Jesús Mendoza Zaragoza

Un sistema de seguridad y
de justicia para la paz

Para hoy está prevista la instalación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que pretende ser un espacio que facilite el diálogo entre el gobierno y los pueblos levantados en armas para defenderse de la violencia generada por el crimen organizado. La emergencia social expresada en el movimiento de autodefensa ha dado lugar a una emergencia política, que el gobierno estatal quiere afrontar con la creación de esta comisión integrada por representantes de diversos sectores.
Presumo que el gobierno está pensando en la crisis ocasionada por el hecho de que los pueblos han retenido a los detenidos, que tienen en sus manos con el fin de someterlos a juicio popular. Este asunto está generando un conflicto entre las partes, cuando ambas invocan a la legalidad desde diferentes perspectivas. Por una parte, ya hay averiguaciones previas abiertas contra dirigentes de los pueblos y, por otra parte, los pueblos se niegan a entregar a los detenidos a las autoridades formales.
Esta crisis es la punta del iceberg de gobiernos que tienen en el abandono sistemático a los pueblos indígenas, que han tenido que recurrir a sus métodos propios para defenderse y protegerse. Entre el gobierno y los pueblos hay un desfase crónico que no se ha atendido. Es más, sobre los pueblos siguen pesando iniciativas gubernamentales mal vistas por ellos, como son los proyectos mineros. Los pueblos indígenas no perciben que el gobierno esté de su parte, y ahora prescinden de él para darse seguridad y hacerse justicia, según sus usos y costumbres. Cuando hablo del gobierno me refiero a todas las instituciones públicas que coinciden en algo: la postergación de los pueblos originarios.
La susodicha comisión tiene la tarea de generar el diálogo entre el gobierno estatal y las comunidades, para desatar el nudo de los detenidos a partir de la puesta en marcha de la autodefensa. Es importante que se abra este espacio de diálogo en el que, con el respeto necesario, se anteponga el Estado de derecho y se haga justicia a los pueblos. Nada justificaría una ruptura y es seguro que los pueblos implicados en la autodefensa no la quieren. Por ello, la comisión tendría la gran tarea de generar y mantener el diálogo para el bien de todos.
Ahora, si la comisión atiende sólo este momento de crisis, sería una verdadera pena. Quiero pensar que se está pensando en una comisión que trascienda el momento y se proyecte hacia el futuro. Esto significa que es necesario ir al fondo del asunto y no quedarse en estas manifestaciones que han hecho crisis. Hay que atender no sólo la emergencia sino también las soluciones de fondo. Esto es decisivo. Si el diálogo que se genere no va a las causas de los levantamientos armados, sería una oportunidad perdida. Y si queremos tocar el fondo de este asunto, hay que hablar de justicia, de desarrollo y democracia.
Hay que tocar el modelo de desarrollo que se ha estado imponiendo a los pueblos originarios, que los sigue sumiendo en el desamparo y en la vulnerabilidad crónica. Hay que hablar de los proyectos mineros que se quieren imponer en territorios de La Montaña y Costa Chica sin tomar en cuenta a los pueblos, que son los propietarios de las tierras. Hay que hablar del abandono del campo y de la migración forzada por la pobreza extrema, entre otras cosas.
Hay que dialogar sobre el tema de la democracia, indispensable para el desarrollo y para la justicia. Los pueblos indígenas han sido cooptados por las instituciones políticas que los han utilizado siempre para intereses extraños a ellos. Los partidos políticos no hacen más que manejarlos a su arbitrio, los usan y los desechan. Sus prácticas culturales en cuanto a organización social no son reconocidas en nuestro sistema político. En este sentido, ellos no tienen una representatividad real en las instituciones del Estado y por eso, no responden a sus necesidades. Por ello, hay que hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a ser consultados y a tomar parte en las decisiones sobre proyectos que los afectan, como es el caso de los proyectos mineros.
Pero donde se ha desatado la crisis de este momento ha sido en los temas de la seguridad y de la justicia. Los sistemas de seguridad y de justicia oficiales no están funcionando y, por el contrario, han sido factores de la violencia misma. La impunidad, tan omnipresente, lo demuestra ampliamente. Y de parte del gobierno no ha habido un reconocimiento sincero de que estos sistemas están inservibles. Que nos digan cuántos de los miles de asesinatos habidos en los últimos años han sido resueltos y que los culpables están siendo castigados. Se necesita mucha honestidad en este punto.
Y los pueblos indígenas tienen muy clara esta disfuncionalidad oficial. Por eso se han levantado en armas. Aquí está un punto neurálgico que hay que tratar. Necesitamos sistemas de seguridad y de justicia que establezcan condiciones para vivir en paz, porque los que prevalecen ahora no lo hacen. Dialogar sobre este tema hará mucho bien, pues la sabiduría de los pueblos aporta luces al respecto. Ciertamente, los usos y costumbres de los pueblos indígenas no son la panacea ni son todos respetuosos de los derechos humanos, pero tienen muchos elementos valiosos como el control social sobre las autoridades, el sentido comunitario y de responsabilidad social, la necesidad de reeducación de los delincuentes, y otros más.
¿Acaso no podríamos contar con un sistema de seguridad confiable, semejante al de la Policía Comunitaria? Pensemos en la posibilidad de los policías de barrio, vinculados con la gente, por ejemplo. O pensemos en la necesidad de cambios profundos al actual sistema penitenciario, que representa más una amenaza social que una opción para regenerar a los delincuentes.
No sólo hay que atender la crisis de hoy entre los pueblos y el gobierno. Hay que atender la transformación profunda de las instituciones de seguridad y de justicia, y hay que atender los sistemas en cuanto tales, que ni dan seguridad ni hacen justicia. Bien le haría al gobierno reconocer llanamente estas realidades. Y bien les haría a los pueblos alzados en armas, ponderar las consecuencias y los riesgos que representa la desvinculación con las autoridades en estos temas. Las organizaciones criminales tienen mucho poder, dinero y astucia como para cooptar o infiltrarse si no hay el suficiente cuidado. Así lo han hecho con muchas instituciones públicas. No lo vayan a hacer entre los pueblos.
En fin, lo que necesitamos es una transformación social que tenga condiciones para la convivencia pacífica en los pueblos y entre los ciudadanos. Necesita-mos atender la crisis de este momento, pero también urge hacer cambios en las instituciones y en las estructuras, para que podamos contar con condiciones suficientes de paz.
Esta crisis puede ser una oportunidad para iniciar caminos de reconciliación entre el gobierno y la sociedad. Esta reconciliación significa que la sociedad tenga el control de sus gobiernos, como sucede en muchas comunidades indígenas, donde los pueblos toman decisiones democráticas y cuentan con una impresionante cohesión social. Allí, las autoridades gozan de prestigio y son honradas por la gente.
Hay que aspirar no sólo a la seguridad pública. Hay que aspirar a la paz entendida como un conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que generan una sana convivencia social. Si hay hambre y sed de justicia, también hay hambre y sed de democracia y de desarrollo solidario. Y para ello, hay que dialogar para conseguir un sistema de seguridad y de justicia más acorde con la dignidad humana y con la paz que deseamos.