Que no se reproduzcan los levantamientos ciudadanos de Guerrero que son una advertencia a las autoridades, plantea la CNDH

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que lo que está ocurriendo en comunidades de Guerrero, “es una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de suministrar seguridad pública y evitar que estas actitudes se reproduzcan y rebasen a las instituciones”.
El ombusdman nacional se refirió con ello al movimiento de autodefensa que se vive en los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Tixtla, en donde los ciudadanos se organizaron, se armaron y se levantaron en contra de la delincuencia organizada con retenes y detenciones de delincuentes.
Plascencia Villanueva mencionó el caso ayer al presentar su informe anual de actividades 2012 ante diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En este informe Plascencia Villanueva destacó “el impacto negativo que tuvo en el ejercicio de los derechos humanos el constante enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada”.
Dijo que otra problemática que refleja una alta percepción de inseguridad por la población y la falta de confianza en las autoridades, “son los múltiples linchamientos y las acciones de autodefensa en donde las personas deciden tomar la justicia por propia mano”.
Y fue cuando se refirió a lo que está pasando en esta entidad. Al respecto manifestó: “lo que está ocurriendo en comunidades del estado de Guerrero, es una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de suministrar seguridad pública y evitar que estas actitudes se reproduzcan y rebasen a las instituciones” y añadió que para ello “es preciso vencer la impunidad”.
El ombudsman nacional dijo que no coincide con las voces de servidores públicos que ante las complicaciones para llevar a la práctica la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, proponen cambios para eliminar el principio pro persona y limitar el alcance de su contenido.
Asimismo propuso a los legisladores una recomendación, “no oficial”, sino como sugerencia, para establecer bases que permitan la profesionalización de los servidores públicos para que estén a la altura del cumplimiento del deber encomendado.
Planteó que la CNDH se sumaría para capacitar a los funcionarios públicos a fin de que estén en condiciones de comprender la reforma y aplicarla de la manera adecuada, sin excesos u omisiones derivados del desconocimiento de su alcance e importancia.
Sugirió también encontrar las fórmulas adecuadas a fin de hacer efectivos los derechos derivados de tan trascendentes modificaciones constitucionales y desarrollarlos en las leyes secundarias, sumar los estándares internacionales y propiciar el fortalecimiento institucional en su diseño.
Durante su exposición, Plascencia Villanueva enumeró las principales acciones realizadas durante el tercer año de su gestión al frente de la CNDH. Destacó que en 2012 el organismo recibió 41 mil 662 escritos de queja y prestó 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a los quejosos.
IMSS y Sedena, los que más violan los derechos humanos

Indicó que las 10 autoridades más señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con mil 876 quejas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con mil 503, tuvo mil 12 el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad tuvo 934 y la Secretaría de Educación Pública (SEP) siguió con 852.
Le siguen la Policía Federal con 802 quejas, 742 de la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) llegó a 700; el Instituto Nacional de Migración (INM) con 482 y  la Secretaría de Marina (Semar) con 418.
El año pasado se resolvieron 4 mil 781 quejas en virtud de que la autoridad asumió la responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos y adoptó las medidas eficaces para su reparación, lo cual representa cerca del 47 por ciento del total.
Dijo que, sin embargo, en 2012 se emitieron 93 Recomendaciones a diversas instancias de los tres ámbitos de gobierno y las autoridades que no las aceptaron fueron: la Secretaría de Seguridad Pública; el Gobierno del Estado de Sonora; los Ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el Ayuntamiento de El Salto, en Jalisco.