Tlachinollan

Embate gubernamental contra los derechos de los pueblos

Lo que verdaderamente distingue las luchas de los pueblos indígenas de las demás luchas sociales es el hecho de reivindicar una precedencia histórica y una autonomía cultural que desafían todo el edificio jurídico y político del Estado colonial. Los pueblos indígenas de Guerrero luchan por sus territorios ancestrales y por la reivindicación de sus derechos y su sistema de justicia, porque son  los pobladores primigenios. Son anteriores al Esta-do colonial y al Estado moderno neoliberal. Son titulares de esos derechos independientemente de que una camarilla de legisladores decida reconocer o no sus derechos en la Constitución. La injusticia histórica de excluir y no reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, no es considerada por la clase gobernante co-mo una humillación y una afrenta a la dignidad de más de 11 millones de indígenas mexicanos. En México y en Guerrero es muy normal que los gobernantes y los empresarios pisoteen sus derechos, que los traten como vasallos y que siempre sean objeto de burlas, desprecios y tratos discriminatorios. Con gran cinismo les imputan su atraso, su precariedad económica, su ignorancia y su salvajismo. La magnanimidad del poder llega hasta ellos en la medida que obedecen ciegamente las leyes im-puestas por los que tienen el poder y el dinero. Les permiten ejercer algunos de sus derechos dentro de sus comunidades, siempre y cuando no interfieran en las esferas del poder mestizo, ni pongan en entredicho la legalidad injusta.
El despotismo de las autoridades no tolera la pluralidad jurídica ni está dispuesta a reconocer plenamente los derechos de los pueblos.  En sus mentes choca la idea de ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, capaces de regirse con su propia normatividad y de poner en jaque al mismo sistema imperante. Históricamente a los pueblos nunca les han dado la razón, por el contrario, siempre ha habido intentos de exterminarlos, de someterlos y de arrinconarlos para ignorarlos e invisibilizarlos. ¡Hay de aquellos pueblos que se atreven a rebelarse y a transigir el orden imperante!, porque su destino estará marcado por la persecución, la represión y la muerte.
Por algo las luchas indígenas tienen una gran fuerza transformadora, catalogadas por la clase dominante como radicales, por emerger desde las raíces del pueblo y por defender los derechos de las mayorías empobrecidas. Más allá de los cálculos políticos y de los intereses económicos los pueblos irrumpen en la escena pública cuando atentan contra su patrimonio, su vida y su seguridad. No tienen otro recurso que ejercer la acción directa, porque saben que las leyes y las instituciones no están hechas para defender a los indígenas. Su decisión es colectiva y está soportada en acuerdos comunitarios, después de deliberaciones y consultas en las asambleas. La determinación que toman está precedida de agravios, engaños, afectaciones graves a sus derechos, indiferencia de las autoridades, ineficacia de los recursos jurídicos interpuestos, complicidades de los guardianes del orden con el crimen organizado. Actúan con decisión y contundencia, con el fin de parar a las fuerzas del mal e imponer el orden desde sus propios códigos comunitarios. Lo hacen  interpelando al poder despótico y caciquil, desenmascarando sus tropelías, evidenciando su connivencia con los grupos delincuenciales y demostrando su incapacidad y falta de compromiso para proteger y defender los derechos de la población más desprotegida.
Cuando el sistema de seguridad y justicia del Estado es puesto en entredicho por los pueblos indígenas y campesinos, debido a la corrupción e inoperancia, la tendencia del gobierno es solapar a quienes delinquen con licencia de funcionarios públicos, los protege a ultranza porque se corre el riesgo de que con ellos se descubra la hebra de la red de complicidades que se urden dentro de los aparatos de seguridad y de justicia y que se empalman con los intereses de la delincuencia organizada. El instinto de todo gobernante es proteger al sistema que es su fuente de riqueza. Sacraliza el orden jurídico como si fuera de orden divino, para impedir que se trastoquen los intereses de clase que de manera subyacente oculta. Sataniza y coloca fuera de la legalidad a quienes se organizan y reivindican un sistema de seguridad y justicia alternativo y legítimo, que además de ser parte consubstancial a la vida de los pueblos está reconocido por las normas nacionales e internacionales.
Ante la embestida de la delincuencia organizada contra la población indígena, el gobierno no le dejó otra salida que tomar en sus manos el cuidado de su vida y su seguridad. Recurrió a la autodefensa armada teniendo como fundamento legal sus propios sistemas normativos, que son los que guían a los pueblos y les dan plenas garantías para vivir en paz y con respeto. Es claro que el sistema jurídico que no toma en cuenta a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ante estas situaciones donde es inminente el riesgo de perder la vida, de sufrir alguna agresión física y de ser víctima de extorsiones y secuestros, quedan totalmente inermes. Ninguna autoridad está interesada en velar por los derechos de la gente que sobrevive de su trabajo en el campo o en las cabeceras municipales empantanadas por la corrupción.
La decisión que tomaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa el 6 de enero hubiese pasado inadvertida si no fuera porque han tomado en serio su papel como sujetos colectivos que asumen con responsabilidad el derecho que tienen de garantizarse seguridad y justicia desde sus propios sistemas normativos. Conformaron sus grupos de autodefensa que son parte de la estructura comunitaria, que históricamente funcionan como la policía del pueblo o la comisión. Parte de sus funciones es detener a las personas que cometen faltas administrativas o delitos. Las comunidades cuentan con sus propias cárceles para castigar a las personas que delinquen y son las autoridades comunitarias (comisarios, comisariados y principales) los que aplican justicia. Su sistema de justicia, funciona desde antes de la conquista y se mantiene vigente hasta nuestros días. Es una lucha secular de los pueblos por hacerse respetar y para exigir que su derecho sea reconocido al igual que sus autoridades, porque son parte del Estado y dentro de este sistema político que garantiza la pluralidad, es un imperativo respetar el sistema de justicia y seguridad comunitarias.
Los gobiernos federal y estatal deben entender que la lucha por los derechos de los pueblos es parte medular de un proyecto político alternativo, que tiene una vocación descolonizadora y anticapitalista. Es una lucha emancipadora que finalmente busca romper con los vínculos eurocéntricos de este sistema colonizador que ha condicionado los procesos autonómicos de los pueblos. En esta visión eurocentrica  el derecho se concibe como monolítico y monocultural, producto del capitalismo dependiente, del colonialismo interno, del racismo, el autoritarismo, el centralismo burocrático y del canon cultural occidental. Sobre esta base colonialista y racista se han diseñado políticas económicas, educativas, culturales, lingüísticas, asistencialistas, de seguridad, territoriales fundadas en la exclusión, represión o invisibilización de las maneras de vivir de los pueblos indígenas.
Romper con todos estos vínculos es una tarea titánica que se han echado sobre sus espaldas los pueblos indígenas y que requiere muchos años de trabajo y de organización. En contrapartida los gobiernos apátridas siempre serán el principal obstáculo y la gran amenaza que impedirán que los pueblos ejerzan a plenitud su sistema de justicia y seguridad. No es casual que el gobierno federal, con la experiencia que adquirió con el levantamiento zapatista, ahora esté proponiendo una comisión para el diálogo con los pueblos indígenas de México,  supuestamente para saldar la deuda social con estas poblaciones olvidadas. Ha hecho a un lado al movimiento zapatista y ahora se dispone a recuperar las clientelas que perdieron en los dos sexenios anteriores. Su plan es reforzar las políticas asistencialistas, que son las que generan resultados a corto plazo, sacando de la agenda de la federación el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos, (por los que dieron la pelea los indígenas zapatistas) y que las cúpulas políticas se encargaron de vetarlos en su versión original, para que no pusieran en riesgo todo el paquete de reformas  neoliberales.
Ante el levantamiento de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa, el go-bierno federal ha emplazado al del estado para que contenga la expansión de estas acciones comunitarias que interpelan a los sistemas de seguridad y de justicia estatales que son inoperantes y complacientes con el crimen organizado. Para ello, tanto la directora general de la Cdi como el comisionado para el diálogo vinieron a Guerrero para apoyar al Ejecutivo y diseñar una propuesta que les permita  tomar el control de la situación y de esta forma domesticar el movimiento de los pueblos por la autodefensa, creando la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, abocada a proporcionar recursos económicos para desactivar el malestar, reorientar la lucha de los pueblos para garantizarse seguridad y justicia desde sus propios sistemas normativos e imponer el monopolio de la fuerza.
Lo que buscan las autoridades del estado es avasallar  a las comunidades que se han organizado para darle forma al tribunal popular que juzgará a los 54 detenidos, acusados en su mayoría por delincuencia organizada. La intención es persuadirlos para que den marcha atrás a la decisión tomada en la asamblea de El Mesón municipio de Ayutla de los libres. Se trata de sentar a los líderes de la UPOEG y la CRAC al lado de autoridades federales y estatales para que firmen un acuerdo donde se comprometan a trabajar en sentido contrario a la voluntad de los pueblos.
Esta postura unilateral que ignora totalmente los derechos de los pueblos y criminaliza su sistema de justicia es una amenaza que se cierne sobre las comunidades indígenas de Guerrero, que a pulso han logrado grandes batallas, ejerciendo de hecho y de derecho sus sistemas normativos. Este lunes se sabrá qué tanto los representantes de la UPOEG y la CRAC estarán a la  altura de la combatividad de los pueblos indígenas para poner por encima de todo la defensa de sus derechos; de lo contrario verenos hasta dónde se prestarán para ser los instrumentos que se encarguen de socavar estas conquistas y de traicionar los sueños de justicia de quienes sin tener nada han dado todo por todos y todas.