Estados Unidos agilizará el proceso de regulación de algunos indocumentados

DPA

Washington

El gobierno de Estados Unidos anunció que propondrá un cambio en las normas de regularización del estatus migratorio de aquellos indocumentados que estén casados o tengan hijos con ciudadanos estadunidenses, para permitirles iniciar una parte clave del proceso antes de abandonar el país.
Se trata de la solicitud de una exención especial para eludir el tener que esperar entre tres y diez años antes de poder volver a ingresar en Estados Unidos, el “castigo” que prevé la ley para aquellos que ingresaron ilegalmente en el país y que, por lazos familiares, inician posteriormente los trámites para obtener un permiso de residencia o green card.
La nueva medida no cambia los requisitos que deben cumplir aquellos que aspiran a regularizar su estancia en Estados Unidos, subrayó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en conferencia telefónica.
Lo que es nuevo es que permitirá que el indocumentado que cualifique para esta exención pueda solicitar -y obtener de forma provisional- antes de abandonar territorio estadounidense esta dispensa clave que le permite acortar el proceso de regularización, y no una vez salido ya del país.
Hasta ahora, esta solicitud la debía realizar el indocumentado una vez regresado a su país de origen, lo que agregaba una gran incertidumbre a su proceso de legalización ya que no tenía garantía de que le fuera otorgada. Todo ello cuando, una vez fuera de Estados Unidos, cualquiera que no obtenga esta dispensa tiene prohibido regresar al país por al menos tres años, hasta diez si residió ilegalmente por más de 365 días.
El objetivo de este cambio en las normas es “reducir significativamente el tiempo que los ciudadanos estadounidenses están separados de sus cónyuges o hijos bajo determinadas circunstancias”, explicó hoy Mayorkas.
Estas “circunstancias” implican, tal como viene siendo la norma hasta ahora, que el solicitante de esta exención pueda demostrar que la separación de sus familiares “inmediatos” y con nacionalidad estadounidense (ya que el cambio no se aplica a los que sólo son residentes en el país) les provocará a éstos una “dificultad extrema”.
“Su propósito es minimizar la extensión a la que los retrasos burocráticos mantienen separados a estadounidenses de sus familias por largos períodos de tiempo”, sobre todo en los casos en que la solicitud de esta exención forma parte del proceso de solicitud de visado, dijo al respecto Mayorkas.
El proceso para cambiar esta regulación comenzó ayer con la publicación en el Registro Federal, el boletín oficial donde se publican las leyes y regulaciones, de la carta de “intenciones” de revisar la normativa vigente. El USCIS espera que a lo largo de este año se puedan completar los procedimientos para aplicar el cambio.
No está claro cuántos indocumentados podrán beneficiarse de éste, ya que las cifras que maneja el USCIS -como la solicitud el año pasado de 23 mil exenciones- son altamente especulativas, ya que el propio Mayorkas reconoció que el gobierno es consciente de que muchos inmigrantes sin papeles ni siquiera tratan de obtener la dispensa por miedo a ser separados largo tiempo de sus familiares.
La medida fue inmediatamente aplaudida por activistas proinmigración que saludaron el cambio regulatorio como un “acontecimiento bienvenido que le permitirá a esposos, mujeres y algunos hijos de ciudadanos estadounidenses permanecer unidos con sus familiares mientras esperan una decisión sobre su exención”, si bien lamentaron que no beneficie también a familiares de residentes.
El American Immigration Council por su parte destacó también el hecho “importante” de la mejora de la seguridad con este cambio normativo, en vista de que muchas de las solicitudes de esta exención se realizan actualmente desde Ciudad Juárez, “una ciudad marcada por la violencia”.
La medida forma parte de la táctica desplegada en los últimos meses por el gobierno de Obama en materia migratoria: ante la imposibilidad de lograr una reforma en este campo por la fuerte oposición en el Congreso, sobre todo de los republicanos. Si bien no resuelven totalmente el problema de los más de 11 millones de indocumentados en el país, sí proporcionan alivios clave a los sectores más vulnerables de esta población.
Así, el pasado verano el Departamento de Seguridad Nacional ya anunció que revisaría cientos de miles de procesos de deportación de indocumentados para priorizar las de aquellos con antecedentes penales y no las de inmigrantes sin papeles con fuerte arraigo social, entre otros por tener hijos o cónyuges con nacionalidad estadunidense.