Octavio Klimek Alcaraz

Desempeño ambiental de México 2

 

En este artículo se presenta la segunda parte de las recomendaciones para Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con relación al Informe de la Institución relacionado a la Evaluación sobre el desempeño ambiental de México (ver artículo El Sur, 12 enero 2013).

El artículo se presenta como una síntesis, tratando de no modificar sustancialmente la redacción del texto original, tanto de los resultados de la citada evaluación, como de sus recomendaciones:

 

Evaluación hacia el crecimiento verde

 

Los costos económicos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales han disminuido, pero todavía representaban alrededor de 7 por ciento del PIB en 2010. Al igual que en otros países de la OCDE, una inversión masiva para apoyar la transición hacia una economía baja en carbono y eficiente de los recursos y mejorar la calidad de vida en México es necesaria.

México necesita equilibrar su estructura tributaria aumentando los impuestos no petroleros y ampliando la base tributaria. Extender el uso de impuestos relacionados con el medio ambiente y reformar los subsidios ambientales dañinos, podría contribuir a lograr este objetivo y, al mismo tiempo, reducir las presiones ambientales.

Un mayor uso de instrumentos de mercado, además de promover un uso más eficiente de la energía y otros recursos, ayudarían al financiamiento de la muy necesitada infraestructura ambiental.

Por ejemplo, México no aplica impuestos sobre productos energéticos. Los precios de los combustibles para el transporte están regulados mediante un mecanismo de precio suavizado que da como resultado un subsidio implícito en tiempos de precios altos del petróleo en el mundo. Este subsidio representó gastos netos de 1.2 por ciento del PIB en 2011, pese a que el gobierno aumentó progresivamente los precios del combustible a finales de la década del 2000. En general, los subsidios energéticos, incluyendo aquellos para el consumo de electricidad en los sectores agrícolas y residenciales, promediaron alrededor de 1.7 por ciento del PIB por año entre 2005-2009. Esta política es costosa e inhibe el incentivo para reducir el consumo de energía.

También hay un margen considerable para mejorar el tratamiento fiscal de los vehículos de motor. Mientras que el impuesto sobre los vehículos es económicamente menos eficiente en la reducción de emisiones que el impuesto al combustible y las cuotas de caminos, puede ayudar a renovar la flota a favor de vehículos menos contaminantes.

Las tasas de impuestos no están vinculadas al comportamiento medioambiental de los vehículos. Estos impuestos no han fomentado el uso de vehículos más eficientes, de baja emisión y generalmente favorecen al sector más rico de la población.

Además, existen otros incentivos distorsionantes para el transporte por carretera. Cuenta con un crédito de impuesto de 50 por ciento sobre los peajes pagados por las empresas de transporte y tratamiento fiscal muy favorable para vehículos empresariales y espacios de estacionamiento para los empleados. En general, esta mezcla de incentivos alienta la propiedad y uso de vehículos exacerbando los congestionamientos, riesgos de accidentes y problemas del medio ambiente.

La gobernabilidad en los sectores de gestión del agua y de los residuos debe fortalecerse en paralelo con el aumento del financiamiento.

México ha realizado algunos progresos en la aplicación de sistemas de cobro de derechos de agua: los cargos de extracción varían según la disponibilidad de agua, y los cargos por contaminación se basan en el estado de los cuerpos de agua y el tipo de contaminantes, por lo que se está aplicando el principio de quien contamina paga.

Sin embargo, estos cargos han proporcionado un incentivo limitado para reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia del uso del agua. La extracción de agua para la agricultura es prácticamente gratuita. Las tarifas de servicios públicos de agua se mantienen relativamente bajas y no permiten que los proveedores del servicio cubran sus costos.

El sector privado ha desempeñado un papel limitado en el sector del agua, no siempre mejorando la eficiencia, o reduciendo el costo de prestación de los servicios.

Muy pocas ciudades cobran por los servicios de desechos, y la inversión en manejo de desechos cayó en un tercio entre 2000 y 2009. Las debilidades en la gestión de residuos locales, han permitido que el sector informal desempeñe un papel importante en la provisión del manejo de desechos, con consecuencias negativas tanto para la calidad de los servicios y la calidad de vida y salud de los trabajadores.

Los subsidios vinculados a la producción todavía representan la mitad del apoyo a la agricultura en general, que es mayor que en varios otros países de la OCDE. Como estas formas de apoyo estimulan la producción y uso de insumos agrícolas, ofrecen incentivos perjudiciales para el medioambiente y fomentan la intensificación y expansión de la agricultura.

México gasta más en subsidios regresivos y ambientalmente perjudiciales para la energía y la agricultura que en transferencias sociales directas.

En general, muchos subsidios energéticos y agrícolas han intentado abordar problemas sociales. Sin embargo, no han apoyado de manera eficiente a hogares y agricultores de bajos ingresos: el 20 por ciento más pobre de la población capta sólo el 11 por ciento de los subsidios a la electricidad residencial y menos del 8 por ciento de los subsidios a los combustibles de transporte; del mismo modo, el 90 por ciento de apoyo a los precios agrícola y el 80 por ciento de los subsidios de electricidad para el bombeo de agua beneficia al 10 popr ciento más rico de los agricultores. Todos estos subsidios podrían sustituirse por gasto social directo. Programas como el de reemplazar los subsidios de electricidad para el bombeo de agua de riego con transferencias directas en efectivo ilustran el camino a seguir y deben ser escalados.

 

Recomendaciones

 

Las recomendaciones son de manera textual las siguientes:

Reemplazar gradualmente el mecanismo de precios suavizado para el diesel y gasolina con un impuesto sobre los combustibles para el transporte; introducir impuestos sobre otros productos de energía; diferenciar las tasas impositivas de los impuestos especiales para reflejar las externalidades ambientales asociadas con el uso de estos productos, incluyendo su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica local; cuando sea necesario proporcionar transferencias sociales para aquellos afectados negativamente por el aumento en los precios de la energía.

Reestructurar los impuestos sobre los vehículos para tener en cuenta el desempeño ambiental de los vehículos, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes locales del aire; asegurar que el impuesto de propiedad del vehículo se aplica en todos los estados; reducir los incentivos perversos por uso del vehículo mediante la eliminación de los créditos fiscales por uso de gasolina y por peajes y mediante la reforma del régimen fiscal de los vehículos empresariales y espacios de estacionamientos.

Evaluar periódicamente los impactos ambientales, sociales y económicos de los subsidios directos e indirectos existentes y propuestos de forma integrada, con el fin de mejorar la transparencia y la identificación de las compensaciones y las subvenciones que podrían ser retiradas, reducidas o rediseñadas; reemplazar los subsidios perversos para el uso de energía, agricultura y pesca con transferencias de efectivo dirigidas a hogares de bajos ingresos y a los pequeños agricultores (por ejemplo, basándose en el programa de Oportunidades).

Sustentándose en la Agenda del agua 2030 y el diálogo de agua México-OCDE, desarrollar un plan estratégico de financiación para el suministro de agua y el sector de saneamiento, con base en una proyección de los gastos públicos de mediano plazo requeridos y una introducción gradual de los precios basada en la recuperación de costo sostenible; implementar la propuesta de reformas políticas e institucionales; identificar maneras de asegurar que incluso los más pobres tengan acceso adecuado a los servicios de agua.

Extender el sistema de carga de residuos; desarrollar un sistema de gestión regional de residuos que incluya la participación de los trabajadores que en la actualidad forman parte del sector informal de residuos, promover y monitorear el desempeño de asociaciones público-privadas en la gestión de residuos.

En conclusión, aunque es bastante evidente la justificación de todas estas recomendaciones, las mismas pueden provocar seguramente en su implementación inquietud social si no son bien procesadas. Lo que no tengo duda es que muchas van a ser propuestas en la próxima reforma fiscal. Por esos el interés de un servidor en hacerlas públicas.