Integrantes de la Comisión de la Verdad respaldan la autodefensa de los pueblos

Daniel Velázquez

Los integrantes de la Comisión de la Verdad coincidieron que los movimientos de autodefensa surgidos en diversos municipios del estado son una muestra de que los ciudadanos quieren seguridad, lo que no han podido darles las autoridades formales.

En declaraciones por separado durante la presentación del libro Mario Arturo Acosta Chaparro, verdugo de Acapulco, instrumento de la dictadura perfecta y del PAN, de la periodista Manú Dornbierer, José Enrique González Ruiz, Nicomedes Fuentes García, Hilda Navarrete Gorjón y Pilar Noriega Cantú coincidieron también en que el gobierno del estado debe buscar los mecanismos para que los ejercicios ciudadanos de autodefensa se integren a la formalidad, pero en respeto a sus formas de organización.

El presidente de la Comisión de la Verdad, José Enrique González Ruiz, opinó que es “correcta” la actuación de los movimientos de autodefensa, “porque están recuperando para sí mismos lo que no les han proporcionado las instancias oficiales”.

Reflexionó que Guerrero “ha sido azotado por un fenómeno de violencia que no obstante la presencia del Ejército, la Marina y las policías, sigue desbordada y sigue causando mucho daño a la sociedad”.

Agregó que lo que sigue es que el sistema jurídico busque un “acomodo” a las expresiones de los movimientos de autodefensa, “permitiendo que operen con las reglas tradicionales de los pueblos de modo que podamos resolver el problema de fondo que es la violencia desatada del crimen organizado”.

González Ruiz dijo que lo que observó en la asamblea del jueves es que los ciudadanos están determinados a correr el riesgo porque se mueven entre dos aguas.

“Están entre la delincuencia organizada que los agreda y trata de acabarlos, y por otro que un sector del estado considere que están violando la ley y están haciendo cosas indebidas, entonces ellos están entre dos riesgos muy grandes, muy graves”, dijo.

Señaló que habrá de esperar el decreto que propone el gobierno del estado para regular las policías ciudadanas, y “veré con ojos críticos lo que dice el gobierno y veré con mucha simpatía lo que propongan los pueblos”.

Agregó que lo que sucede en el estado es interesante, porque “el pueblo está inventando formas para defenderse, y esas formas deben retomarse con sensibilidad y darles espacio en las estructuras formales del poder”, porque el objetivo es terminar con el problema de la inseguridad.

Consideró que lo ideal sería que entre lo que propone el gobierno y lo que proponen los pueblos se creen acuerdos y que no sean mecanismos para reprimir.

De la Comisión para Paz y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dijo que habrá de esperar a conocer cuál es su trabajo y del enviado del gobierno federal, Jaime Martínez Veloz.

Nicomedes Fuentes García opinó que “es justo y legal” que los ciudadanos se organicen “ante tanta impunidad, ante tanta violencia y ante la falta de una instancia que les garantice su seguridad tienen que tomar la seguridad en sus manos”.

Consideró que los movimientos de autodefensa de los ciudadanos son legales porque “la soberanía del país radica en el pueblo”.

“Esto que está ocurriendo tiene que ver con el hartazgo de la sociedad, no puede ser que haya tanto atentado en contra de la seguridad y la vida y los bienes de la gente, entonces cuando el pueblo toma esas decisiones, mis respetos”, expresó.

Fuentes García descartó que el hecho de que los ciudadanos asuman el control de la seguridad derive en riesgos para la gobernabilidad en esos municipios.

Planteó que el gobierno debe ser sensible ante los movimientos de autodefensa de los ciudadanos y consideró “correcto” que el gobierno del estado busque crear los instrumentos legales para darle certeza a los procesos de movilización popular, pues “eso implica que sí están atendiendo, sí es en serio, si se trata solamente de comentarios al vapor entonces no va a funcionar y la seguridad va a radicar entre la gente”.

De la Comisión para la Paz que anunció el gobernador Ángel Aguirre Rivero, Nicomedes Fuentes dijo que habría que esperar el desarrollo de la misma para evaluar su desempeño.

Hilda Navarrete Gorjón opinó que los movimientos de autodefensa dejan en claro que la organización de los pueblos es porque “el Estado no está siendo garante de la seguridad”, y ante este movimiento corresponde a las autoridades formales devolver al pueblo la confianza de que habrá justicia y no impunidad. “Eso nos permitirá recuperar el Estado de derecho”, expresó.

Agregó que la desconfianza de los ciudadanos es producto de que hay páginas que no se han cerrado en el estado, como el caso de Mario Arturo Acosta Chaparro, y por eso permanece la desconfianza en los sistemas de justicia, “y está buscando justicia por propia mano, muy delicada para el Estado de derecho”.

Consideró que los movimientos de autodefensa son la oportunidad de brindarse un nuevo pacto social que permita a los ciudadanos confiar en las autoridades, pero el Estado debe responder con cero a la impunidad y la no repetición de hechos como la Guerra Sucia.

Opinó que el decreto para regular la policía ciudadana y la creación de la comisión para los pueblos indígenas son esfuerzos muy buenos para que se haga justicia y prevalezca el Estado de derecho.

Pilar Noriega opinó que los movimientos de autodefensa son una  muestra de cómo las autoridades formales han perdido el control para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y los pueblos y las comunidades buscan la forma de protegerse.

Agregó que las policías comunitarias son un buen ejercicio de organización social de la propia sociedad, que necesita protegerse a sí misma.

Consideró que puede haber el riesgo de que “en lugar de ser una autodefensa colectiva sean simplemente estos actos que se dan por desesperación colectiva de masas, en que no es que se reaccione muy razonadamente sino que cuando hay unos actos de linchamiento de personas que ni siquiera sean llevadas ante las autoridades, eso efectivamente es peligroso”.

Del decreto y la comisión propuestos por el gobierno del estado dijo que ambas acciones van encaminadas al reconocimiento, pero los pueblos deben proponer la normatividad porque ésta surge de la práctica, por tal razón deben considerarse las experiencias de los ejercicios comunitarios.