Exhorta el Congreso a restituir el Estado de derecho en municipios donde hay autodefensa

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Por unanimidad se aprobó la noche de ayer en el Congreso del Estado un exhorto al gobierno federal, al del estado y a los ayuntamientos, para que dentro de un marco de coordinación institucional, en los lugares donde se han presentado grupos de autodefensa ciudadana, coadyuven a restituir el Estado de derecho, a promover la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes y a reforzar la seguridad pública en los municipios afectados por la inseguridad.
El promotor del punto de acuerdo fue el diputado Héctor Astudillo Flores, que le firmaron los otros once diputados integrantes de la Comisión Permanente, Antonio Gaspar Beltrán, Elí Camacho Goicochea, Karen Castrejón Trujillo, Laura Arizmendi Campos, Delfina Concepción Oliva Hernández, Amador Campos Aburto, Germán Farías Silvestre, Alicia Elizabeth Zamora Villalba, Nicanor Adame Serrano, Olaguer Hernández Flores y Mario Ramos del Carmen.
En nombre de todos estos diputados, Astudillo dijo que el Congreso local no podía quedarse sin hacer nada ante los acontecimientos de violencia y de autodefensa de los pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa.
Explicó que ante las preocupaciones por la inseguridad de los alcaldes de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, Ometepec, Teloloapan, Iguala, Tixtla, Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá, de las regiones Costa Chica, Norte, Centro y Montaña, los ciudadanos se han organizado para emprender acciones de autodefensa armada, con el propósito de garantizar la seguridad pública y proteger sus bienes y familias.
Dijo que el Congreso local es consciente “del grave problema de inseguridad que existe en el territorio guerrerense y reconoce que es el principal motivo de que grupos de ciudadanos hayan tomado la autodeterminación para defenderse y salvaguardar la vida y los bienes propios de la comunidad a la que pertenecen”.
Añadió que siendo el Congreso “el máximo órgano deliberativo y garante de la representación popular, no puede quedar callado frente a un acontecimiento real, delicado y de repercusiones locales y nacionales inmediatas, y fijar una posición responsable, oportuna y propositiva, que permita que los poderes del Estado restablezcan el orden constitucional e institucional, con acciones concertadas a corto, mediano y largo plazo”.
Advirtió que a nadie conviene que en un país “donde el Estado de derecho es valor fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos, se rompa el orden legal y se vulnere la legitimidad de la voluntad popular, cuando se deja a un lado las jerarquías en los órdenes de representación social, especialmente en cuanto a los ayuntamientos, representados por sus respectivos cuerpos edilicios, elegidos por el voto de la mayoría de los ciudadanos”.
Y sostuvo que los hechos que se han presentado recientemente en el estado de Guerrero, “si bien pueden contribuir a reducir la incidencia delictiva con la participación de la sociedad, también existe el temor de que los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos sean violentados, en el ánimo de mostrar rechazo hacia quienes han venido perturbando la tranquilidad de los pueblos organizados en auto defender sus derechos”.
Por lo anterior propuso que le aprobaran un exhorto al gobierno federal, al del estado y a los ayuntamientos, para que dentro de un marco de coordinación institucional, en los lugares donde se han presentado grupos de autodefensa ciudadana, coadyuven en restituir el Estado de derecho, a promover la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes y reforzar la seguridad pública en los municipios afectados por la inseguridad.
Antes de someterse a votación el punto de acuerdo, la diputada del PRD, Abelina López Rodríguez, subió a tribuna para decir que a 17 años de la Policía Comunitaria, ante la nueva realidad del estado y a la falta de credibilidad de las instituciones, lo realizado por los pueblos en su autodefensa es muestra del hartazgo, de que los gobiernos han sido rebasados.
Advirtió que por proponer la restitución del Estado de derecho en esos municipios, el Ejército viole los derechos humanos en los pueblos al penetrar en esas tareas de seguridad pública.
Y dijo preocuparle de fondo que en un estado como Guerrero, donde detonan los problemas nacionales, le deben entrar todos, despojándose de intereses personales y privilegiar los derechos sociales, en el que todos los poderes públicos intervengan para recomponer la situación.
Luego se sometió a votación del punto de acuerdo y se aprobó por unanimidad.