Se declara la Codehum a favor del plan de Aguirre para regular a la Policía Comunitaria

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, comentó que desconoce en su totalidad la iniciativa de decreto del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que pretende legalizar a las policías comunitarias, pero que a partir de lo que el Ejecutivo le explicó, está de acuerdo en la propuesta.
El decreto que tendría que ser enviado al Congreso local para su consenso y del que el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez, anunció que se enviaría el martes pero no ocurrió así, plantea que la Policía Comunitaria sea un grupo de apoyo para las fuerzas de seguridad del Estado, pero sin la autonomía que les permita juzgar y reeducar a los delincuentes que detengan.
Entrevistado en casa Guerrero a donde acudió a la firma del convenio entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y el gobierno del estado, comentó que el miércoles por la noche se reunió en el Ayuntamiento de Ayutla con el secretario general de Gobierno y representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Comentó que en la reunión con el gobernador, en la que presentó la iniciativa de decreto, “para encauzar en el marco de la ley las funciones y acciones de la Policía Comunitaria”, les dieron a conocer el documento y Aguirre Rivero les comentó “algunos puntos que nos interesaban”, en los cuales dijo que está de acuerdo.
“Se reconoce el movimiento ciudadano, la creación de las policías comunitarias y ciudadanas pero que coadyuven con el Estado y no asuman una actitud de autoridades si no de colaboración”, en la iniciativa también se establece que cuando los policías comunitarios detengan a presuntos delincuentes de inmediato deben ponerlos a disposición, “al Estado”.
Tampoco se permitirá que se cubran los rostros durante sus recorridos y retenes, y no percibirán salario alguno porque “es colaboración ciudadana”, dijo Alarcón Hernández.
Los habitantes de los municipios y comunidades que se encargarán de realizar las funciones de seguridad pública, para la que hay presupuesto etiquetado desde la federación y el estado, sólo recibirán “apoyos materiales, armamento de acuerdo con la ley federal del uso de armas de fuego”.
Agregó que de la UPOEG le informaron que en la asamblea que se realizó hoy en el Mesón, municipio de Ayutla, sólo iban a presentar a los 56 detenidos que acusan de que son integrantes de la delincuencia organizada, pero que no sería un juicio, porque dentro de la organización no tienen una estructura que los pueda juzgar.
Según la información que hasta ese momento tenía el presidente de la Codehum sólo sería un acto protocolario de presentación para que la ciudadanía conociera a los detenidos.
Dijo que los acuerdos a los que llegaron en la reunión de Ayutla son que se respetarían los derechos humanos de los detenidos y que la UPOEG que encabeza el movimiento de autodefensa en Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande y San Marcos seguiría en comunicación y reuniéndose de manera periódica con Salgado Gómez.
Comentó que ni a él ni a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le permitieron estar en la asamblea de ayer, por eso no envío observadores.
Pero se disculpó en que, “constantemente ha estado viajando a Ayutla”, donde se le ha permitido estar en algunas reuniones y se le ha permitido intervenir, aunqe sus opiniones no han podido incidir en las decisiones.
Comentó que las sugerencias de la Codehum van en el sentido de que los detenidos sean liberados o puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “como debe ser”, dijo, a pesar de la desconfianza que la sociedad ha manifestado en las corporaciones de seguridad locales.
Reconoció que el movimiento de autodefensa ciudadanos legítimo y de la ciudadanía debido a la inseguridad, pero que esa justificación no les permite retener a las personas que “consideran que cometieron un ilícito”.