Jaime Castrejón Diez

El endeudamiento

Uno de los grandes problemas que enfrenta el nuevo gobierno es el endeudamiento de estados y municipios que está llevando a la parálisis a estas instituciones. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha hecho ver que el problema es mayor. Hizo énfasis en que “hace tres años la deuda de los estados representaba el 1.5 por ciento del PIB, hoy es de 3 por ciento”. Los casos más urgentes son algunos municipios en Jalisco y Chiapas, Acapulco, Cuernavaca, San Luis Potosí, Guadalupe y Santa Catarina, estos dos últimos en Nuevo León. En casi todos los casos los municipios no pueden cubrir los adeudos y sus participaciones federales no alcanzarán para pagar deudas y cumplir con sus obligaciones hacia sus ciudadanos.
Para el gobierno federal es imposible rescatar a todos estos organismos, porque la SHCP no cuenta con una partida presupuestaria para hacerlo. Esto constituye una de las preocupaciones principales del nuevo gobierno. La realidad es que todos los estados conforman su presupuesto en gran parte por sus participaciones federales y algunos impuestos locales. Los municipios viven de las participaciones de la federación, de las estatales y del impuesto predial; casi en ninguna parte del país los municipios establecen impuestos locales o porque no quieren entrar en conflicto con sus gobernados o por no hacerse impopulares. El impuesto de la tenencia de automóviles es considerado un impuesto estatal y cuando la federación cedió a los estados este impuesto, algunas entidades hicieron demagogia derogándolo para ganar popularidad. Las nuevas circunstancias obligarán a los municipios a buscar recursos estableciendo impuestos locales.
El caso de los estados este año es muy complicado porque el endeudamiento es  mayor. El Distrito Federal tiene una deuda de 56 mil 232.2 millones de pesos y este año sus participaciones federales serán de 54 mil millones de pesos lo que es crítico, porque el total es menor a la deuda. Lo mismo sucede con Coahuila, su deuda es de 36 mil 503.9 millones y solamente recibirá 35 mil millones. También Nuevo León y Chiapas están, en menor grado, pero en una situación crítica.
El hecho de que un gobierno de cualquier nivel se endeude tiene varias implicaciones: el que venga atrás que pague, no implantar nuevos impuestos que le bajen popularidad, hacer obras más allá de sus posibilidades y por último, nadie se lo impide. Esta última es en donde empieza a haber cierto movimiento para imponer reglas que protejan a la ciudadanía y a los gobiernos que siguen. En una declaración, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Soto, dijo que va a promover en el siguiente período de la Legislatura una ley de responsabilidad hacendaria para poner reglas para el endeudamiento de estados y municipios. Ya también los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se han manifestado en ese sentido. Es natural, no es solamente un caso de ética política, sino de responsabilidad de quienes se endeudan. En el caso de los gobiernos estatales, sus legislaturas aprueban lo que les pide el gobernador, por lo que el endeudamiento de las entidades federativas está fuera de control.
Una de las formas por lo que los presupuestos son deficitarios es dejar nóminas fuera de las posibilidades de cubrirse. Hay una práctica que infla los gastos, cuando se inicia un gobierno estatal o municipal los nuevos gobernantes traen su gente, normalmente para pagar servicios de campaña. Lo malo es que los que ya estaban en funciones tienen plazas y no los pueden quitar, ya casi no tienen trabajo, pero siguen cobrando. Hay casos en que se llega al absurdo, como el de Acapulco que tiene más de 5 mil empleados municipales, que si se le compara con ciudades como Gua-dalajara y Monterrey que solo tienen 2 mil empleados, es difícil de explicar. Otra de las formas usuales es hacer obras que requieren financiamiento para que pague la deuda el que sigue.
Es cierto que muchas de las obras son necesarias, pero debe haber una legislación que cuide los intereses de las comunidades, que los políticos y funcionarios tengan que respetar reglas en bien de la ciudadanía. Si no se ponen reglas, se puede llegar al absurdo de tener una quiebra gubernamental en estados y municipios.