El gobierno no ha cumplido lo que informó a la CNDH, señala Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El informe que el gobierno del estado entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las investigaciones y avance de acciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, es “mediático” y con él, el gobernador Ángel Aguirre “quiere adelantarse a los acontecimientos para disminuir la probable responsabilidad que pudiera imputarle el organismo, pues en los hechos no ha cumplido con la mayor parte de lo que informó”, dijo ayer el director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Ello luego de que el gobernador envió a la CNDH un documento en el que se destacan las acciones gubernamentales en torno al caso, de acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno el jueves pasado.
Rosales Sierra dijo que  el gobernador Aguirre Rivero quiere deslindarse de los acontecimientos por lo que pudiera imputarle la CNDH, y disminuir la sanción en su contra.
Pero dijo que en los hechos el gobierno no ha cumplido con la reparación de los daños y que los apoyos a las víctimas han sido aislados, mientras que la investigación para ubicar a los responsables materiales e intelectuales no ha dado resultados, pues solamente hay dos detenidos de la Policía Ministerial.
Asimismo, falta por determinar quiénes son los responsables intelectuales por parte de la Procuraduría de Justicia Estatal, para fincarles la responsabilidad penal.
Por ello Rosales Sierra dijo que el informe del gobernador a la CNDH “es mediático, para darle la impresión al organismo que está cumpliendo, pero no vemos avances claros en los hechos”.
Dijo que los organismos de derechos humanos esperan que la CNDH, sin que se deje presionar, reconozca en su próximo informe que las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías estatales y federales durante el desalojo de normalistas el 12 de diciembre fueron “graves”.
El asesor jurídico de Tlachinollan también rechazó que se haya dado apoyo psicológico a las víctimas y seguridad policiaca, pues lo que les ofrecieron fueron los servicios de la Policía Ministerial y de los profesionistas de la Procuraduría estatal, dependencia que ha calificado como “vándalos, delincuentes”, y que con esa opinión no se puede brindar la ayuda profesional a los estudiantes.
Ante ello el abogado Rosales Sierra dijo que espera que la CNDH en su próximo informe emita una resolución apegada a los estándares internacionales y que no se “impresione” por la opinión de las autoridades estatales.