Reforzará la Policía Estatal la vigilancia y los civiles levantarán los retenes, acuerdan

La procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal; el secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla; la subsecretaria para Asuntos Políticos del gobierno del estado, Rossana Mora Patiño; un representante de la 35 Zona Militar y el presidente municipal de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, se reunieron la mañana de ayer durante tres horas con los dirigentes del movimiento civil armado de esta localidad con quienes llegaron a acuerdos para retirar los retenes que mantenían desde la tarde del lunes en contra de la delincuencia.
En la reunión que se realizó en dos partes, una comenzó a las 8 de la mañana en la cancha techada del centro de esta localidad, y la segunda a las 10 en la comisaría municipal, donde firmaron los acuerdos, estuvo el comandante de la Policía Federal, Salvador Bautista Vázquez y los dirigentes del movimiento civil armado, todos encapuchados, encabezados por el comisario municipal, Octavio Ojeda Granados.
En el primer encuentro, las autoridades estatales, federales y municipales, acordaron coordinarse para garantizar la seguridad en este pueblo. A cambio, los ciudadanos armados se comprometieron a levantar los retenes y solamente instalar filtros en los accesos al pueblo.
Entrevistada al final de la primera reunión, la procuradora de Justicia Martha Elva Garzón Bernal, dijo que este tipo de movimientos armados que están cundiendo por todo el estado, “son normales” por la violencia que existe en todo el país y “no han rebasado a la autoridad”.
La funcionaria se negó a hablar de la situación legal de los 44 detenidos por el movimiento armado de Ayutla y Tecoanapa, de quienes se desconoce su situación, pues los ciudadanos de la comunidad donde se encuentran y los dirigentes del movimiento armado hasta ayer se habían negado a que fueran visitados incluso por personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado.
Los acuerdos a los que llegaron los ciudadanos de la comunidad y los funcionarios establecen, en primer término, que las autoridades reforzarán la vigilancia con rondines permanentes de la Policía Estatal.
La procuradora, el secretario de Seguridad Pública y la subsecretaria de Asuntos Políticos, se comprometieron, a que el gobierno del estado, entregará este miércoles una patrulla nueva para que sea asignada de manera permanente a este pueblo.
El presidente municipal se comprometió a enviar una patrulla con policías municipales originarios de la localidad para que se encarguen del resguardo permanente.
El secretario de Seguridad Pública , Guillermo Jiménez Padilla, prometió que la dependencia capacitará a 15 policías comunitarios “para el mejor desempeño de sus funciones”. Se comprometió a implementar el programa escuela segura en esta comunidad.
El presidente municipal ofreció, asimismo, a petición de los habitantes, que ya no expedirá más licencias para el funcionamiento de giros rojos, así como promover el cierre definitivo de las cantinas que existen en esta población.
Ello debido a que los ciudadanos denunciaron que las cantinas son el refugio y el lugar donde se reúnen los delincuentes “y ya no queremos que sirvan como nidos de esos cabrones”, dijo uno de los civiles armados.
Mientras tanto, el representante de la 35 Zona Militar se comprometió a gestionar ante sus superiores la instalación de un campamento permanente aquí, pero, por lo pronto, se comprometió a realizar “rondines de patrullamiento esporádico en diferentes fechas y horas”.
A cambio de estos acuerdos los habitantes de esta comunidad se comprometieron a retirar los retenes que mantenían hasta el medio día de ayer; uno a la entrada llegando de Tixtla y el otro viniendo de Apango, la cabecera municipal de Mártir de Cuilapan.
En esos lugares solamente van a mantener “filtros de vigilancia en coordinación con las autoridades”, dice el acuerdo.
Al final del primer encuentro, la procuradora Garzón Bernal celebró los acuerdos y explicó que por lo pronto los operativos de seguridad estarán a cargo de la Policía Estatal, pero que “si hay urgencia entrará el Ejército mexicano”.
–¿Estamos ante un gobierno que no está cumpliendo con su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos y por eso hay levantamientos civiles por todos lados en contra de la delincuencia?.
–No está fallando el estado, es un problema a nivel nacional.
–Pero los levantamientos se están haciendo solamente en Guerrero.
–No, este tipo de levantamientos se están realizando también en otros estados. Aquí los estamos atendiendo para que la gente no se salga a violentar las garantías individuales.
–¿No le parece que la inseguridad y la reacción de los ciudadanos están rebasando al gobierno?
–Estas acciones son normales, ya la gente está conociendo sus derechos, y entre más los conozca más reclama, piden que se les respete, y que nosotros las autoridades estemos más cerca del pueblo, es algo normal, es una reacción normal.
–¿Cuál es la situación jurídica de los 44 detenidos del movimiento de Ayutla y Tecoanapa?, se desconoce su situación legal y les han impedido que los entreviste personal de la Comisión de Derechos Humanos.
–Yo me reservo mis comentarios, eso pregúnteselo a los de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), que son ellos los que tienen a las personas detenidas. Jurídicamente a mí ningún familiar me ha comunicado la detención de una persona y no puedo hacer nada.
–Pero usted es la autoridad que debería estar enterada de su situación.
–Soy una autoridad, pero no puedo decir que va a pasar o no, ustedes saben qué es lo que se puede manejar públicamente, hay secrecía en las investigaciones –evadió la funcionaria antes de que entrara a la Comisaría Municipal para reunirse con los dirigentes del movimiento civil de ésta localidad. (Zacarías Cervantes / Atliaca).