CRAC: se debe consultar a los pueblos antes de enviar el decreto de policías comunitarias

Daniel Velázquez

El representante legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández, dijo que el decreto con que el gobernador Ángel Aguirre Rivero pretende regular a la Policía Comunitaria debe consultarse con los pueblos, porque si no, no habrá correspondencia entre lo que se legisle y la realidad.
El domingo, el gobierno del estado anunció la promulgación de un decreto para regular las policías comunitarias, el cual tendría que enviarse al Congreso local para su aprobación, y busca que las organizaciones civiles se reconozcan como coadyuvantes del Estado en materia de seguridad pública.
En declaraciones por teléfono, Pablo Guzmán consideró que la “aprobación acelerada” de un reglamento no solucionará el problema que provoca la proliferación de grupos de ciudadanos en autodefensa, como ha ocurrido en los últimos siete meses, principalmente en las regiones de La Montaña y la Costa Chica, porque esas iniciativas deben recoger el sentir y las necesidades de la gente.
Guzmán Hernández opinó que el decreto anunciado por el gobierno del estado para regular a la Policía Comunitaria “tendría que haberse consultado a las comunidades, a los pueblos” porque ese uno de los principales problemas en este tipo de situaciones, que no hay una correspondencia entre lo que se legisla y lo que son las necesidades reales de la población.
Reconoció que al gobierno del estado le “urge” darle cierta normatividad a lo que está ocurriendo con los movimientos de autodefensa pero advirtió que si el decreto “se da de manera acelerada y sin la participación de los ciudadanos va a ser un reglamento muy limitado”.
“Se sigue negando la participación de la gente, tienen que buscarse mecanismos para que haya consulta, para que haya información previa, libre y se generen los mecanismos para que estas iniciativas realmente recojan el sentir y puedan resolver las necesidades de la gente”, consideró.
Sobre el tribunal popular organizado en la comunidad de El Mesón para juzgar a las 56 personas que detuvieron los ciudadanos constituidos en movimientos de autodefensa que encabeza la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en los municipios de Ayutla, Tecoanapa y San Marcos, Pablo Guzmán dijo que la CRAC no ha abordado ese tema en sus asambleas, pero que considera que esos levantamientos de los ciudadanos es para buscar salidas ante el problema de la inseguridad.
Ejemplificó la desconfianza de los pueblos en las institucones con la liberación de la francesa Florence Cassez, quien estuvo presa siete años acusada de secuestro, eso dijo “pone en entredicho todo el sistema de justicia en México” y la movilización de los ciudadanos es un llamado a todos los órdenes de gobierno para que reconsideren cómo funciona el sistema de justicia y si fuese necesario tendría que reconstruirse el sistema de justicia.
“No debe minimizarse ni condenarse lo que está ocurriendo en aquellos lugares (Ayutla y Tecoanapa) sino que es evidente que ante la infuncionalidad de los sistemas gubernamentales la población por legítimo derecho tiene que buscar cauces, tiene buscar salidas y eso amerita que todos los actores tienen que ponerse en sintonía para que en esta propuesta de reforma integral a la Constitución del estado se dé respuesta a las necesidades de la población”, dijo.
A pregunta expresa sobre si el incremento de los movimientos de autodefensa es una muestra de ingobernabilidad en el estado, Guzmán Hernández consideró que no, pero “no estaría lejano el tiempo de que esto realmente se manifestara así, si no se toma en cuenta lo que está ocurriendo hoy y se toman medidas urgentes para reconsiderar todo en materia de seguridad, justicia, política social, es un llamado a que todos en Guerrero tengamos que replantear cómo se está gobernando y tomar en cuenta de manera decidida la participación ciudadana”.
Advirtió que los movimiento de autodefensa muestran que hay desconfianza y un divorcio de los ciudadanos con el sistema de seguridad y justicia, y si las autoridades no atienden esta situación “sí podríamos avizorar un escenario de auténtica ingobernabilidad”.