Los militares sólo patrullan la carretera Ayutla-Tecoanapa; la seguridad recae en ciudadanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La vigilancia de los pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa que se armaron en contra de la delincuencia desde el 5 de enero, ayer todavía recayó en los ciudadanos, porque la presencia del Ejército y de la Policía Federal no ha sido permanente.
Mientras tanto, los dirigentes del movimiento se volvieron a reunir ayer en Ayutla para seguir preparando la asamblea popular del 31 de enero en la que serán juzgados los detenidos que, según informaron, ya suman 56.
Vía telefónica, uno de los voceros del movimiento en Tecoanapa, aseguró que en los puntos de revisión y control de Las Mesas, municipio de San Marcos y en El Pericón municipio de Tecoanapa, sigue la presencia de ciudadanos realizando la revisión de los automovilistas que son sospechosos, debido a que los elementos del Ejército solamente estuvieron unas horas, pero el fin de semana abandonaron sus puestos.
La fuente explicó que en el caso de Ayutla, solamente hay filtros de los ciudadanos y también hay recorridos permanentes por las comunidades.
Dijo que los soldados solamente realizan patrullajes por la carretera estatal Tierra Colorada-Cruz Grande, mientras que por las noches son auxiliados por la Policía Federal, con quienes instalan retenes intermitentes a lo largo de la carretera, en los tramos que comprenden estos dos municipios.
Pero, dijo, en el transcurso del día las actividades de los uniformados se reducen a realizar recorridos por la carretera.
El coordinador del movimiento civil de autodefensa de Tecoanapa, informó que las clases se han regularizado sobre todo en las comunidades rurales, pero que en algunas de la zona urbana que se encuentran a la orilla de la carretera, no se han podido normalizar, en algunos casos porque los alumnos tienen miedo y no acuden a sus escuelas por decisión de sus padres.
Informó que las reuniones de los dirigentes del movimiento con los distintos sectores son diarias y que se han reunido con los maestros a quienes han dejado en libertad para que sean ellos los que determinen si realizan sus actividades, “algunos han decidido regresar a sus labores, otros no, pero creemos que poco a poco todo va a ir regresando a la normalidad”, dijo.
Informó que ayer, por ejemplo, se volvieron a reunir en Ayutla con los transportistas a quienes les pidieron su colaboración para regularizar el servicio “y para insistirles en su colaboración para evitar que sean infiltrados por los delincuentes”.
Dijo que los dirigentes del movimiento de autodefensa continúan deliberando con los comisarios municipales y comisariados ejidales o comunales de los distintos pueblos para detallar el mecanismo mediante el que serán juzgados los 56 presos que se encuentran bajo resguardo del movimiento.
Informó el número de detenidos se incrementó (la semana pasada reportaron 44) debido a que algunos de ellos fueron entregados por los propios comisarios municipales, quienes los acusan de diferentes delitos.
El vocero rechazó una versión periodística en el sentido de que algunos ya fueron liberados, pues dijo que todos serán declarados, y en su caso juzgados, en una misma asamblea popular y que antes, ninguno de los dirigentes está facultado para liberar a nadie.
Mientras tanto, la comisión de organización envió ayer una invitación a las organizaciones sociales, a la prensa, a las agrupaciones indígenas y a los organismos de derechos humanos, para que asistan a lo que será el “Tribunal de Justicia Comunitaria de la Unión de Pueblos de la Costa Chica por la Seguridad y Justicia”.
La invitación expresa: “los pueblos y comunidades organizados en torno a nuestro legítimo derecho a la autodefensa, hacemos la más cordial invitación para asistir el día 31 de enero del 2013  “al Tribunal de Justicia Comunitaria”.
Informa que el encuentro será en la comunidad mixteca de El Mesón, municipio de Ayutla de los Libres, “donde se realizará a través de nuestros usos y costumbres, una impartición de justicia comunitaria a los resguardados, que a partir del día 6 de enero del presente año, han sido señalados como parte del crimen organizado que ha azotado a nuestra región”.
Aclara que: “esta es una asamblea pública, pero cuyas decisiones recaen en los pueblos organizados”.
El documento añade que, “les adelantamos que así como sucedió en la Costa-Montaña, nos alejaremos de todas las formas corruptas de lo que le dicen justicia en nuestro país”.
Agrega que, “estamos pensando en reeducación y no en prisión, estamos pensando en las familias afectadas y eso incluye a las de los resguardados, estamos pensando en que reparen el daño que hicieron con trabajo comunitario y no con dinero”.
En este contexto la comisión de organización de las actividades de éste 31 de enero invita “a observar de cerca cómo nos organizamos y cómo estamos empezando a impartir justicia en esta región”.
El documento también cuestiona que el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), quien visitó a los “resguardados” por el movimiento el 23 de enero, haya tenido “mucha preocupación por constatar el estado en que se encontraban, pero no de las familias de quienes fueron asesinados, abusadas sexualmente, extorsionados, secuestrados”.
En el escrito se quejan de que, “nunca recibimos visita alguna, por eso hoy la justicia la ejercemos nosotros, pero no de forma cualquiera, sino que de una forma comunitaria. Que no es con ganas de destruir a ninguna persona, es con ganas de que enderece su camino”.