Jaime Castrejón Diez

La justicia

En 1991 se detectó un caso en el estado de Hidalgo, de un campesino que era muy pobre y no hablaba español. El padre de este hombre murió y no tenía con qué enterrarlo. Tomó el burro de su vecino y se fue a la montaña a enterrarlo, a su regreso fue a devolver el burro, pero fue detenido por abigeato. No entendía lo que le decían y fue encarcelado. No tenía dinero para abogado y duró ocho años en la cárcel, sin ser juzgado ni sentenciado. La razón era que no tenía defensa legal y no entendía de qué se trataba. Llamó la atención cuando se estudiaban casos para el indulto presidencial, era clara la violación a sus derechos y fue indultado por el presidente de la República.
Esto viene a cuento porque el caso de Florence Cassez vino a mostrar que el manejo de influencias y dinero para abogados, hace toda la diferencia. El contraste de los dos casos es muy claro: uno no tenía recursos, no entendía de qué se trataba y no había el mecanismo para que él tuviera oportunidad de encontrar su libertad. Esto es muy importante, porque en estos momentos el gran escándalo que se ha hecho con la liberación de Cassez, que es repudiada por el 87 por ciento de los mexicanos, viene a mostrar una de las debilidades de nuestro sistema de justicia.
En el caso de Florence Cassez, el presidente francés Nicolás Sarkozy promovió la libertad y presionó al presidente Calderón, al grado que se suspendió un evento cultural de arte mexicano en París y las relaciones se tornaron frías. Al llegar Peña Nieto, el presidente ahora Francois Holland se dice que sacó a relucir el caso de Florence Cassez y en cierta forma las relaciones entre México y Francia, aún las culturales, se condicionaron a este notorio caso. Esto se vuelve más difícil de entender cuando se dice que el presidente Peña Nieto comió con los ministros de la Corte en dos ocasiones, y el veredicto finalmente complació a los franceses, tanto así que alguien le pagó un boleto de primera clase a París y fue recibida como una heroína, inclusive llegando hasta el Palacio de la Elysée.
Estos dos casos deben contrastarse, pues muestran dos aspectos totalmente diferentes: uno la pobreza, el no poder hablar español, no tener quien promoviera su caso y un aparato de justicia deficiente. Por más que se quiera ocultar, uno ve cuántos casos se han perdido por declaraciones de testigos protegidos comprados o por fallas al integrar bien los expedientes y muchas veces esto se dice se hace a propósito, para recibir ciertas recompensas por dejar los expedientes incompletos o tan deficientes, que el veredicto final por un juez sería el de liberar, sean culpables o no a quienes han sido aprehendidos.
En el caso del michoacanazo y de los generales se ha hablado mucho del papel de los testigos protegidos, se dice inclusive que no sólo se les protege, sino hasta se les paga, se habla de una cantidad alta de 50 mil pesos mensuales y sus testimonios se utilizan como instrumento político para acusar a alguien, aun cuando nunca se han presentado a ratificar sus declaraciones, en los casos en que han sido involucrados.
Si se quiere tener un país civilizado y avanzado, debe haber también un aparato de justicia confiable, porque la corrupción en el aparato de justicia no necesita demostrarse, se ve a cada rato; esto que acaba de suceder es solamente la confirmación de que el aparato de justicia de México trata diferente a quienes tienen posibilidades de pagar abogados, inclusive sobornar autoridades o mover influencias para que se obtengan fallos favorables. Cuántos casos internacionales se han perdido por no tener bien integrados los expedientes. Una de dos: o hay una gran corrupción o una gran ineptitud.