No responde el cese de los funcionarios a las demandas de Ayotzinapa, dicen normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El cese de siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) por su probable responsabilidad en la muerte de dos estudiantes en el desalojo policiaco del 12 de diciembre, es una medida del gobierno para atender el caso de Ayotzinapa pero no responde a las demandas de la comunidad estudiantil de la Normal Rural Rural Raúl Isidro Burgos.
El dirigente estudiantil Pablo Juárez Cruz dijo lo anterior y señaló que la exigencia que llevó la comisión civil –que representa a los estudiantes en el diálogo con el gobierno del estado– fue el esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas.
Añadió que tras conocer la noticia por los diarios, también se enteraron de los nombres de los presuntos implicados, pero añadió que temen que con estas acciones, se trate de “limpiar las manos” de funcionarios de primer nivel, que no pueden desentenderse de los sucesos de violencia.
Los estudiantes han señalado al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, como responsable de la política interna del estado; y al gobernador Aguirre Rivero, para quien solicitan un juicio político en la Cámara de Diputados, por su probable responsabilidad en los hechos.
Sobre la comisión civil de reconocidos académicos y defensores de derechos humanos, Juárez Cruz dijo que no se equivocaron porque en la primera reunión formal de trabajo el 13 de febrero, “demostraron su capacidad y experiencia”.
Juárez Cruz señaló que antes de la publicación del comunicado conjunto de la comisión civil y el gobierno del estado, sobre los compromisos que asumió el gobernador para resolver el caso de Ayotzinapa, el comité estudiantil recibió el borrador para agregar las demandas que no estuvieran representadas en el documento preliminar que diseñó el gobierno estatal.
Confirmó que los resultados de la reunión, corresponden a sus inquietudes, y enumeró los tres ejes de trabajo que se establecieron: que se siga apoyando el proyecto educativo de la Normal Rural de Ayotzinapa, que se creó en 1926; una línea de trabajo para garantizar la indemnización de las víctimas, particularmente a los tres estudiantes heridos de bala, y para los deudos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, muertos en el desalojo; así como la agenda educativa.
Señaló que el estudiante Édgar Espíritu Olmedo, que recibió una herida de bala en el abdomen, que rozó su pulmón, aún tiene problemas graves de salud, “pero es un tema pendiente, buscar los mecanismos de cómo se le va a hacer y qué se le va a ofrecer a las víctimas y sus familiares”.
Añadió que el tema más urgente fue la agenda educativa: el regreso a clases y el nombramiento de un director, que se otorgó al investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Humberto Santos Bautista.
En cuanto a las medidas cautelares para los estudiantes en algún tipo de riesgo, aclaró que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, elaboró una propuesta de seguridad que serviría para implementar un programa de protección.