Moisés Alcaraz Jiménez*

Retornar al diálogo

Retornar al diálogo no significa que la vía jurídica se agote para continuar con las indagatorias de los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre. Cancelar la vía institucional es negar la posibilidad de los acuerdos y consensos para resolver la compleja problemática no sólo del caso Ayotzinapa, sino también de la infinidad de asuntos sociales pendientes que en Guerrero no se resuelven por falta de dinero, no por falta de operación política.
Tenemos una administración pública históricamente saturada de demandas sociales y en un estado pobre como el nuestro no hay presupuesto que alcance para dar solución inmediata a la ancestral pobreza extrema que nos aqueja.
Todos los sectores sociales reclaman respuesta inmediata a sus peticiones, con el agravante de que cada uno de esos sectores se asumen como más prioritarios que otros para ser atendidos. Muchas de las organizaciones sociales demandantes de bienes y servicios del sector público exigen pronta solución a sus peticiones, se niegan a reconocer que la demanda social es excesiva  en una sociedad ancestralmente empobrecida y la capacidad económica gubernamental es sumamente limitada.
Ante este panorama las demandas sociales deben pasar el filtro de la urgencia y lo verdaderamente prioritario. No se puede destinar el escaso presupuesto a los sectores que más protestan y negárselo a los que por la vía institucional presentan sus demandas. Bajo ese criterio se premiaría a la ilegalidad y se castigaría a quienes solicitan servicios del estado dentro del marco del derecho.
Existe una planeación del desarrollo y una presupuestación anual que autoriza el poder legislativo al ejecutivo. Ese proceso tendrá que ser lo más transparente posible para que dentro del régimen democrático al que aspiramos consolidar se diga a cada quien lo que es posible hacer y lo que no es posible, qué se puede dar a cada quien y qué no se puede.
A esto se llamaba anteriormente planeación democrática de la sociedad, ahora se llaman políticas públicas donde la ciudadanía debe participar destacadamente para ser parte de ese proceso.
El diálogo de cualquier gobierno con los diversos sectores de la sociedad no significa solución inmediata a las demandas que se planteen, que siempre estarán sujetas a la disponibilidad de recursos.
Atención a los diversos reclamos sociales no es respuesta inmediata a todos los requerimientos y la asignación de bienes y servicios públicos a los demandantes necesariamente tienen un periodo de espera hasta en las sociedades de mayor desarrollo económico del mundo.
No hay gobierno en el planeta que atienda a la brevedad demandas de considerable cuantía o magnitud y cancelar el diálogo es cancelar las posibilidades de alcanzar entendimientos dentro del marco de la democracia.

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*El autor es director de Gobernación del gobierno de Ángel Aguirre.