Rechazan PRD y PT al Ejército en las carreteras; aplauden el PRI y el PAN

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Ejército, la Marina y la Policía Federal (PF) son corporaciones corrompidas y la salida de sus cuarteles no garantizará la reducción en los índices delictivos en el país, afirmaron los dirigentes del PRD y PT, tras el anuncio de la Secretaría de Gobernación (Segob) de que regresarán a las carreteras del país como una estrategia contra la delincuencia.
Dijeron además que esa es una respuesta del gobierno federal ante la organización social de autodefensa.
El lunes pasado el titular de la Segob anunció que esas corporaciones regresarán a vigilar las principales carreteras del país en coordinación con los gobiernos estatales y sus policías, como parte de la estrategia contra la delincuencia organizada.
El dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que es buena la intención del gobierno federal de terminar con la delincuencia organizada, pero para poder hacerlo antes “se debe terminar con la corrupción”.
“Si se trata de mandar al Ejército, la Marina y la Policía Federal a las ciudades y a las carreteras, esto sólo nos representa un gasto muy grande al país”, comentó Reyes Torres.
La primera estrategia de seguridad que se debe asumir es el combate a la corrupción, porque de no hacerlo continuarán los vicios, “hay gente involucrada desde adentro que sirve a otros intereses”, señaló en entrevista.
Recomendó al presidente Enrique Peña Nieto que replantee sus estrategias y busque otro sistema que permita garantizar “que el Ejército y la Armada ya no estén coludidos con los delincuentes”.
Expresó además que la estrategia policiaco-militar implementada en el sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa “resultó fallida”, y recordó que uno de los compromisos de Peña Nieto fue regresar la tranquilidad, “más vale que exista una nueva estrategia”, porque de repetirse habrá los mismos resultados que en la administración federal pasada, sostuvo.

Estrategia para inhibir la organización social

Por su parte, el integrante el integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del PT, Jorge Salazar Marchán, dijo que de entrada sacar al Ejército y la Marina de sus cuarteles es una violación al Estado de derecho, porque esas corporaciones no tienen entre sus facultades “cubrir la seguridad interna en territorio nacional”.
Consideró que el uso de fuerzas federales es un abuso “del PRI, el PAN y Nueva Izquierda (corriente del PRD)”.
El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local recordó hechos como la masacre de 11 personas en El Charco, en Ayutla, a manos del Ejército y “los antecedentes de su actuación durante la Guerra Sucia en Guerrero”.
Dijo que la militarización es una respuesta del gobierno federal ante el temor de que la sociedad se organice y recurra a la autodefensa, aunado a que no hay protocolos de acción y detención, “el Ejército es menos respetuoso de los derechos humanos”.
Consideró que su sola presencia es intimidatoria para las comunidades organizadas, sobre todo las indígenas que históricamente han sido violentadas por militares.
El dirigente del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, afirmó por su parte que fue una decisión inteligente del gobierno federal regresar a esas corporaciones a las calles.
Afirmó que no hay riesgo de que la Marina y el Ejército cometan violaciones a los derechos humanos, “porque ya fueron capacitados para atender a los ciudadanos”, e insistió en que su trato en los retenes es “muy amable”.
Recordó que se registraron “maltratos y violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos”, pero a partir de la capacitación en esa materia su actuación ha cambiado.
Por su parte, el dirigente panista Andrés Bahena Montero celebró la decisión del gobierno federal por recuperar la estrategia del ex presidente Felipe Calderón, al anunciar la reincorporación del Ejército y la Marina a realizar funciones de seguridad pública.
Afirmó que era necesaria esta acción “para devolver la seguridad a la ciudadanía”, y dijo que no es novedoso porque únicamente replicaron la estrategia de Calderón Hinojosa.
Dijo que en el estado será necesaria una coordinación de las corporaciones federales con la Policía Comunitaria.
A pregunta expresa dijo que para garantizar la seguridad de los ciudadanos en materia de derechos humanos debe haber coordinación con el gobierno estatal y la ciudadanía debe hacer valer su derecho a la denuncia de cualquier agresión.