Triplicó el gobierno de Calderón el espionaje legal a líneas telefónicas

Abel Barajas  /  Agencia Reforma

Ciudad de México

Entre el primero y último año de la administración pasada, el gobierno federal triplicó el número de líneas telefónicas espiadas legalmente para investigar y combatir a las organizaciones criminales.
Cifras oficiales revelan que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) intervino durante el sexenio pasado un total de 3 mil 101 líneas telefónicas, previa autorización de los jueces especializados en medidas cautelares.
Sin embargo, mientras que en 2007 las autoridades judiciales giraron 20 órdenes para intervenir las comunicaciones privadas de 379 líneas, en los primeros 10 meses de 2012 se reportaron 175 autorizaciones para espiar legalmente mil 279 teléfonos.
Los juzgadores tienen promedios muy altos en la concesión de esta medida cautelar, casi comparable con los arraigos, pues en el periodo mencionado recibieron 476 solicitudes; autorizaron 443 y negaron 33, es decir fueron concedidas en el 93 por ciento de los casos.
Lo anterior se traduce en la solicitud para intervenir 3 mil 581 números telefónicos, que autorizaron sólo 3 mil 101 casos y negaron 480 intervenciones, por lo que la efectividad de la SEIDO con los jueces en el rubro de líneas telefónicas es de 86.5 por ciento.
Si se observa la evolución estadística de esta medida cautelar, se advierte que sólo en 2008 y 2009, entre la salida de Noé Ramírez Mandujano y la llegada de Marisela Morales a la SEIDO, decreció el número de líneas telefónicas intervenidas, pues en esos años sólo fueron 17 y 61, respectivamente.
Sin embargo, a partir del 2010 las líneas telefónicas intervenidas fueron 528, al año siguiente 837 y en los primeros 10 meses del 2012 se autorizó la vigilancia de mil 279 líneas.
Samuel González Ruiz, ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, antecesora de la SEIDO, así como Omar Fayad, miembro de la Comisión de Justicia del Senado, criticaron que el uso del espionaje legal no se traduzca en expedientes judiciales sólidos.
“Lo que me sorprende no es que haya tantas, sino qué ineficientes son. ¿Cuándo has visto que realmente por un teléfono intervenido se haya hecho un elemento de investigación real? El problema es su baja eficiencia ¿dónde están los resultados?”, cuestionó González.
Fayad dijo estar de acuerdo con el uso de esta medida cautelar, sin importar si se trata de sus teléfonos los que deban estar intervenidos, siempre y cuando la PGR consiga el propósito de detener a los responsables de un delito y detenga la ola de violencia y criminalidad.
“Si el número sube este año, mejor, porque quiere decir que están trabajando, y si el resultado son gente consignada, procesadas y sentenciadas, bien justificado. Pero en el pasado lo que ocurrió fue que intervenían los teléfonos pero no daban resultados ¿de qué nos sirvió que los intervinieran? El tema de esta medida es la eficiencia”, dijo el senador.
“¿Para qué tanto abuso de la intervención telefónica si finalmente no resolvieron el problema? Mientras den resultados estoy muy de acuerdo en la intervención y ojalá suba el número de intervenciones telefónicas, pero a los delincuentes, y no que anden metidos en asuntos políticos, de sábanas y ese tipo de cosas”.

Concedieron jueces 9 de cada 10 solicitudes de arraigo

Los jueces federales que durante el sexenio pasado resolvieron las solicitudes de medidas cautelares, concedieron casi todo lo que pidió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
De acuerdo con cifras oficiales, de diciembre de 2006 a octubre de 2012 el Poder Judicial de la Federación otorgó el 95.2 por ciento de las solicitudes de arraigo tramitadas por la SEIDO; el 91.3 por ciento de las de cateos y el 96 por ciento en el caso de intervenciones de comunicaciones privadas.
Es decir, los órganos de impartición de justicia consideraron que había justificación legal en el 93 por ciento de las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público Federal. Las negativas fueron una excepción que confirmaron la regla.
El alto porcentaje de fallos favorables a la PGR divide opiniones.
Para el ex fiscal Samuel González las cifras dejan en claro que los juzgadores no están haciendo su trabajo de contener los abusos del Ministerio Público Federal.
“Los jueces de medidas cautelares dicen que basta con que lo solicite el MP y eso no es verdad, se requiere llevar un control verdadero de parte de los jueces, ellos no están haciendo su chamba, eso es el problema”, expresó.
Omar Fayad, de la Comisión de Justicia del Senado, opina que los juzgadores no son copartícipes del abuso que incurrió la PGR en la administración anterior, en el uso de figuras como el arraigo, pues la responsabilidad original es de la autoridad ministerial.
“Eso no es culpa de los jueces, en todo caso fue culpa del MP en la mayor de las ocasiones, porque el que los solicita es el MP, no el juez, el juez lo autoriza y creo que lo autoriza para coadyuvar en la investigación con el MP”, dijo el senador.
En enero de 2009, el Consejo de la Judicatura Federal creó 7 Juzgados Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, para resolver todas las solicitudes de medidas cautelares que se tramitaran a nivel nacional.
Antes, en 2007 y 2008, las órdenes se tramitaban en juzgados de distrito, como se venía haciendo desde 1996, cuando entró en vigor la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Las cifras a las que se tuvo acceso indican que en toda la administración pasada, la SEIDO pidió 2 mil 337 órdenes de arraigo contra 8 mil 109 personas, pero le fueron concedidos 2 mil 227 mandatos contra 7 mil 739 individuos.
Además se tramitaron mil 421 solicitudes de cateo, pero se concedieron mil 298, lo que en término de acciones policiacas significó ingresar legalmente a 3 mil 82 inmuebles, de un total de 3 mil 463 requeridos.