Jesús Mendoza Zaragoza

Sin confianza no hay paz

Hay hechos públicos que refuerzan la desconfianza existente hacia las instituciones públicas. Tres noticias recientes nos sirven de muestra. El caso de Florence Cassez mostró instituciones acostumbradas a retorcer el derecho en detrimento de la justicia que necesitan las víctimas de la violencia. El caso Monex que puso en entredicho la legalidad de la elección presidencial pasada es minimizado y desechado sin sanción alguna. Otro caso, más cercano a nosotros, es el del gobierno municipal anterior que dejó la administración hecha un desastre al grado de que los servicios públicos aún no han podido regularizarse en favor de la población, y no hay castigo para los responsables. El resultado es, evidentemente, el progresivo déficit de confianza hacia las instituciones públicas.
Esta desconfianza tiene repercusiones muy graves en la población, y va alimentando enojos, inconformidades, desprecios y frustraciones, porque las autoridades, enredadas en sus propios intereses, no están en condiciones de responder al cumplimiento de sus derechos, como el derecho a la justicia, a la verdad y al desarrollo.
En días pasados, el movimiento ciudadano de autodefensa de Ayutla y de Tecoanapa, detuvo a una cantidad aún muy indeterminada de presuntos responsables de delincuencia organizada, los ha retenido bajo su resguardo y se niega a entregarlos a las autoridades formales. Este movimiento, promovido por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), decide juzgar por su cuenta a estos presuntos delincuentes mediante usos y costumbres de los pueblos que representan. Este hecho deja ver diversos problemas legales y sociales que necesitan consideraciones propias por los riesgos que entrañan.
Lo que ahora me interesa señalar es que la movilización armada de los pueblos de Ayutla, de Tecoanapa y de otros municipios guerrerenses, se sustenta en una justificada desconfianza hacia las autoridades, muchas de ellas cómplices de los crímenes y de los rezagos que afectan a los pueblos. Y, en este caso, se rehúsan a entregar a los detenidos porque desconfían de la Procuraduría General de Justicia, del Ministerio Público y de la Policía Ministerial y, además, de los jueces, en muchos casos, coludidos con los criminales. Desconfían del sistema de justicia que ha dado muestras horrorosas de incapacidad, como en el caso de la señora Cassez.
Esta desconfianza, que es generalizada, se ha convertido en un escollo muy grave para el Estado de derecho y para la administración de la justicia. Y es un escollo, también, para la paz. No será fácil al movimiento de autodefensa sortear el asunto de los detenidos y se pone en riesgo de cometer errores al no existir un marco normativo confiable para juzgar y castigar a quienes resulten culpables. Pero, por otra parte, los pueblos temen entregarlos a las autoridades a las que, con razón, consideran no confiables. Este es su dilema entre dos sistemas de justicia: uno, institucional, técnicamente diseñado pero ineficaz porque permite la impunidad y, otro, de usos y costumbres pero sin técnica jurídica y que ha funcionado en comunidades pequeñas.
En fin, lo que ahora quiero enfocar es que la desconfianza social hacia las instituciones públicas, se ha ido desarrollando a la par de la corrupción pública. Si se ha mercantilizado la justicia y se subasta al mejor postor, si la impunidad es histórica, sobre todo la relacionada con los abusos de los servidores públicos, si se politiza la administración de la justicia con mucha facilidad, no puede ser confiable un sistema de justicia tal. Y esta corrupción es histórica, es ya una subcultura que ha permeado a la sociedad y se ha arraigado en el sistema político. Y no hay visos de que disminuya porque, de plano, no se afronta. No hemos ponderado aún, de manera suficiente, el daño que ocasiona la corrupción pública al país. De hecho, es uno de los factores fundamentales de la violencia que campea en las ciudades y en los pueblos, la misma que ha ocasionado los diversos levantamientos ciudadanos armados.
Los gobiernos han hablado del combate a la corrupción. Ni Fox ni Calderón hicieron esfuerzos para reducirla, y ahora Peña Nieto ha hablado de una Comisión Nacional Anticorrupción. Pero, ¿quién le cree? La clase política es parte del problema y en esas condiciones no puede ser parte de la solución. De hecho, hay un círculo vicioso entre corrupción y desconfianza que debiera romperse. Y no se prevé que lo haga la clase política, que vive en una condición de privilegio, precisamente como efecto de la corrupción.
De hecho, la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, ni por decreto ni con estrategias mediáticas. A mi juicio, la reconstrucción de la confianza social debiera ser una de las preocupaciones básicas del gobierno, como condición para superar el entorno de violencia. Porque la corrupción genera violencia de variadas formas y, por ello, deteriora la confianza. Es más, la corrupción pública es, en sí misma, una forma de violencia por el hecho de alterar la legalidad del servicio público y violentar los derechos humanos básicos de las personas y de los pueblos.
De hecho, uno de los puntos críticos de la situación actual es la desconfianza que se ha vuelto multidireccional. No es solo la desconfianza hacia las instituciones, sobre todo hacia las públicas, sino la desconfianza en el interior de la sociedad y entre ciudadanos. Esto complica mucho las cosas pues necesita ser atendida de manera proporcional y directa. Sin la confianza no se puede dar el diálogo ni podemos vincularnos con otros; sin la confianza se endurecen los ánimos y se cierran las opciones para la colaboración.
La confianza es un ingrediente fundamental para la comunicación y para cualquier relación que se precie de valiosa. La confianza abre las mentes y los corazones para acoger otros puntos de vista y para aceptar las diferencias. La confianza es elemental para encontrar convergencias y para conseguir acuerdos. La confianza es indispensable para la construcción de la paz. La confianza en los ámbitos públicos es indispensable para una buena relación entre ciudadanos e instituciones, pues favorece la corresponsabilidad y los esfuerzos en torno al bien común.
Estamos esperando una verdadera voluntad política de los poderes públicos para generar la confianza que la gente necesita. Sin esta confianza, no hay esfuerzo que valga. Los recursos económicos, los programas y los proyectos públicos caen en el vacío si no logran provocar la colaboración de la gente para el bienestar de todos. Sólo así, los campesinos de Ayutla no se resistirían para entregar a sus detenidos a las autoridades competentes para juzgarlos y castigarlos, en su caso.