Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* Instituciones cortesanas

Por las mejores razones o por las más oscuras, con la mayor pulcritud o la más grande opacidad, sobre sustentos reales e impolutos, o débiles y llenos de lagunas jurídicas, dos de las instituciones de segunda generación democrática –el IFE y la Suprema Corte de Justicia– están seriamente heridas por sus controversiales fallos de los últimos días, que proyectan falta de equilibrio e imparcialidad, que dañan su credibilidad y sugieren un retroceso donde, además de la democracia, los perdedores incluyen a los ciudadanos y al presidente Enrique Peña Nieto.
La forma como se han comportado varios miembros de esas instituciones, con falta de liderazgo para explicar con fuerza, sin vergüenzas ni ocultamientos sus acciones y decisiones, incuban sospechas de parcialidad, y desatan temores de que en México se vive una regresión política. Ciudadanos que a través de la lucha y de financiar con impuestos su funcionamiento, pueden ver pérdidas en su autonomía, más allá si son reales o no. Al presidente Peña Nieto, cuando en sus decisiones siempre sale beneficiado, se le transfiere el costo de que las instituciones están acatando su voluntad.
La síntesis de esta idea la expresó el líder del PRD, Jesús Zambrano, quien afirmó en Proyecto 40, que los consejeros del IFE recibían “línea” de Los Pinos. La mera idea de que esto sucede altera y vulnera la construcción de acuerdos políticos en la que se embarcó el Presidente, desde el Pacto por México hasta reformas como la energética y la fiscal, y lastima la larga lucha democrática ciudadana.
El caso del IFE es el que más polémica suscita. Desde la semana pasada irritaron a las fuerzas políticas y a un abanico de medios de comunicación, cuando los consejeros exoneraron al PRI de financiamientos ilegales en la campaña presidencial a través de Monex. La polémica continuó esta semana al actuar, según el PRD y el PAN, en forma discrecional en la multa por violar los topes de campaña, en beneficio de Peña Nieto.
El tema será discutido en los próximos días, pero un caso ejemplifica la molestia: el cierre de campaña del priista en el estadio Azteca. Zambrano dijo que tuvo un costo de 500 mil pesos. El consejero Marco Baños explicó que conforme a la ley, el monto se prorratea si en el acto participaron otros candidatos, como sucedió ese día donde Peña Nieto fue acompañado por  candidatos a diputados, locales y federales y senadores. Lo que no dijo Baños es que esos 500 mil pesos fue el total del costo, lo que significaría, por ejemplo, que por cada uno de los 400 camiones en los que movilizaron a miles de asistentes, se hubiera pagado mil 250 pesos, al menos 20% más barato que el precio comercial más bajo, y que el gasto de Peña Nieto no hubiera rebasado los 25 mil pesos.
El IFE, que tendrá que revisar y explicar estas inconsistencias, no está más dañado que la Suprema Corte de Justicia, que votó por liberar a Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, con un voto definitorio de  Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro propuesto por el PRI y respaldado por otros dos ministros cercanos también al PRI y una al gobierno francés. Esta semana, en forma unánime votaron contra el amparo del SME, con lo cual ahorran un pago multimillonario de salarios caídos al gobierno de Peña Nieto, tras cambiar un criterio de la misma Corte hace 90 días que la disputa era legal, no constitucional, y liberado al Presidente de cualquier responsabilidad.
La falta de liderazgo ha contribuido al descrédito al no haber sido capaces de aclarar que  sus decisiones, que beneficiaron al PRI y el presidente Peña Nieto, no fueron sesgadas. Sus argumentos, si bien ciertos, no son convincentes porque pasaron por alto decisiones legales y más justas para todos –como en el caso Cassez que no se repuso el juicio que reconocería a las víctimas y quizás también la liberaría–, o el de los topes de campaña, donde están en un embrollo por sus medias verdades. Hasta ahora, esas incapacidades les han costado a ellos y al propio Presidente. Con la información disponible hasta este momento no se puede argumentar que hubo injerencia presidencial o del PRI en esos fallos. Pero lo que sí se puede argumentar políticamente, es que al caer estas decisiones todas del lado del PRI y Peña Nieto, su comportamiento puede catalogarse, al menos, de cortesano con el poder.