“Muy flojito”, el proyecto de reformas a la Constitución, critica investigadora de la UNAM

Daniel Velázquez

El proyecto de reformas a la Constitución del estado es un documento “muy flojito” que lo que menos tiene es exigibilidad de responsabilidades, lo cual es un juego perverso, porque no expresa quién, cómo y cuándo va a exigir, dijo ayer la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Pilar Hernández Martínez.
En una conferencia magistral dictada en Acapulco como parte de los trabajos para la nueva Constitución, señaló que no por muy moderno es muy avanzado el planteamiento del gobernador Angel Aguirre Rivero.
A modo de ejemplo, dijo que si un ciudadano compra una computadora muy avanzada pero no sabe usarla, al final se convierte en un artículo obsoleto, y señaló que la Constitución se debe apegar a la realidad.
Pilar Hernández además de ser investigadora de la UNAM fue directora jurídica del ayuntamiento de Ecatepec, estado de México, y magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
En el salón Plaza I del hotel Crowne Plaza, también expuso que el modelo de Constitución presentado por el Ejecutivo “está montado bajo una lógica del ejercicio económico, del dinero público, que no tiene muchos límites”.
“En términos de responsabilidades su (proyecto) de Constitución se convierte en este eje de lo social y lo democrático en un documento muy flojito, que lo que menos tiene es exigibilidad de responsabilidades, consecuentemente se entra al discurso de no/sí del Ejecutivo, con aprobación de sanción de los señores legisladores, pero no se determinan”, explicó.
Indicó que en la propuesta de Constitución hay artículos que se orientan a la responsabilidad política, administrativa, penal, “pero vuelve a ser el mismo juego perverso en donde se expresa pero no se exige dónde, cómo, cuándo y quién va a exigir”.
Otra de las observaciones que hizo fue sobre el plazo que da a los diputados para la integración de las leyes derivadas de la Constitución, que es de 24 meses, y cuestionó si sería posible en términos de los asesores y especialistas que deberán contratar para elaborarlas, porque ella preguntó si al momento de la redacción de los artículos hubo alguna persona que marcara de qué artículos habrán de desprenderse leyes secundarias, y la respuesta que le dieron es que no, lo cual volvería a ser un ejercicio de análisis de los 205 artículos que incluye el documento.

La Constitución debe ser entendible para los ciudadanos

Dijo que se debe considerar el contexto del estado, porque de lo contrario lo que se pueda “diseñar es un traje que va a quedar muy grande o va a quedar muy corto, y al final del día no va a servir y va a quedar en el armario”.
Indicó que se debe trabajar con realidades y que al proyecto “le hacen falta cosas, sí necesita una buena revisión”.
Agregó que la terminología académica que tiene la propuesta “debe ser matizada y debe ser traducida”, porque los destinatarios del documento no es el gobernador ni los diputados ni el presidente ni los magistrados ni los jueces, etcétera, etcétera, “¿quiénes son los destinatarios?, son los ciudadanos, los habitantes”.
“Debe ser entendible a quien es el sujeto beneficiario y a quien es el sujeto obligado del documento constitucional, sí requiere de una revisión”, insistió.
La académica también observó que en el proyecto “hay un altísimo contenido asistencial” para el adelanto y el avance de ciertos grupos en situación de rezago, pero señaló que la etapa paternalista “ya pasó”, que fue en los años 70 y 80 y ya no se puede trabajar con esquemas asistencialistas.
Indicó que el caso del endeudamiento de Acapulco es una muestra que el tope de endeudamiento ni se respeta ni se limita, y en el proyecto de Constitución no hay controles para supervisar todo este dinero que se supone es el gran rubro social de compromiso para atención a derechos y grupos.
Dijo que lo que propone el documento implica una gran derrama económica que debe ir acompañada de una exposición sobre la generación de recursos, no sólo en términos de recaudación sino en términos de reproducción efectiva del capital para poder atender estas situaciones de desventaja, como ayuda a las madres solteras, vejez, discapacidad.
Antes de poder trabajar con esquemas tan amplios de derrama económica, consideró que se deberían vincular las políticas sociales con las políticas federales, para poder optimizar en la mayor medida los recursos de la entidad. “¿Cuánto tengo? ¿Cuánto puedo gastar?”, preguntó, porque esa es la lógica de la economía “y así ocurre con los ciudadanos, salvo que sea un irresponsable”.
“Pareciera que Guerrero es una isla. Quien realiza el diseño constitucional tiene que estar verdaderamente pendiente de cómo se está moviendo el ámbito federal en términos de la optimización de los recursos”, expresó.
En este apartado Pilar Hernández dijo que le gusta la cruzada contra la pobreza del gobierno federal, porque por primera vez en la historia de México focaliza una región del país que es el sureste, que es la más rezagada, pero con indicadores.

Correcciones urgentes

En su exposición, la investigadora experta en constitucionalismo indicó que “es lo más riesgoso” que en el proyecto de nueva Constitución se establezca que el 10 por ciento del presupuesto del estado será a beneficio del Tribunal Superior de Justicia.
“¡Hey!, cuidado, la indexación —así se le denomina al modelo que es cuando al nivel constitucional se asigna un porcentaje obligado a un órgano constitucional—, y eso es lo más riesgoso en cualquier sistema, se les pasó, ahí hay algo que se tiene que corregir”, alertó.
También expresó que no está de acuerdo con los órganos autónomos, porque en el país no se ha entendido a cabalidad la función de los órganos constitucionales autónomos, “son órganos que en sí mismos piden presupuesto, un presupuesto que en aras de la autonomía se depreda sin mucha rendición de cuentas”.
Indicó que para los órganos autónomos se debe dar el presupuesto por resultados y por manejo, como se aplica a nivel federal, porque en base a ello se afectan los actos de gobierno.
Criticó que en el país “hay una exposición libérrima de los bienes públicos, no hay inventarios de lo que implica propiamente el patrimonio municipal, nadie sabe, nadie supo, y al final todo mundo se lleva… hay mucha depredación”.
“Hay una y mil acciones oblicuas de cómo no hacer subejercicio y en beneficio de a ver quién, ¡aguas! con los órganos autónomos”, insistió.
La experta criticó el artículo 5 del proyecto y calificó como “puntadas” la segmentación que hace de los derechos.
En el artículo 5 se expone que “esta Constitución reconoce, garantiza y sistematiza los derechos humanos y libertades de los guerrerenses en la forma siguiente: Derechos humanos de reconocimiento obligatorio, Derechos humanos concurrentes, Derechos humanos complementarios, Derechos humanos de progresividad o nuevos derechos humanos”.
“¿Alguien me puede decir que es eso?, que alguien me lo explique”, dijo.
Y agregó que es urgente que se suprima la palabra “sistematiza” del proyecto, porque además de que no explica cómo sistematizará los derechos, es una palabra que no muchos podrán entender.
“No sé si leyeron wikipedia, wikileaks o qué hayan leído, porque esto no existe”, ironizó sobre los redactores del proyecto.
Añadió que un documento constitucional debe tener “coherencia, consistencia y jerarquía”.
Otra de las observaciones que hizo fue que el documento propuesto tiene faltas de ortografía, las cuales no precisó pero dijo que hay infinidad y deben corregirse.
En la conferencia estuvieron los diputados locales Nicanor Adame Serrano, Germán Farías Silvestre, Jorge Camacho Peñaloza, Rodolfo Escobar, Bernardo Ortega, Karen Castrejón, Ángel Aguirre Herrera que fue uno de los primeros en retirarse, Tomás Hernández Palma, Marcos Efrén Parra y Héctor Astudillo.
Ademas acudieron Marcial Rodríguez, Yolanda Villaseñor como representante del ayuntamiento, el rector de la Universidad Loyola, Enrique Pasta Muñuzuri, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Adela Román Ocampo, y el presidente de la Barra de Abogados, Ezequiel Larumbe Radilla

La esquizofrenia de los derechos humanos

Hernández Martínez dijo que a consecuencia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, México entró en una esquizofrenia de los derechos humanos a raíz del fallo de reparación del daño.
“Cuando llegó la sentencia los señores ministros no entendieron que  esto de la sentencia al Estado mexicano implica la observancia sólo de aquellos aspectos que verdaderamente tocan, el Estado es una abstracción, quien tiene que reparar, si es el dinero pues deberá haber un fondo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Gobernación, cosa que hasta el momento no se ha solucionado, se asustaron con esta sentencia y no supieron qué hacer, y entonces se vino en desbandada toda esta esquizofrenia de los derechos humanos, donde incluso se llegó a la reforma constitucional”, dijo.
Pilar Hernández también se manifestó a favor de la reforma educativa, a pregunta expresa de una de las asistentes a la conferencia, y dijo que es necesario un punto de quiebre en el sistema educativo porque es una maraña la educación y a eso se debe el poder que tiene “la maestra”, en referencia a Elba Esther Gordillo, a quien no mencionó por su nombre.