Desaprueban abogados los juicios populares a los detenidos por los movimientos de autodefensa

Mariana Labastida

Integrantes del Colegio de Abogados Mariano Otero se manifestaron en contra del juicio popular que harán los integrantes del movimiento de autodefensa para juzgar a los detenidos y exigieron al gobierno del estado que tome el control de la situación en las comunidades donde hay movimientos armados.
El presidente del colegio, Ventura Castro Arévalo consideró que los levantamientos armados están violando los derechos constitucionales de los detenidos y del resto de los ciudadanos al no poder circular por el estado de manera libre ante los retenes que han colocado en diferentes localidades.
En conferencia de prensa, Castro Arévalo dijo que hay una inquietud entre los integrantes del colegio por los levantamientos armados porque violan los derechos constitucionales de los ciudadanos con los retenes y las detenciones que se están haciendo, aunque admitió que los acciones se han dado porque “la delincuencia se ha dejado avanzar sin ser debidamente atacada por las instituciones responsables para ello”.
El abogado expuso que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Guerrero, en la que se están avalando los movimientos para realizar su propio juicio popular, no debe aplicarse a quienes no sean indígenas.
Consideró que al asumir el pueblo las garantías de su propia seguridad y libertad se está dando un resquebrajamiento del estado de derecho, por lo que convocó a las autoridades estatales para que intervengan.
“Decirle al señor gobernador –Ángel Aguirre Rivero– que si la policía preventiva, ministerial no le está funcionando que vaya pensando en cambiar, porque el pueblo está realmente cansado de tanta inseguridad”, insistió en que las organizaciones quieren que se mantenga el estado de derecho, debido a la inquietud que están generando en Acapulco los levantamientos porque temen que ocurra lo mismo en las colonias con mayor índice de inseguridad.
“Estamos viendo que cada quien ejerce el poder de las armas, es lo que han estado dando a entender estas gentes, queremos que el gobierno actúe con responsabilidad”, dijo.
El segundo vicepresidente, Jesús Antonio Lemus Beltrán explicó que en la Ley 701 se permite a las comunidades garantizar la administración de justicia, sin embargo en el artículo 31 se establece que debe de ajustarse a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del estado, en donde se establece que no puede haber tribunales especiales.
“Sabemos y estamos concientes del flagelo de la delincuencia común y organizada; y de que las autoridades han incumplido con dar seguridad y que se tenga confianza, pero no podemos permitir que en un momento se de una situación de conflicto armado, que generaría o desencadenaría algo mayor a nivel nacional”, por lo que consideró que “hoy por hoy el estado debe de empezar a tomar las riendas en los márgenes del derecho” ante los levantamientos armados.
El vicepresidente del Colegio, Juan Moreno Barrios exaltó que las normas estatales no puede estar por encima de la Constitución, y cuestionó que en Acapulco no haya aún un secretario de Seguridad Pública, “hay un encargado de despacho pero es como si no lo hubiera”.
En la postura oficial entregada a los medios, los integrantes del colegio llaman a las comunidades a que se ajusten al marco legal y respeten el artículo 30 de la ley 701 que señala que el estado reconoce al validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de la comunidad. Y que el jurado popular que se quiere establecer queda fuera de dicha jurisdicción al ser delitos de fuero federal.
También convocaron al Congreso del estado que “finque responsabilidades en términos de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero a las autoridades estatales y municipales que  estén faltando a sus deberes legales e incumpliendo el ejercicio de sus funciones para que esas comunidades hayan llegado a esos extremos, el pronto reestablecimiento del estado de derecho, a establecer mesas de diálogo con las comunidades para que sean las autoridades establecidas las que administren justicia en los términos de sus competencias”.