Amaga el líder de la no reconocida sección 65 por el SUSPEG con tomar el Palacio Municipal

Yee Trujillo

El secretario general de la sección 65 –no reconocida por el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG)–, Jorge Luis Ortiz Ochoa, anunció que si el martes no reciben una respuesta favorable del gobierno municipal, la próxima semana comenzarán las movilizaciones para exigir el reconocimiento de la sección sindical y contra de los despidos injustificados de unos 25 trabajadores de diferentes áreas, y amagó con tomar el Palacio Municipal como hicieron en la Dirección de Conservación y Mantenimiento.
Por su parte, el representante legal de la sección 65, Ramón Almonte Borja, informó que el martes presentarán una demanda contra el Ayuntamiento por actuar fuera de la ley, tomas decisiones antijurídicas y fraudulentas, y aseguró que aunque no han encontrado una respuesta política, continuarán actuando en estricto apego a la ley para lograr el reconocimiento por la vía jurídica.
El 21 de enero en un boletín de prensa, la secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho Díaz, informó que el 29 de noviembre el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Rogelio Jiménez Uriostegui, notificó que luego de un expediente laboral promovido por el secretario general del SUSPEG, David Guzmán Sagredo, se les canceló la toma de nota que les habían sido otorgada.
Ayer, en un festejo organizado por el Día de la Candelaria, ante unos 50 integrantes de la sección 65, Ortiz Ochoa reiteró que no han sido reconocidos por “capricho”, que la cancelación de la toma de nota es errónea porque ésta se refiere a la sección 64 y no a la 65 y criticó que esto pareciera sólo “un juego” en contubernio con el comité central ejecutivo del SUSPEG, quien “tiene la economía para poder pagar todas las mañosadas del Tribunal”.
Recalcó que nada les puede quitar la toma de nota, que continuará trabajando en la defensa de sus derechos laborales y no “doblará las manos”, porque Camacho Díaz pretende despedir a unos 400 trabajadores supernumerarios y desaparecer completamente la lista de raya, sin importar que existan más de 800 demandas laborales en proceso y más de 200 juicios ganados por ex trabajadores.
En este sentido, Ortiz Ochoa aseguró que las autoridades del Ayuntamiento dicen que está en quiebra porque buscan el amparo del gobierno federal para utilizar el quebranto financiero como pretexto para despedir a los trabajadores de todas las categorías, sin respetar sus derechos y “sin darles un solo centavo”, como si fuera un empresa privada.
Llamó a sus representados a tomar decisiones “más drásticas, porque el Ayuntamiento no se va a tentar el corazón” y pidió que no acepten las “dádivas” que está dando por retiro voluntario, porque en la Dirección de Recursos Humanos solamente entregan dos o tres meses de salario de liquidación, como el caso de un trabajador supernumerario con 18 años de antigüedad a quien sólo le ofrecieron 7 mil 200 pesos, violando todos sus derechos laborales, y demandó que actúen en contra de todos los aviadores que el secretario de Finanzas, Antonio Sayago Ríos, afirmó que existen.
Ante esta situación, dijo que si el martes no reciben una respuesta favorable por parte del gobierno municipal, comenzarán a convocarlos para manifestarse la próxima semana y cerrar el Ayuntamiento de la misma manera que en las oficinas de la Dirección de Conservación y Mantenimiento, en donde permanecieron en huelga día y noche durante más de dos meses y medio por el despido de 13 trabajadores. “Ahí vamos a estar el tiempo que se tenga que estar, ahí vamos a vivir”, exclamó.
“Efectivamente, nosotros en la semana que entra estaremos, ya sea cerrando el Ayuntamiento, estaremos cerrando calles o no sé, pero ya hay un acuerdo por parte de los trabajadores en la que nos tenemos que empezar a manifestar si no hay el arreglo y los acuerdos con el presidente municipal”, agregó en entrevista, y reprochó que el único plan que tiene el Ayuntamiento para el rescate financiero es adelgazar la nómina.
También en entrevista en el lugar, Almonte Borja dijo que continuarán aplicando medidas jurídicas para que el Ayuntamiento los reconozca y cumpla con sus obligaciones para retener cuotas sindicales y entregarlas al comité directivo, y que además el martes presentarán una demanda de amparo en contra del Cabildo, el presidente municipal, Luis Walton Aburto, en el juzgado de distrito en turno por tomar decisiones “antijurídicas, totalmente fuera de la ley y fraudulentas”.
“Invito a los abogados del Ayuntamiento y a los abogados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para el efecto de que revisen, nulificaron la sección 64, ellos son la sección 65, pero además que revisen la jurisprudencia, las tomas de notas expedidas por un Tribunal o por una Junta de Conciliación y Arbitraje no se nulifican a través de un nuevo juicio, se nulifican a través de la vía del amparo porque ni la Junta ni los Tribunales pueden revocar sus propias determinaciones”, afirmó, y destacó que es improcedente la sindicación única por lo que los sindicatos deben ser aprobados conforme lo soliciten los trabajadores.
Almonte Borja criticó que se ha vuelto un vicio que en cada gobierno se despidan trabajadores que ganan mil 200 pesos a la quincena y se contratan nuevos con salarios de hasta 40 mil pesos quincenales; “pareciera que las contrataciones de los trabajadores son por el mismo período que duran las autoridades municipales, estatales o federales y al contrario, la propia ley dice que el cambio de autoridades en nada altera la relación de trabajo”, reprochó.
Durante la reunión, se presentó un oficio que les entregó Almonte Borja de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se indica que la nulidad de un juicio concluido es improcedente en materia laboral, que el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo establece la inmutabilidad de los laudos pronunciados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y que es inadmisible e improcedente que alguna de las partes pretenda anular el juicio concluido en el cual participó.
Esta sección sindical se compone por unos 426 trabajadores, de los cuales unos 30 son sindicalizados que obtuvieron sus basificaciones en las otras cuatro secciones reconocidas por el SUSPEG, unos 180 supernumerarios, y es la única dirigencia que defiende unos 210 empleados de lista de raya, y desde hace unos dos años ha buscado el reconocimiento de las autoridades.
Al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal también se le preguntó sobre el avance en el juicio político que el Congreso del estado lleva en su contra, ya que ayer venció el término para que presentara las pruebas para acreditar su inocencia, pero no quiso hablar del tema.
“Bueno, de ese asunto, este, no concedo entrevistas porque ahí no soy el abogado, ahí soy el interesado”, concluyó Almonte Borja secamente.