Suspende el Frente de Masas el diálogo con el gobierno por la muerte de los normalistas

Redacción

Veinte organizaciones magisteriales, de defensa de derechos humanos, ecologistas y de reivindicación de la lucha social, aglutinados en el Frente de Masas Populares de Guerrero (FMPG) enviaron un “Manifiesto al Pueblo de Guerrero” en el que se solidarizan con los estudiantes dela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y exigen juicio político para el gobernador Ángel Aguirre Rivero por el desalojo violento del pasado 12 de diciembre, en el que fuerzas policiacas asesinaron a dos jóvenes.
El comunicado asegura que solo el Juicio Político al gobernador hará justicia y no dejará impune el crimen de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en referencia a las muertes de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
En 10 puntos, el FMPG da su “total respaldo y solidaridad con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Condenamos la represión de que fueron objeto de manera coordinada por cuerpos policiacos estatales, ministeriales y federales. Repudiamos el asesinato de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Responsabilizamos al gobernador de ésta represión, de la muerte de los dos estudiantes, de las secuelas que puedan tener los estudiantes que resultaron heridos y los que fueron detenidos y torturados. No es suficiente la destitución de funcionarios, no aceptamos que el gobernador quiera exculparse responsabilizando a otros. Él designó a sus funcionarios ahora cesados en los despachos de seguridad y justicia y si se equivocó o le fallaron, es su responsabilidad. Él generó este conflicto con su indolencia ante la demanda de audiencia y negativa de solución a las demandas de nuestros compañeros normalistas y esto no puede quedar impune”.
Por eso, agrega, “nos sumamos a la demanda de juicio político que han presentado los estudiantes agredidos ante las autoridades correspondientes y llamamos al pueblo de Guerrero y a sus organizaciones a hacer suya esta exigencia. Emplazamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que lleve a cabo una investigación imparcial, apegada a derecho y que no ceda a presiones de ningún tipo para exonerar de las graves violaciones a las garantías individuales y sociales en las que ha incurrido el gobernador y demás funcionarios estatales y federales que resulten responsables”.
A su vez, continúa, “reclamamos que el proceso legal que implica el juicio político al gobernador de Guerrero cuente con la debida coadyuvancia de los asesores legales del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, como garantía para que se desahogue debidamente. Pero además, convocamos al pueblo de Guerrero y a sus organizaciones a que nos mantengamos alertas dando seguimiento puntual a éste proceso y a acompañar con la movilización y la acción política ésta exigencia de justicia”.
“Hacemos nuestras las exigencias de respeto a la educación normal rural, de ampliación de su matrícula, mejoramiento de las condiciones de estudio, democratización de la vida interna de éstos centros de estudio y fortalecimiento de su proyecto educativo y seguiremos exigiendo a las autoridades competentes la solución de las demandas del pueblo de Guerrero, bajo la consideración de que quien genera y es responsable de éstos problemas, necesidades y demandas, debe resolverlas. Repudiamos el diálogo engañoso y provocador que no resuelve y que trata de justificar la represión, como sucedió con nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Por ahora y en tanto no se aclaren los sucesos del 12 de diciembre y se castigue a los culpables, suspendemos las gestiones con el gobierno de Guerrero, conscientes del sacrificio de nuestros compañeros que esperan la atención a sus demandas. La sangre de nuestros estudiantes caídos no vale las migajas y paliativos con que se responde a nuestra exigencia de cumplimiento de nuestros derechos. Tenemos muchas necesidades, pero más dignidad. Regresaremos al diálogo cuando se haga justicia y haya compromisos reales de solución y se extinga la sombra de la represión”, apunta.
En el texto ambién se demanda la cancelación de las concesiones mineras de la Costa Chica-Montaña, de la Barra de Potosí y el puerto de Zihuatanejo a la empresa Fonatur. y del material pétreo del arroyo de Juluchuca en Petatlán a la empresa Agritsa y la conclusión de la obra de agua potable para los cinco pueblos de Tecoanapa. La cancelación del Acuerdo para la Calidad de la Educación en Guerrero y el reconocimiento e impulso del Proyecto de la Escuela Guerre-rense Altamiranista.
El documento lo firman la CETEG; la OCSS; Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo; Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos; Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos  Humanos en Guerrero ; Consejo de Autorida-des de las Comunidades del Municipio de Tecoanapa; Movi-miento de Pueblos Unidos Contra la Privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí, Taller de Desarrollo Comunitario A.C. y  Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social de Guerrero, entre otras.