Humberto Musacchio

Procuración e impartición… ¿de justicia?

El PRI volvió a la Presidencia de la República, pero el viejo régimen hace rato que se halla en el desván de las cosas inservibles. Ya no existen varios de los pilares que sostenían las antiguas formas de gobernar, como el monopolio del poder (y los poderes) por un partido, el control absoluto de los medios de comunicación, el inmenso sector público de la economía que daba empleos, contratos y otros beneficios; instituciones –educación, medicina social, Conasupo, etc.– que creíamos inconmovibles fueron suprimidas y otras están en profunda crisis; y lo principal: la vieja ideología “de la revolución mexicana” es un cachivache que ya ni los jilgueros del tricolor mencionan.
Hay la necesidad de cambiar o modificar drásticamente muchas instituciones, de crear otras y de elaborar ideas que expliquen y hagan socialmente aceptable lo nuevo, esto es, construir una nueva ideología legitimadora. Se dirá que un sexenio es históricamente un plazo muy corto para tareas de esa magnitud, pero lo cierto es que en los años de Lázaro Cárdenas, más que en cualquier otro periodo presidencial, se sentaron las bases de la ideología que estuvo presente en los discursos patrios y en las campañas políticas, las ideas sobre México y los mexicanos que se trasmitían en las escuelas y en los medios de comunicación.
Las tareas que tiene por delante el actual gobierno no se limitan a la mera función de gobernar y gobernar bien. Resulta indispensable levantar instituciones nuevas y poner sobre sus pies lo que está de cabeza. Entre los cambios más urgentes, que no son pocos, se halla la procuración e impartición de justicia, no sólo para pasar de los engorrosos, corruptísimos y muy caros juicios escritos a los orales, sino para modificar de arriba hacia abajo –en ese orden– un aparato paquidérmico e inoperante, incapaz de prevenir, contener y castigar las actividades delictivas. Especialmente, debe ponerse atención y sancionar con todo rigor a los jueces que por cualquier motivo niegan la justicia.
Es hasta ahora cuando las autoridades respectivas descubren que sí, que el PRI se excedió en el gasto electoral, pero nomás tantito; pasan años antes de que el Poder Judicial se entere de que el llamado caso Cassez fue un montaje, aunque todavía no les preocupa la responsabilidad de Genaro García Luna; Lorena González Hernández tiene años en la cárcel acusada de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, pese a que nada, absolutamente nada se le ha comprobado; seis meses después de estar en prisión, la PGR –en buena hora– reconoce que no cuenta con pruebas para mantener sus acusaciones contra el general Tomás Ángeles Dauahare y otros militares; a los 14 muchachos del primero de diciembre se les detuvo arbitrariamente y se les encarceló sin pruebas; en 2007 el joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez fue detenido, torturado y obligado a confesar crímenes que no cometió, y así…
Los citados son casos escandalosos, pero están lejos de ser los únicos manchados por las pifias de los juzgadores, que dieron por buenos los dichos del Ministerio Público y “pruebas” que no era tales. Lo lamentable es que suman muchos miles los encarcelados en forma arbitraria. Los escándalos judiciales son ya una enorme pila y no se sabe de algún plan para impedir o por lo menos combatir los abusos, la indiferencia, la irresponsabilidad. El espíritu de cuerpo que reina en la judicatura se convierte en complicidad cuando se afectan tan gravemente las garantías individuales. Pero a nadie parece preocuparle.