Octavio Klimek Alcaraz

 Marco legal para la evaluación ambiental estratégica

A fines de noviembre del año pasado fue aprobado de manera unánime por los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el dictamen del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa original fue presentada por los diputados Armando Ríos Piter, César Francisco Burelo Burelo, Ma. Dina Herrera Soto y María Araceli Vázquez Camacho del Grupo Parlamentario del PRD.
Esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación Ambiental Estratégica es de gran trascendencia para el país, porque derivados de las diversas Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la de Estocolmo en 1972, la de Río de Janeiro en 1992 y la de Johannesburgo en 2002 se asume que un compromiso de todo el país y sus gobiernos es que se haga efectiva la planeación del desarrollo con una política ambiental de largo plazo. Debe existir, por tanto, un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes y programas en todas las áreas de la administración pública, que garanticen la atención de los grandes retos ambientales del país.
Lamentablemente con el actual modelo de desarrollo del país este concepto sigue siendo un simple buen deseo. Los datos oficiales señalan que ya se tienen comprometidas la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, esto debido al agotamiento y la degradación de los recursos naturales en México.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica, que los costos totales de agotamiento y deterioro ambiental promediaron 8 por ciento del PIB entre los años 2005 y 2009. (INEGI, 2011, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas económicas y ecológicas de México 2005-2009, México).
La información anterior señala con claridad que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano, si sólo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental. Lo que se requiere es modificar el modelo de desarrollo, que privilegia solamente el crecimiento económico en detrimento del medio ambiente y los recursos naturales del país, el objetivo sería disminuir o eliminar los actuales costos ambientales.
Una causa importante de lo anterior es que en las políticas públicas no se ha integrado la variable ambiental junto a las sociales y las económicas. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. Por ejemplo, programas gubernamentales como Procampo y Procede, propiciaron el avance de la frontera agropecuaria sobre tierras forestales. No solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de programas con la variable ambiental.
El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no solo el federal– sean verdaderamente responsables, más allá de la retórica, de promover el desarrollo sustentable a través de sus diversos programas. El desafío es que estas dependencias e instituciones asuman un compromiso que incorpore la variable ambiental en sus programas y acciones específicas, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.
Por todo lo anterior, se requiere atender de manera urgente y prioritaria la dimensión ambiental del desarrollo del país, otorgarles en los programas de la administración pública un valor de importancia similar al que se le ha otorgado a los aspectos económicos y sociales del mismo. De no ser así se seguirán dejando crecer los problemas ambientales con escenarios probables de reducción del potencial de desarrollo de México en el mediano y largo plazo.
Un instrumento valioso para ello es la Evaluación Ambiental Estratégica, que conforme al dictamen a discusión “es el proceso mediante el cual se incorpora el análisis y la evaluación de la dimensión ambiental, en la formulación de los programas de la Administración Pública Federal, así como de sus modificaciones.”
Debe señalarse que la Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso técnico que homologa a México en el tema con numerosos países que la realizan de manera cotidiana.
Además de que se busca promover con esta reforma que los estados y el Distrito Federal puedan establecer procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica, en los ámbitos de sus respectivas competencias (Art. 43 Bis 5).
Se espera que en febrero de este año se dictamine favorablemente por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ya que fue turnada como un dictamen conjunto para que de inmediato pase al pleno de la Cámara de Diputados, transitando como minuta a la Cámara de Senadores, como cámara revisora.
Lo ideal es que esta reforma para implementar la evaluación ambiental estratégica en México se aplique el próximo año 2013 en los programas de la nueva administración pública federal, porque mucha falta le hace al país este tipo de instrumentos de planeación.
P.D. Queremos sanos y salvos a Eva Alarcón y Marcial Bautista.
P.D. Queremos la verdad absoluta en el caso de la Normal de Ayotzinapa, que se haga justicia real a todas las víctimas, los estudiantes y el trabajador de la gasolinera muertos. Urge abrir caminos de diálogo entre todos los actores sociales involucrados, estamos observando una creciente polarización en Chilpancingo que nos preocupa. Nadie es dueño de la verdad absoluta, así que prediquemos la tolerancia, la paz y el respeto.