Propone proyecto de la Corte sentencia nueva a Cassez; se violaron sus derechos

Agencia Proceso

Ciudad de México

El futuro inmediato de Florence Cassez  dependerá de los votos que sume este miércoles, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero sobre el polémico caso de la ciudadana francesa condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro.
En el proyecto, la ministra Sánchez Cordero propone anular los testimonios de las presuntas víctimas de la banda de Los Zodiaco -de la que supuestamente formaba parte Cassez-, debido a las contradicciones e incongruencias en las que cayeron una y otra vez.
Según el documento difundido este martes por el diario Reforma, la ministra ponente elimina las declaraciones de Cristina Ríos Valladares, Christian Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde Flores, y se ordena a un tribunal unitario de circuito dictar una nueva sentencia a Cassez.
También se desechan las declaraciones de Leonardo Cortez, un vendedor que reconoció a la ciudadana francesa como la persona que vigilaba a Ríos Valladares, previo a su secuestro.
“Las modificaciones que fueron realizando dichos testigos a sus respectivas declaraciones, producen dudas respecto de la espontaneidad del reconocimiento que hicieron de Florence Cassez en cuanto a su participación en los hechos que se le atribuyen, y permiten estimar que el mismo fue inducido a partir de su presentación ante los medios de comunicación”, dice el proyecto.
Sánchez Cordero retoma en parte la propuesta de su colega José Ramón Cossío de eliminar los dichos de Ríos Valladares y su hijo porque reconocieron a Cassez en la televisión durante el montaje de su captura armado por la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
En cuanto a Elizalde, cuyo testimonio fue clave para incriminar a Florence Cassez, debido a que desde su primera declaración ministerial la identificó como una de sus captores, la anulación de sus declaraciones se basa en contradicciones o inconsistencias, y en el hecho de que la palabra de un solo testigo no es suficiente para fincar plena responsabilidad penal a la ciudadana francesa.
“Dicho testimonio genera dudas en cuanto a su credibilidad, si se toma en cuenta que el testigo, en su carácter de víctima del secuestro, incurre en diversas inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones que hacen dudar de la fiabilidad de los hechos respecto de los que depone”, puntualiza el texto en torno de las declaraciones de Elizalde Flores, quien, de acuerdo con un documento de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, pudo haber sido secuestrado mediante un plan urdido por su propia madre.
Según el diario, Sánchez Cordero incluso ilustra con tablas comparativas las inconsistencias que se fueron dando entre las cuatro declaraciones que rindieron Ríos Valladares y Ramírez Ríos; entre las tres declaraciones que rindió Elizalde, y entre las declaraciones de los tres testigos, en particular sobre la casa de seguridad en la que estuvieron retenidos durante sus secuestros entre octubre y diciembre de 2005.
El proyecto también retoma las críticas que el ministro Arturo Zaldívar hizo en su propuesta de marzo de 2012 al show mediático armado por la AFI para exhibir la supuesta detención de Cassez en noticieros de Televisa y TV Azteca el 9 de diciembre de 2005.
”Resulta fundamental señalar que no es a la opinión pública o a los medios de comunicación a los que se les debe imputar el retraso en la puesta a disposición de la quejosa ante la autoridad ministerial, sino a los agentes responsables de la AFI que retuvieron indebidamente a la quejosa por aproximadamente cinco horas, con la finalidad de obtener la transmisión a través de un medio de comunicación televisivo de su supuesta detención”, explica el proyecto.
Añade: “El hecho de que las autoridades permitieran transmitir públicamente la supuesta detención de la quejosa, a través de la televisión, trajo como consecuencia que entre el lapso en que efectivamente fue detenida (4:30 horas) y su puesta a disposición del Ministerio Público (8:53 horas) transcurrieron cinco horas con 45 minutos, lo que constituye una violación Constitucional grave”.
Para la ministra, este retraso en la puesta a disposición genera incertidumbre sobre las condiciones de la detención de Cassez y la obtención del material probatorio en su contra, tanto por el delito de secuestro como por el de portación de arma, lo que violó sus derechos constitucionales de presunción de inocencia, asistencia consular e inmediata puesta a disposición del Ministerio Público.
“Si bien el parte informativo rendido por los policías federales es una prueba de carga por lo que respecta al delito de portación de armas, es el caso que dicho documento carece de fiabilidad, pues en comparecencia del 1 de marzo de 2006, los referidos agentes reconocieron la existencia de un error en el oficio de puesta a disposición de la detenida, aclarando en ese acto una hora diversa a en la que aconteció la detención”, detalla el documento.