Conforman restauranteros de Puerto Marqués una coalición contra la marina
Karla Galarce Sosa
Restauranteros afectados por la construcción de la marina en la playa Majahua, en Puerto Marqués, conformaron una coalición contra la obra, en la que participan los dueños de locales aledaños a la zona modificada por el relleno de más de cuatro hectáreas de mar, así como prestadores de servicios turísticos que allí laboran.
Los representantes de esos tres grupos se reunieron a puerta cerrada con el director de Protur, Juan Salgado Tenorio, quien se comprometió, según Alberto Palma Hernández, uno de los afectados por la obra que realiza Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), a entregarles los resultados del estudio que hicieron los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el próximo miércoles, y así conocer las opciones de solución que les planteen el gobierno y la empresa.
En entrevista telefónica al concluir la reunión, Palma Hernández aseguró que Salgado Tenorio mostró “el compromiso de que el miércoles nos van a dar el resultado de los estudios y la solución junto con los Ballesteros, que son los dueños de Grupo Mexicano”.
El encargado del restaurante Lucerito indicó que en la reunión advirtieron al funcionario estatal que realizarían una caminata de la avenida Escénica a la Costera y que la bloquearían en el tramo de La Base Naval para exigir una solución.
“Nos reunimos con Salgado Tenorio e hicimos una coalición con los restauranteros, los fonderos y los prestadores de servicios turísticos, somos alrededor de 800 personas y vamos a protocolizar esta organización”, adelantó.
Insistió en que el responsable de los desperfectos en sus locales y la pérdida económica para los prestadores de servicios turísticos y tiendas cercanas es el gobierno “porque permitió que Grupo Mexicano hiciera lo que quisiera”.
Desde hace más de dos años, diversas agrupaciones se han opuesto a la construcción de la marina de la playa Majahua porque aseguran que les afecta.
En marzo de 2012, el gobierno del estado pagó una mensualidad de 15 mil pesos a los dueños de los 26 restaurantes cuya infraestructura se debilitó por el cambio de corrientes marinas.
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la marina húmeda porque incumplió términos y condicionantes relacionadas con el uso de materiales y los límites del relleno del mar; sin embargo GMD presentó a esa dependencia, en la ciudad de México, la aprobación para que fueran cambiados los materiales y se rellenara una extensión mayor a la aprobada de manera inicial.
El gobierno estatal intervino en el conflicto luego de que otro grupo de prestadores de servicios turísticos se plantara en las obras e impidiera que continuaran, y se comprometió a solucionar el problema dejando la encomienda del estudio a su Secretaría del Medio Ambiente (Semaren), que contrató a los investigadores de la UNAM.
El titular de la dependencia estatal, Carlos Toledo Manzur, había dicho que la publicación se efectuaría en noviembre del año pasado, pero la fecha se ha pospuesto por “problemas de agenda”.
Desde que comenzó el conflicto han participado un sin número de líderes marquesanos que han representado a los propios afectados, pero que según ellos, han sido sobornados.
El Sur fue invitado por los restauranteros para asistir a la reunión que sostuvieron con Juan Salgado Tenorio, pero se impidió su acceso a la junta porque sería privada.
Cuando se permitiría el acceso a los marquesanos se suscitaron inconformidades porque quienes representarían al grupo de los restauranteros eran el presidente y el dirigente del comité de vigilancia del Grupo Gastronómico de Puerto Marqués, Miguel Ángel Martínez Ibarra y Adrián Deloya Álvarez respectivamente, además de Alberto Palma Hernández.




