Protestan marquesanos en Profepa y Semarnat; piden el estudio de la UNAM sobre la marina

Yee Trujillo

Unos 60 restauranteros y prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués protestaron en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para insistir en que les muestren el estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y exigieron una solución a las afectaciones que causaron las obras de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) o la demolición de la marina Majahua, así como una retribución a los afectados.
Desde las 10 de la mañana los inconformes, encabezados por los restauranteros del tercer bloque, Adrián Deloya Álvarez y Alberto Palma Hernández, llegaron a las oficinas de la Profepa con pancartas en las que exigían la renuncia del delegado Joel Tacuba García, la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y que les regresen la playa “para poder mantener a nuestras familias”.
Al no recibir una respuesta comenzaron a recorrer cada una de las oficinas exigiendo que el delegado dejara de esconderse y saliera a atenderlos: “fuera Tacuba, fuera”, “basta ya de corrupción”; “Joel Tacuba, da la cara”; “que salga de abajo de las mesas”; “se fue por las escaleras de incendio”, gritaban, pero el único que se acercó a ellos fue un hombre sin uniforme que grabó con un teléfono celular los rostros de las personas, e incluso ocurrió un altercado porque se negó a identificarse y a decir si era o no trabajador de la dependencia.
Ante reporteros, Deloya Álvarez aseguró que tienen un avance del estudio en donde la UNAM concluye que la construcción de la marina Majahua fue la causante de la desaparición de la zona de playa y la destrucción de los restaurantes por incrementar las corrientes marinas y rellenar inadecuadamente 10 mil metros cuadrados del mar, por lo que reclamó que ni Tacuba García ni el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (Semaren), Carlos Toledo Mazur, habían dado una respuesta al problema y se niegan a recibirlos.
“Profepa elude su responsabilidad. Hace tres meses declaró que tenía muchos problemas la marina, que se había pasado mil y tantos metros, que habían puesto unos baños donde no deberían ir y que colocaron unas placas, y si es cierto ahí están las placas causando remolinos tremendos y ya se ahogó una persona. Está contaminando, pero ahorita ya dice que todo está limpio, que ya no hay problema, pero la marina causa muchos problemas a Puerto Marqués. El estudio marca que posiblemente el primer bloque puede llegar a la mitad del segundo y la desaparición de la playa, y al desaparecer toda la playa van a tener muchos problemas la Profepa por decir mentiras y la Semarnat y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por eso pedimos la anulación de la concesión o la demolición de la marina porque no están buscando alternativas para reparar”, señaló.
Ante lo que ocurría afuera de su oficina, minutos antes de las 11 de la mañana, el subdirector administrativo, Carlos de Jesús Solís Maciel, salió a decirles que Tacuba García estaba “en una comisión”, pero que los atendería hoy a las 11 de la mañana, aunque los inconformes pidieron que se pospusiera hasta las 2 de la tarde porque a las 10 se reunirán con funcionarios del Ayuntamiento en Puerto Marqués, y ante las preguntas de reporteros el funcionario se limitó a decir que no estaba facultado para hablar sobre los resultados de la UNAM.
“Que ya traiga alternativas, que ya traiga respuestas porque no estamos dispuestos a estar otra vez en mesas oyendo lo mismo. Seguramente ya se puso en contacto con el delegado federal, Francisco Moreno Merino, seguramente ya sabe”, exigió el propietario del restaurante Pez Vela, Miguel Ángel Martínez Ibarra, y se quejó porque todas las inversiones privadas han traído daños a Puerto Marqués y sus habitantes sin dejarles un beneficio.
Luego, los inconformes se trasladaron a las oficinas de la Semarnat, donde después de un altercado porque los trabajadores no les permitían la entrada fueron recibidos por el titular, Germán Parra Dávila, aunque les dijo que no tiene “la información completa del caso” porque sólo ha acudido a una reunión en la que ellos también estuvieron presentes, y que de la Subsecretaría de Gestión lleva el aspecto técnico en las oficinas centrales, aunque ofreció su colaboración para solicitar información de los trámites que han ingresado en las oficinas centrales y las decisiones que se han tomado.
Parra Dávila subrayó que la solución no depende de la delegación porque sus funciones son normativas y no técnicas, que es la delegación estatal de la Profepa la que debe de aplicar las leyes ambientales y sancionar el daño hecho a los recursos federales y naturales, aunque opinó que le apena “que las soluciones no sean lo suficientemente ágiles y sobre todo decisiones justas que atiendan efectivamente a la verdad y la realidad de las cosas” y que debería haber “una indemnización justa” para ellos.
“Ya le dije a qué nos dedicamos, no estoy obligado a saber todo lo que hay y todo lo que existe”, respondió molesto a uno de los afectados que criticó que la Semarnat no supiera nada y que este problema también le correspondía. Finalmente, acordaron que el próximo martes se reunirán para comenzar a agilizar el trámite de sus concesiones de los restaurantes.
En entrevista previa a las protestas, Deloya Álvarez dijo que Aguirre Rivero se comprometió a que el 14 de diciembre les informaría los resultados del estudio pero esto no ha ocurrido, e insistió en que los afectados, el alcalde Luis Walton Aburto y el gobernador deben presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República por daños al medio ambiente porque la obra de GMD provocó un ecocidio y dañó la línea de costa, y que debe pagar o reparar el daño hecho al mar a los 26 restaurantes.
Dijo que por la crisis económica que enfrentan más de 250 familias porque los turistas ya no acuden a los restaurantes por falta de playa, no han pagado impuestos en los últimos dos años y cada restaurante registra pérdidas por más de un millón de pesos; “nada más yo de mi restaurante en zona federal debo más de 100 mil pesos, más 7 mil, 8 mil pesos de la licencia del año pasado y de este año, más la luz, más el agua potable, entonces ya tenemos un adeudo cada restaurante de 200 mil pesos, pero el vestir, el comer de nuestras familias y nuestros trabajadores, que ellos no saben si hay un daño, ellos lo que quieren es un sueldo”.
Deloya Álvarez destacó que el pasado martes acudieron a notificar vía oficio sobre el problema al presidente Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Semranat, Profepa, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Cámara de Senadores, e incluso el 7 de febrero se reunirán con la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.