Humberto Musacchio

El IFE, empeñado en su descrédito

Es escandaloso, por decir lo menos, acusar a Andrés Manuel López Obrador de haberse excedido en los gastos de campaña. Es inadmisible que lo haga la Unidad de Fiscalización del IFE que ha sido ciega, sorda y omisa a la hora de revisar otras cuentas.
La acusación es ridícula para una ciudadanía ampliamente enterada por los medios escritos de comunicación. Gracias a una profusa información periodística supimos que en sus desplazamiento por la república López Obrador viajaba en avión de línea y en asiento de clase de turista con apenas uno o dos asistentes, que en muchos lugares eran los partidos de la coalición que lo tenían de candidato o sus simpatizantes los que prestaban sus vehículos, ofrecían alimentos y hasta hospedaje.
La austeridad marcó claramente la campaña de AMLO (y casi en la misma medida la de Josefina Vázquez Mota). El gasto grande, la ostentación, el despliegue de inmensos recursos económicos se vio en la campaña del PRI, cuyo candidato disponía de una flotilla de jets y helicópteros para sus desplazamientos. El derroche se vivió en la campaña priista, con aviones fletados para trasladar a sus invitados especiales a los actos de campaña, con las caravanas de autobuses a su servicio, el hospedaje en los mejores hoteles de cada ciudad, los banquetes, las borracheras y todo el boato que suele acompañar desde siempre las campañas priistas.
A lo anterior puede sumarse “el favor” de la televisión comercial hacia el abanderado del tricolor, al que –salvo excepción por conocer– en cada noticiero dedicaba más tiempo, tomas abiertas y mejor selección de audio que a sus contrincantes, quienes tuvieron una activa propaganda contraria con encuadres que hacían ver poca asistencia a sus mítines, con el rostro de López Obrador y Vázquez Mota siempre sombríos por falta de iluminación, con sonido defectuoso y la inclusión de frases incompletas o intrascendentes.
Por supuesto, ese manejo informativo desigual, lesivo para los candidatos del PAN y el PRD, pudo deberse a la inmensa simpatía que suscitan el PRI y su abanderado en los señores concesionarios, pero las malas lenguas atribuyen ese trato disparejo a dinero que se manejó debajo de la mesa o a promesas de más favores para quienes manifiestan su amistad de manera tan decidida. Por supuesto, la Unidad de Fiscalización y el IFE con sus 18 mil empleados y sus consejeros no se enteraron de tanta discriminación y han hecho todo lo posible por proteger al PRI.
El caso Monex, el trasiego de tarjetas de otras empresas, los manejos poco claros de dinero contante y sonante, los acarreos de a tanto por cabeza, las dádivas a los eventuales electores y mil gastos más del PRI tampoco fueron detectados por los órganos públicos encargados de indagar las conductas de campaña de los candidatos y sus partidos. Pero no hay recato, como lo muestra la reciente votación por el caso Monex, con el voto favorable al PRI de Sergio García Ramírez, priista de toda la vida, como priistas de siempre son otros consejeros, incapaces de adoptar una actitud digna cuando el IFE se desliza hacia el basurero político, como una onerosísima maquinaria burocrática que se empeña en ser un trasto inservible.
Se pospuso la decisión del Consejo General del IFE en torno al presunto exceso de gasto de López Obrador, pero el daño ya está hecho. Lo de ahora es otra contribución al desprestigio de ese organismo que tanto nos cuesta y que pudo ser garante de la democracia, pero prefirió ser su sepulturero. Es una vergüenza.