Se cierra otro ciclo de diálogo entre el gobierno y las FARC; se analizó el problema agrario

EFE

La Habana

El Gobierno de Colombia y las FARC concluyeron ayer la primera ronda de diálogo de 2013 con “aproximaciones” en el problema de la tierra, aunque aún mantienen diferencias “notables” y “de fondo” sobre ese primer punto de la agenda de conversaciones para alcanzar la paz.
En el ciclo que se abrió el pasado 14 de enero, los negociadores del Gobierno y guerrilla han analizado la cuestión agraria y existen coincidencias en aspectos como la necesidad de erradicar la pobreza rural o de transformar el campo colombiano con programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, señalaron las partes en un comunicado conjunto.
También coinciden en que esos programas integrales regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad de la tierra y aseguren bienestar al mayor número de campesinos y población rural.
“Hay coincidencias en el anhelo de transformar el campo aunque también subsisten diferencias notables”, ratificó por su parte Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia y jefe de los delegados del Gobierno en el proceso de paz, que tiene su sede permanente en La Habana.
Para superar esas diferencias en aras a alcanzar la paz, De la Calle apostó por “situarse más allá de los propios intereses y ser capaz de ver el futuro” y señaló que el Gobierno “es consciente de la necesidad de cerrar la brecha” del mundo rural “mediante la transformación del campo”.
En líneas generales, las conversaciones en este último periodo han avanzado “en un clima de respeto y de diálogo amplio”, según el Gobierno, y “a buen ritmo”, incluso “acelerado”, en opinión de las FARC.
Las partes comenzaron a estudiar las 550 propuestas sobre la cuestión de la tierra que resultaron del foro celebrado en Bogotá el pasado diciembre, como uno de los mecanismos de participación ciudadana acordados por la mesa de diálogo.
La guerrilla ha puesto sobre la mesa diez “propuestas mínimas” como la creación de un fondo de tierras de 20 millones de hectáreas para superar la estructura latifundista y democratizar la propiedad agraria; la puesta en marcha de una nueva política tributaria, la elaboración de un catastro alternativo o el reconocimiento político de los campesinos.