Jorge Camacho Peñaloza

Justicia y derechos humanos en la democracia

 

Los juicios precipitados se inclinan con preferencia a la falsa parte, y en ocasiones la pasión ofusca el entendimiento. Dante Alighieri

Estamos atravesando por un periodo de gestación de profundas transformaciones en la vida política del país y de nuestro estado, la irrupción armada de la ciudadanía guerrerense en  autodefensa y la liberación de la ciudadana francesa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son una muestra de que hay ya una conexión permanente entre la actuación de los gobernantes ubicados en los tres poderes públicos y la ciudadanía.
El tema de los derechos humanos no ha sido bien a bien, social y políticamente, comprendido en cuanto a que la legislación y las instancias que han sido creadas los protegen sólo de actos de las autoridades, en nuestro país los derechos humanos se clasifican en derechos individuales y del ciudadano, sociales y de los pueblos o naciones, y están plasmados en el capítulo De las Garantías Individuales.
Los derechos humanos son un conjunto de garantías a las que tiene derecho toda persona por el solo hecho de su condición humana, como el derecho a no ser sometido a la esclavitud, a la servidumbre, a la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, a presumir la inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad, a salir del país, a la propiedad, de pensar, religión y libertad política, a la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación; los derechos humanos protegen la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad jurídica, la integridad física y la propiedad de cada ser humano.
Política y socialmente los derechos humanos no han sido cabalmente bien entendidos en cuanto a que constituyen un componente de la democracia e implican la adecuación de los actos de la autoridad a principios democráticos, es decir, a las reglas, a las leyes, lo que habla de la necesidad de elevar los niveles de legalidad, eficiencia y ética de los actos de gobierno, lo que es sumamente difícil y complicado en una sociedad que está transitando a la democracia después de haber vivido siglos y siglos en un régimen autoritario, el panorama de la justicia de cara a los derechos humanos cambia.
Ese es el problema al que se está enfrentando el país y el estado en cuanto la contradicción que existe en el hecho de que el gobierno no acaba de gestar un sistema de justicia y seguridad pública acorde con lo que es un sistema democrático que se verifica entre otras cosas con la vigencia de los derechos humanos; aunque es democrático en la forma en que se elige a los gobernantes aún no en la forma en que operan sobre todo sus estructuras de seguridad e impartición de justicia.
Por eso ha sido común en los últimos años que entre la población se perciba que el aparato de impartición de justicia y las comisiones de defensa de derechos humanos están de lado de los delincuentes, es el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando que no se le respetaron sus derechos humanos al no respetarse su derecho a la presunción de inocencia y otros elementos de derechos humanos que no fueron respetados cuando fue capturada en diciembre de 2005.
La liberación de la ciudadana francesa se inscribe en esa contradicción entre la democracia electoral y la forma autoritaria de operar de las policías y los ministerios públicos, a la hora de integrar averiguaciones previas al hacerlo todavía con el enfoque de policías o ministerios al servicio del poder.
Las policías encargadas de la seguridad pública y de servir para el ministerio público entregando los hechos para que los jueces se encarguen de aplicar el derecho son policías que han sido formadas y operan con las antiguas estructuras y paradigmas del poder político, en el enfoque de abusar, torturar, inventar y atropellar en el menor de los casos, y cuando no francamente se alían con los criminales y actúan como tales.
Es el caso de las policías en Guerrero, en donde la población ya no confía en ellas para que resguarden su seguridad o para que le procure justicia, ya no se tiene confianza para denunciar amenazas a la seguridad ni para interponer querellas de afectación porque se piensa que los policías pueden resultar aliados de los delincuentes o tan delincuentes como ellos.
Los movimientos ciudadanos de autodefensa que están brotando en el estado y la decisión de la Corte de liberar a Florence Cassez son verdaderas bofetadas a la credibilidad de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia en el país y el estado.
Me reservo el beneficio de la duda para la decisión de la Suprema Corte de Justicia de liberar a Cassez, aunque sé que hay víctimas que también tienen derecho a la justicia, pero también todo un aparato mediático y un juez que en su momento la enjuiciaron como culpable con pruebas inducidas, alcanza su libertad no por ser inocente, pero en cualquier caso culpable o no, deberían pagar quienes abusaron de sus derechos humanos al ser detenida y procesada.
Me quedo con la idea de que este caso hará que la actuación de las policías y de los juzgados deberán en lo subsecuente cuidar los derechos humanos de las personas y la veracidad de las pruebas, el juicio no debe terminar para quienes resultaron afectados con su libertad o con su permanencia en la cárcel siete años y que quien tenga la responsabilidad que sea sancionado.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A toda la raza que está bien que se movilice pero no para hacer tabla rasa, que no es el camino el de la justicia con propia mano, sino el de ir con las autoridades con acuerdos de la mano para alcanzar la seguridad y el respeto a los derechos humanos.