Esteban Maldonado fue nombrado fiscal de la PGJE y tenía dos señalamientos de la CNDH

Redacción

Chilpancingo

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones en contra del agente del Ministerio Público Esteban Maldonado Palacios por su actuación inconsistente y de mal manejo jurídico en las investigaciones de los asesinatos del periodista Amado Ramírez y de los líderes indígenas del pueblo mixteco Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el funcionario siguió en activo y siendo parte del equipo compacto del gobierno de Angel Aguirre Rivero, del que ahora fue despedido con otros siete funcionarios.
Esos son los antecedentes directos de Maldonado Palacios, quien tiene fama al interior de la PGJE de prestarse a “sacar casos calientes y demostrar eficiencia” para ganarse la confianza de sus superiores, lo que lo llevó a ser designado fiscal de Delitos Graves con el procurador Alberto López Rosas.
A Maldonado se le atribuye haber resuelto varios casos con los que se exponía públicamente como un fiscal “eficiente”, hasta que ocurrió el desalojo del pasado 12 de diciembre, cuando fueron asesinados a balazos dos normalistas de Ayotzinapa.
Esteban Maldonado fue el encargado desde arriba de “cuadrar” todo lo relacionado a las diligencias ministeriales que se iniciaron por esos hechos.
Sus antecedentes indican que esa “eficiencia” era artificial, para dar resultados apresurados.
Una muestra del apresuramiento que caracterizaba a Maldonado son las deficiencias en la integración de expedientes como el del asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, por el cual la CNDH emitió la recomendación 01-2008 contra el gobierno del estado.
En esa recomendación la CNDH indica que en la PGJE “no se agotaron las líneas de investigación y que existe irregular integración en la averiguación previa, además de que hay numerosas irregularidades en las pruebas periciales de retratos hablados, así como inconsistencias y manipulación en el manejo de varias pruebas testimoniales”.
En esa recomendación, la CNDH le pidió al entonces gobernador Zeferino Torreblanca que el procurador de Justicia “instruya cuanto antes al agente del Ministerio Público correspondiente para que inicie, continúe o agote líneas de investigación hasta ahora no atendidas y, en su oportunidad, se determine jurídicamente la investigación conforme a la ley relacionada con el homicidio del corresponsal de Noticieros Televisa y conductor del noticiario ‘Al Tanto’, de la estación Radiorama, de Guerrero”.
Pero además le solicitó a Torreblanca Galindo “dar vista a la Contraloría Interna de la procuraduría estatal, así como al agente del Ministerio Público del Fuero Común, para que se investigue a los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Carlos Vinalay de la Rosa, Esteban Maldonado Palacios, David García Muñoz, Raciel González García y Epifanio Martínez Bailón”, a quienes señala como responsables de esas anomalías.
De ese caso como agente del Ministerio Público adscrito a Barrios Históricos de Acapulco, Maldonado Palacios fue “castigado” al cambiarlo de agencia; lo mandaron a Ayutla, donde fue también señalado en otra recomendación de la CNDH.
Se trata de la recomendación 78/ 2010 que emitió el 28 de diciembre la CNDH por el asesinato de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en la que el organismo señala “deficiencias y omisiones de la Procuraduría de Justicia del estado que pudieron haber evitado la ejecución de los dirigentes indígenas, así como irresponsabilidades en la investigación para el esclarecimiento del caso”.
Esa recomendación señala otra vez a Esteban Maldonado, por lo cual la CNDH solicitó por segunda ocasión dar vista a la Contraloría de la PGJE para iniciar una sanción respectiva contra el funcionario.
De las dos recomendaciones y las responsabilidades o sanciones de las que pudo ser objeto, no se tiene conocimiento de algún resolutivo de sanción, tan es así que en este gobierno y con López Rosas se le nombró fiscal especial de Delitos Graves.

Fabricó delitos Urquizo; lo señala uno de sus colegas

Otro de los funcionarios cesados es el comandante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), David Jesús Urquizo Molina, quien fue ascendido como comandante con López Rosas y está acreditado que fue él quien operó para sembrarle el AK-47 al estudiante normalista Gerardo Santiago Peña y acusarlo de haber provocado la reacción armada de policías federales, estatales y ministeriales.
Lo anterior se deriva de una declaración ministerial que rindió ante la PGR por esos hechos el agente Reyes Castro Tolentino, quien ante el Ministerio Público Federal aceptó que el 12 de diciembre firmó el oficio de intervención en el desalojo violento, pero porque su “jefe”, David Jesús Urquizo Molina, se lo ordenó a pesar de que “no le constaba nada de lo ahí asentado”.
En esa declaración que obra en la PGR, Castro Tolentino explicó que el oficio 11317 lo firmó junto con el agente Raúl Gama García y el comandante Urquizo Molina y que contiene el informe de la intervención de los agentes ministeriales, desde que recibieron el llamado de acudir al lugar del bloqueo, hasta la aprehensión de 24 personas, la mayoría normalistas.
Uno de esos detenidos era el estudiante normalista Gerardo Santiago Peña, de 19 años, quien denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue víctima de “tortura y obligado a disparar un rifle para que se impregnara de pólvora y pudiera ser incriminado en los hechos”.
En ese oficio 11317, se informa que Santiago Peña fue detenido en el cerro que está a un costado de la autopista, desde donde supuestamente realizaba disparos en contra de los agentes.
Narra el documento que “le fue encontrada en la bolsa derecha de su pantalón unos cartuchos útiles calibre 7.62 (…) al cuestionarlo sobre el arma de fuego con la cual utilizaba dichas municiones, éste de inmediato reconoció que por la reacción policiaca la había arrojado”.
Castro Tolentino reconoció que el día de los hechos no se presentó a trabajar debido a que había pedido permiso para celebrar a la virgen de Guadalupe, y que al enterarse por la tarde de lo sucedido, acudió a su comandancia y primero lo asignaron a vigilar a los detenidos, y después Urquizo Molina le encargó seguir a seis de sus compañeros, quienes habrían sido los que llevaron al normalista a un paraje rumbo a Zumpango, donde lo obligaron a disparar el rifle AK-47, para incriminarlo.
En ese mismo cerro, que menciona en el informe el policía Castro Tolentino, ese 12 de diciembre por la tarde, un grupo de reporteros sorprendió a un grupo de policías, que encabezaba Urquizo Molina, “sembrando” cartuchos percutidos en una zona de pastizal seco y se generó un clima de animadversión a reporteros y fotógrafos que se concluyó cuando llegó al lugar el entonces procurador Alberto López Rosas, quien ordenó que se retiraran todos los policías del lugar, pues iba acompañado del presidente de la Codehum, Juan Alarcón, y esperando que bajaran del cerro unos normalistas temerosos que huyeron a esa zona.
Por la noche, López Rosas encabezó una conferencia de prensa donde avaló el reporte que recibió del comandante de la PIM en la zona Centro, David Jesús Urquizo, presentó el rifle AK-47 y habló de un detenido, que dijo no era normalista y era “ajeno al movimiento”, por lo tanto avaló las pesquisas que hasta ese momento le había entregado su fiscal de Delitos Graves, Esteban Maldonado, que apuntaban a la teoría de un movimiento “infiltrado” que provocó la confrontación con los estudiantes y sus “consecuencias fatales”.