Piden a Peña 70 ONG se cumplan las sentencias a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Más de 70 Organizaciones cno gubernamentales (OnNG nacionales e internacionales enviaron ayer una carta pública al presidente, Enrique Peña Nieto, a quien urgen que le dé “atención prioritaria” al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Las dos mujeres del municipio de Ayutla, del pueblo indígena me’phaa fueron víctimas de violación sexual por parte de elementos del Ejército mexicano en 2002.
La carta, de la cual el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan envió ayer una copia a El Sur pide que la misma prioridad debe existir para los casos de Rosendo Radilla y los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, “dado que estas sentencias comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar”.
Dicha carta enviada al presidente Peña Nieto, está fechada en Tlapa y dice que “las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros, contra México y Valentina Rosendo Cantú y Otra, contra México, notificadas el 1 de octubre del 2010”.
Al presidente le recuerdan que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, “en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense”.
Manifiestan que “desde entonces, ambas mujeres emprendieron un largo y ejemplar caminar”, y que, además, la denuncia de las dos indígenas puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para que las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia”.
Denuncian que a pesar de que las dos mujeres indígenas emprendieron acciones para el cumplimiento pleno de la sentencia y la reparación del daño, así como las garantías de no repetición, no han logrado tener el acceso a la justicia y que la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.
Entre las organizaciones firmantes están Amnistía Internacional; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Artículo 19 México y Centroamericana; Asociación para los Derechos de las Mujeres; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED-TDT), conformada por 73 organizaciones en 21 estados del país.
En su documento enviado al presidente Peña Nieto le exponen: “urgimos a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del Gobierno Federal que Usted encabeza”.
Y agregan que lo mismo debe ocurrir respecto de las otras sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, “que hoy permanecen incumplidas, máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar, aspectos que también son señalados en las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera”.
Notifican al nuevo presidente que desde la notificación de las sentencias, la coordinación del proceso de implementación ha recaído en la Secretaría de Gobernación, pero que a la fecha no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos.
“Al margen de lo anterior, es de nuestro conocimiento que próximamente se llevará a cabo una reunión para revisar cada uno de los resolutivos pendientes. En ese sentido, estaremos atentas y atentos a los resultados de dicha reunión e instamos a que en ella se establezca una ruta de trabajo bien definida, en diálogo con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, a quienes continuaremos acompañando hasta que su denuncia concluya con justicia, verdad y reparación”, concluyen los representantes del organismo.