el contrario, lo ha agravado “ya sea por infiltración, corrupción y violación a los derechos humanos”.
Agrega que por eso los pueblos han perdido la confianza en las instituciones gubernamentales, “razón por la cual nos hemos organizado, tomando como fundamento el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.
Arturo Campos encabeza la parte de la CRAC que apenas se integró al Sistema de Justicia Comunitario y que se ha deslindado de los grupos de ciudadanos que se han armado en contra de la delincuencia organizada en ese municipio.
Dice en su documento que en lo que respecta a los derechos de los pueblos originarios, “hemos decidido mediante asambleas comunitarias administrar nuestra justicia y seguridad, basados en la experiencia de los pueblos que fundaron la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias”.
Además informaría que el 22 de diciembre en una asamblea regional 23 comunidades ratificaron a los policías comunitarios, comandantes regionales, consejeros y coordinadores y que se ratificó a la comunidad de El Paraíso como la sede de de la Casa de Justicia.
Y explicaría que a partir de entonces la Policía Comunitaria es la única que funciona en ese municipio, para insistir en el deslinde de los ciudadanos que se han levantado en armas en contra de la delincuencia organizada. Sin embargo, no le permitieron intervenir.
Mientras tanto, Eugenio Ramírez informó que en su caso explicaría los avances que han tenido con la Policía Ciudadana y popular de ese municipio pero también denunciaría los obstáculos que han tenido por parte del gobierno estatal y municipal para avanzar en su labor en contra de los delincuentes de la región.
Ambos representantes, aseguraron que no les dieron ninguna explicación u argumento válido con respecto a los motivos por los que les impidieron intervenir en esta reunión.