La iniciativa de Aguirre mutila todas las partes avanzadas del proyecto de nueva Constitución, confirma Marcial

Daniel Velázquez

En el proyecto de nueva Constitución que el Ejecutivo envió al Congreso del estado fueron suprimidas nuevas figuras que se incluían en la propuesta original que Porfirio Muñoz Ledo entregó al gobierno del estado.
Así lo confirmó Marcial Rodríguez Saldaña, ex coordinador del proyecto de nueva Constitución, quien trabajó en la propuesta junto al ex parlamentario y ex embajador en la ONU.
Dijo que el actual texto en análisis en el Congreso local “es un proyecto que debe mejorarse mucho”.
“Nuestra idea era que el proyecto de nueva Constitución recogiera las ideas más avanzadas que hay en el constitucionalismo a nivel nacional, que la alternancia política en Guerrero se vea reflejada en una Constitución”, dijo.
Explicó que “Guerrero ha sido un lugar donde ha habido proclamas para reformas en México, como los Sentimientos de la Nación y el Plan de Ayutla, y en esta oportunidad que se tiene, que haya un documento realmente muy importante para el derecho constitucional en los estados; desafortunadamente ya en el último tramo para entregar el proyecto al Congreso se hicieron algunas modificaciones”.
En entrevista en su oficina de la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación (UEPI) de la UAG, Rodríguez Saldaña habló de los contenidos que fueron recortados, suprimidos, borrados, que no aparecen en el actual proyecto o que al final no se incluyeron.
Rodríguez Saldaña fue coordinador del proyecto de nueva Constitución de abril de 2011 a febrero de 2012.
De las diferencias que hay entre la propuesta que Muñoz Ledo y la que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero  envió al Congreso, Marcial Rodríguez dijo que seguramente se debe a que hay “abogados conservadores que no han estado inmersos en los procesos más recientes de reformas constitucionales, del constitucionalismo moderno, que han hecho un proyecto que tiene puntos débiles, digamos que no estarían acorde con la realidad actual; creo que el proyecto es perfectible, debe mejorarse en todos estos foros de consulta que están haciendo los diputados para que tengamos una nueva Constitución”.
Agregó que el mandato de los electores en los últimos dos gobiernos estatales ha sido de una transformación a fondo, por tanto se debe aprobar una Constitución de vanguardia.
“Lo más aconsejable sería que la celebración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación fuesen con una Constitución moderna, lo más progresista, lo más democrática posible”, abundó.

Las debilidades

Explicó que en el catálogo de derechos humanos, en la propuesta que Muñoz Ledo y su equipo incluyeron y se recortaron de la propuesta que el Ejecutivo, están los derechos a vivienda digna, al suministro de energía eléctrica, al acceso a la cultura, a preservar y conservar los valores culturales.
Asimismo, el derecho a la identidad cultural, que tiene que ver con los pueblos indígenas que hay en Guerrero, que cada uno tenga reconocido el derecho de preservar su identidad cultural.
Igualmente los derechos sociales y políticos de los migrantes, que incluían el derecho a circular libremente por el territorio, a decidir la residencia, lugar de trabajo, la estancia, derechos que tienen que ver con los pactos internacionales y convenciones internacionales sobre migrantes, explicó.
También se eliminó el derecho a la memoria, el derecho a conocer la historia y la verdad, y establecía además que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, toda vez que no se deben repetir ese tipo de hechos, y en caso de que llegaran a ocurrir se tiene que sancionar a los responsables independientemente del tiempo que pase.
También se incluían los derechos de los jóvenes pero también fueron recortados.
Otros derechos que fueron suprimidos son los relativos a la seguridad social, entre los que se incluían los comedores comunitarios para combatir el hambre, el derecho a guarderías públicas gratuitas, el seguro del desempleo y por discapacidad.
Rodríguez Saldaña dijo que en el diseño de nueva Constitución se consideró que algunos de estos derechos estarían sujetos al presupuesto del estado, pero su inclusión era necesaria para evitar que se hicieran reformas en un futuro próximo al documento.
Recordó que en la propuesta original también se incluían los derechos indígenas, como el derecho a la consulta cuando se tomen decisiones relativas a su territorio, el derecho a recibir educación en sus lenguas, a formar parte de los órganos de representación política como los ayuntamientos y el Congreso, y el derecho a la capacitación y al desarrollo regional, pero fueron suprimidos.
Señaló que proponían que las lenguas náhuatl, mixteca, amuzga y tlapaneca sean reconocidas como lenguas oficiales en el estado y reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público, que sean sujetos de derecho, que se les reconozca como organización, como comunidad, para presentar iniciativas de ley y participar en proyectos de desarrollo.
El reconocimiento de estos derechos, explicó el ex rector de la UAG, es porque la población indígena representa el 30 por ciento de los habitantes del estado.
El documento también incluía los derechos de la naturaleza, pero también fueron suprimidos.
Sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos la propuesta era que el titular del órgano se renovara cada  cuatro años con posibilidad de una reelección, porque cada tres años como se prevé en el proyecto entregado estará sujeto a los vaivenes de la política del estado, que tienen que ver con el cambio de diputados y  de gobernador. Además de que se obligaba a las autoridades a aplicar los derechos humanos y la protección ya no sólo con base en la Constitución de México sino con base en los pactos y tratados internacionales.

Referéndum y plebiscito, derechos disminuidos…

La propuesta enviada por el go-bierno del estado incluye el referéndum y el plebiscito como derechos individuales, no colectivos.
“Dice el proyecto que los ciudadanos tendrán los siguientes derechos: a participar en las consultas de referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, pero como un derecho ciudadano, y aquí lo importante es que se establezca como un concepto colectivo que diga la soberanía del estado de Guerrero reside en el pueblo y la va a ejercer a través de sus representantes constituidos, pero además en forma directa, el pueblo directamente a través del referéndum, plebiscito, revocación de mandato. Es un derecho diferente el que una persona tenga derecho a participar en un referéndum, plebiscito, está bien como derecho ciudadano, pero el concepto de soberanía es mucho más integral”, advirtió Rodríguez Saldaña.
Indicó que en el proyecto presentado en el Congreso, Guerrero tendrá una democracia además de representativa, popular y participativa, por lo que considera que debe agregarse que la soberanía la va a ejercer a través de sus representantes y directamente el pueblo o de lo contrario será un concepto limitado.
La revocación de mandato fue otro de los conceptos “que no aparece” en el proyecto y que fue una de las ideas recogidas en la campaña de Aguirre para gobernador.
Rodríguez Saldaña dijo que la revocación de mandato ya está  incluida en constituciones locales como la de Chihuahua y Oaxaca.
“También venía un capítulo especial de democracia participativa, pero este capítulo fue suprimido”, resaltó.
Otro aspecto que tiene que ver con la participación ciudadana es el nombramiento de los miembros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral,  el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que no sea facultad del gobernador proponerlos, sino que como se hace en el caso de la Codehum y del auditor general, se emita una convocatoria pública para que los ciudadanos puedan participar y mediante un proceso transparente puedan integrar dichos órganos autónomos.
La propuesta del Ejecutivo propone que los integrantes de aquellos órganos podrán ser nombrados con una mayoría simple, es decir si de los 46 diputados sólo asisten 24 y 13 votan a favor de los nominados, con esos podrán integrarse los órganos autónomos.
“Lo correcto es que sean nombrados por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, de tal manera que independientemente de quién esté en el gobierno, por ese diseño constitucional no sean órganos de partido o de gobierno, que una mayoría pequeña sea la que decide, sino que participen más fracciones parlamentarias para que esos órganos tengan fuerza y estén dotados de una fuerza constitucional muy importante”, dijo Rodríguez.
Más omisiones

Otros aspectos que fueron suprimidos del proyecto de nueva Constitución son la creación de  un consejo ciudadano de medios de comunicación, con el que se buscaba que hubiera políticas y principios claros sobre los cuales deben conducirse los medios del Estado, para que “no sean órganos de gobierno sino al servicio de la sociedad”.
Otra propuesta no incluida fue el sistema local de control de constitucionalidad, el cual serviría para dirimir a nivel local cualquier acto contrario a la Constitución, los que actualmente resuelve la Suprema Corte de Justicia.
“Este órgano ya existe en Veracruz, el estado de México, Nayarit, Tabasco, Oaxaca, y se proponía una corte constitucional local, no se incluyó  porque hay abogados que dicen que aunque se resuelva aquí tendría  que ir a México, pero necesitamos ir recuperando funciones  que tienen órganos federales que les corresponden a los estados”, dijo.
Además se proponía que cualquier ciudadano tenga derecho a impugnar cualquier acto que viole la Constitución, para que no quede impune, “eso es participación ciudadana y es importante que se incluya para que realmente preservemos el Estado constitucional de derecho”, y se suprimió.
Consideró que sería un acierto si a la corte de control de constitucionalidad se le diera la facultad de que antes de que se publique una ley la la revise y si no es constitucional se detiene.
Otro de los “puntos débiles” en el proyecto, añadió, es que el Congreso podrá “invitar” a los funcionarios a comparecer, lo cual hace que se quede sin control, porque una invitación “se puede aceptar o no”.
Uno más es que a los diputados se les da la posibilidad de hacer preguntas a los funcionarios del gabinete, pero no se obliga a un tiempo determinado a que los funcionarios respondan, “entonces ahí también está débil el proyecto”.

Lo que sí incluye

Rodríguez Saldaña destacó que es “importante” que el gobernador haya enviado un proyecto de reforma integral a la Constitución del estado, porque sólo se habían hecho reformas parciales para adecuarla a los cambios a la Constitución de la República.
El también ex síndico de Acapulco dijo que el proyecto tie-ne “asuntos interesantes, buenos”, como la propuesta de que exista un Consejo de Políticas Públicas que “es algo innovador en el derecho constitucional local, que no existe en ningún otro estado y es algo para que el estado se vea más que por periodos de gobierno, como unas políticas que trasciendan a los periodos de gobierno”.
Otro acierto es que a diferencia de la Constitución actual, este proyecto tiene un catálogo propio de derechos humanos, pero con “algunas debilidades”.